Lo primero sería definir qué es la economía sumergida.
Nos referimos a aquel tipo de economía o de actividad humana con carácter lucrativo que no está controlada o declarada al Estado. A partir de aquí podríamos ver o poner donde está el límite, pero el sentido común, la costumbre o la propia ley se lo ponen a ellos. La segunda cuestión sería responder a la pregunta cómo es que ocurre en una democracia. La respuesta sería por la grave falta de compromiso social de la ciudadanía y la falta de visión del daño que se le hace al cuerpo social o sociedad si no se tributa por una actividad oculta. La tercera cuestión es responder dónde sucede, y en general podemos decir en diferentes sectores de la actividad, si bien al subir los impuestos y las cotizaciones sociales cada día es posible que existan más defraudadores. La cuarta cuestión es cuándo ocurre. Ocurre en el día a día, o se trabaja de noche, o los fines de semana que hay menos inspecciones o para evitar el control.
Por último nos planteamos qué hacer para evitarlo. Liberar a los funcionarios que ahora al reducirse la actividad autonómica tienen menos presión de trabajo y destinarlos como ayudantes de la inspección y de los cuerpos de gestión laboral, así como de las propias oficinas de empleo. Por ejemplo en cada provincia, nombrar agentes de información de inspección, entre 300 o 600 agentes provinciales que recorran campos, ciudades, pueblos, puertos, residencias, hoteles, oficinas... En todos estos lugares y muchos más hay economía sumergida. Y a su vez coordinar de manera electrónica y en tiempo real dichos datos e información con los distintos tipos de inspectores haciendo una comisión interdepartamental para acabar con el fraude.
Para concluir, la competencia de control laboral autonómica en materia de empleo y otras diversas, debe de luchar de una vez por todas con mayor intensidad contra el empleo sumergido y contra el fraude, y que las prestaciones y sus controles sean a cualquier hora. En cuanto a los posibles empresarios no declarados, en vez de multar tanto habría que incentivarles para que declarasen tales actividades, de tal manera que la economía sumergida no fuese una lacra, sino una clara excepción. Sólo así a este país llamado España podrán cuadrarle las cuentas y reducir en parte su déficit si todos arrimamos el hombro.
Por último nos planteamos qué hacer para evitarlo. Liberar a los funcionarios que ahora al reducirse la actividad autonómica tienen menos presión de trabajo y destinarlos como ayudantes de la inspección y de los cuerpos de gestión laboral, así como de las propias oficinas de empleo. Por ejemplo en cada provincia, nombrar agentes de información de inspección, entre 300 o 600 agentes provinciales que recorran campos, ciudades, pueblos, puertos, residencias, hoteles, oficinas... En todos estos lugares y muchos más hay economía sumergida. Y a su vez coordinar de manera electrónica y en tiempo real dichos datos e información con los distintos tipos de inspectores haciendo una comisión interdepartamental para acabar con el fraude.
Para concluir, la competencia de control laboral autonómica en materia de empleo y otras diversas, debe de luchar de una vez por todas con mayor intensidad contra el empleo sumergido y contra el fraude, y que las prestaciones y sus controles sean a cualquier hora. En cuanto a los posibles empresarios no declarados, en vez de multar tanto habría que incentivarles para que declarasen tales actividades, de tal manera que la economía sumergida no fuese una lacra, sino una clara excepción. Sólo así a este país llamado España podrán cuadrarle las cuentas y reducir en parte su déficit si todos arrimamos el hombro.
