La oposición criticó la decisión del PP que, en aras de la austeridad, cede la defensa a la Diputación
El grupo de gobierno "popular" de Celanova aprobó ayer en pleno prescindir de los servicios del letrado José Arcos, que representaba al Concello en el pleito por la bajada de sueldos. En el año 2013, la oposición que entonces ostentaba la mayoría de la corporación, acordó rebajar el sueldo del alcalde y la supresión de dos dedicaciones parciales. Una decisión que el equipo de gobierno acató, pero paralelamente el regidor Luis Ferro, Máximo Losada, Pilar Regueiro y Manuel Domínguez (que dejó la política) derivaron a la vía judicial al considerar que la oposición había cometido "a sabiendas" una ilegalidad en la tramitación.
En ese punto, BNG, PSOE y la edil no adscrita escogieron a José Arcos (abogado vinculado a numerosos casos relacionados con el PSOE) como letrado para defender la postura del Concello, favorable a mantener la rebaja de sueldo del alcalde, que ganó en primera instancia. Con el tema recurrido en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el PP ostentando la mayoría de la corporación tras las últimas elecciones municipales, el gobierno local ha acordado ahora pasar la defensa del Concello a los servicios jurídicos de la Diputación en aras de la "austeridade", según apuntó el teniente de alcalde Julio Mosquera, que presidió ayer temporalmente la sesión tras el abandono de Ferro, Losada y Regueiro, por ser parte implicada.
Críticas y acusaciones
En una dura intervención donde se esgrimió la sentencia, el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez, acusó al PP de "hipocresía política e caciquil" y aseguró que la medida "é un intento de debilitamento da defensa do Concello" que, dijo, "foi impecable e exitosa" por parte de Arcos. Una intervención refrendada en su totalidad por el PSOE, y que acabó con la salida de los tres ediles del BNG.
El pleno ya comenzó tenso con la designación de los ediles Julio Mosquera y Ana Fernández como representantes locales en el Consello de membros da Rede de Dinamización Lingüística. Tanto PSOE como BNG opinaron que no eran las personas más idóneas, añadiendo al debate las "actitudes galegófobas" que, según los nacionalistas, tiene el grupo de gobierno.
La aprobación de los estatutos de la Mancomunidad Terra de Celanova, también enfrentó a gobierno y oposición. El PSOE reprochó al Concello la descentralización de los servicios y el BNG arremetió contra la política "de enchufismo" del ente mancomunado que, según el PP, presta servicios que no serían asumibles en solitario.
