La Xunta de Galicia va a primar en el reparto de subvenciones a los ayuntamientos que opten por la gestión compartida, tanto como agrupaciones, asociaciones, macomunidades o similares como a las fusiones. Y esto es una gran noticia en sí misma, porque es ir hacia el camino del progreso y, aunque pudiera empezarse por esas fórmulas de cooperación, con el tiempo se debería acabar irremediablemente en las fusiones, como han hecho desde mediados del siglo XX nuestros socios europeos.
Pero sobre este plan de vicepresidencia planean algunas sombras: Un handicap importante es que no se establece un sistema de agrupación/fusión obligatorio sino voluntario, con lo que no se van a conseguir los objetivos pretendidos. Ya Francia utilizó un mecanismo parecido de incentivos y no resultó, todo lo contrario que hicieron el resto de países europeos, que redujeron el 75 % de sus entidades locales de forma obligatoria, porque es la única manera de hacerlo ordenadamente. Pero quizás la sombra más importante es la tramitación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, ya que de salir tal y como está ahora mismo su redacción supone descartar cualquier fórmula de cooperación o agrupación, así como da un carpetazo prácticamente definitivo a cualquier iniciativa de fusión, toda vez que establece un sistema de tutelaje de las diputaciones, incluso de absorción de competencias, sobre todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por razones estrictamente económicas, que son nada menos que el 95 % de los consistorios españoles y casi el 78 % de los gallegos.
Ante este panorama, lo que debería hacerse desde la Xunta de Galicia es proponer la devolución de ese anteproyecto de reforma de la administración local toda vez que ese tutelaje provincial va a introducir un elemento absolutamente distorsionador en el funcionamiento de los ayuntamientos, así como impedirá cualquier elaboración de una nueva planta municipal. Y, aprovechando, debería solicitar también que por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la hora de establecer el catálogo de las competencias municipales, no mire 30 años para atrás, como ha hecho en este anteproyecto, sino que tenga en cuenta la España de hoy en día.
Ante este panorama, lo que debería hacerse desde la Xunta de Galicia es proponer la devolución de ese anteproyecto de reforma de la administración local toda vez que ese tutelaje provincial va a introducir un elemento absolutamente distorsionador en el funcionamiento de los ayuntamientos, así como impedirá cualquier elaboración de una nueva planta municipal. Y, aprovechando, debería solicitar también que por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la hora de establecer el catálogo de las competencias municipales, no mire 30 años para atrás, como ha hecho en este anteproyecto, sino que tenga en cuenta la España de hoy en día.
