Más de una vez hemos tenido que acudir a la administración para tramitar y resolver cuestiones de toda índole, y seguro que más de una vez se han encontrado con la lentitud, la desgana y el vuelva usted mañana.
Ciertamente es desesperante comprobar como el servicio en favor del ciudadano se convierte en un verdadero calvario para el mismo. La función pública debería ser una verdadera vocación a la cual accedan las personas con un sentido excepcional de lo ético junto con una excelente formación profesional. Lamentablemente la caricatura que algunos de eses funcionarios y responsables de secciones o servicios hacen de su mediocridad profesional y ética personal constituye una verdadera ofensa a todos aquellos que nos vemos obligados a realizar un tramite habitual, pero también representa una verdadera calumnia a todos aquellos compañeros que de verdad sienten su trabajo como un verdadero sentido de servicio.
La administración no puede ocultar, ni desconocer, que es ella la que genera la situación de inseguridad al no dictar la resolución expresa en un procedimiento administrativo. Lo mismo que tampoco debería olvidar que dicha omisión lleva consigo un frontal incumplimiento del mandato contenido en el Art. 42.1 de la Ley De Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por lo tanto es intolerable que quien genera mediante una conducta claramente ilegal y contraria al ordenamiento una situación de inseguridad jurídica pueda esgrimir esa inseguridad a su favor, pretendiendo obtener de ella ventajas frente a quienes sufren los efectos de la inseguridad creada.
Es por ello que, para acabar con todos estos atropellos, sería deseable que se eliminara la figura del silencio administrativo negativo, figura que por otra parte lo configura como una mera ficción y no como un acto presunto y de igual modo se estableciera la punidad y sanción para todos aquellos funcionarios responsables de dictar resolución expresa y no lo hacen. Ya esta bien que siempre paguemos las consecuencias los mismos, mientras el verdadero o verdaderos responsables sigan haciendo lo que les venga en gana. Yo no me resigno a esta circunstancia.
La administración no puede ocultar, ni desconocer, que es ella la que genera la situación de inseguridad al no dictar la resolución expresa en un procedimiento administrativo. Lo mismo que tampoco debería olvidar que dicha omisión lleva consigo un frontal incumplimiento del mandato contenido en el Art. 42.1 de la Ley De Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por lo tanto es intolerable que quien genera mediante una conducta claramente ilegal y contraria al ordenamiento una situación de inseguridad jurídica pueda esgrimir esa inseguridad a su favor, pretendiendo obtener de ella ventajas frente a quienes sufren los efectos de la inseguridad creada.
Es por ello que, para acabar con todos estos atropellos, sería deseable que se eliminara la figura del silencio administrativo negativo, figura que por otra parte lo configura como una mera ficción y no como un acto presunto y de igual modo se estableciera la punidad y sanción para todos aquellos funcionarios responsables de dictar resolución expresa y no lo hacen. Ya esta bien que siempre paguemos las consecuencias los mismos, mientras el verdadero o verdaderos responsables sigan haciendo lo que les venga en gana. Yo no me resigno a esta circunstancia.
