Mientras los astilleros de la Ría no pueden contratar nuevos barcos de gran tamaño debido a la suspensión del 'tax lease' (sistema de financiación que usan y que está siendo investigado por la Unión Europea) otros países de la UE se están viendo beneficiados por esta paralización en Vigo.
Es el caso de Holanda, Noruega, Francia o Alemania. Están consiguiendo contratos que podían haberse adjudicado nuestros astilleros, explica Enrique Mallón, portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), en declaraciones a este diario.
Los astilleros vigueses necesitan volver a contratar porque así sólo estamos perdiendo competitividad. Hay mucha preocupación por la pérdida de peso del naval vigués y por el gran avance de países de larga tradición como China o los emergentes como Brasil, apunta.
Los empresarios piden una declaración expresa, contudente y clara por parte del gabinete de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia que abrió el expediente. Creemos que la investigación puede alargarse, pero es necesario que la suspensión del 'tax lease' se levante para poder volver a contratar barcos. Se puede hacer, aplicando alternativas, modificando la Ley de Impuesto de Sociedades, explica Mallón.
silencio del gobierno
Ésta es precisamente una de las propuestas que la Xunta presentó al Gobierno central para que la incluyera dentro de las alegaciones que envió a Bruselas. La respuesta de los ministerios de Economía e Industria a la UE no llegó a manos ni del sector ni de la Xunta, que lamentan la actitud del Ejecutivo central en las negociaciones. No hay transparencia. Nos sorprende que no haya habido más información por parte de España, señala el portavoz de Asime.
Los sindicatos también critican la deslealtad del Gobierno con este sector. No lo acabamos de entender. Sabemos que están trabajando porque lo dicen ellos en las comparecencias públicas y nos tenemos fiar, pero no tenemos ningún papel que lo diga, explica Manuel García, responsable del metal en UGT-Galicia.
Sindicatos y empresarios urgen una respuesta este mes. Dicen que será demasiado tarde si se retrasa más porque la situación de algunas empresas es insostenible y podría suponer más desapariciones, apunta Mallón.
Y es que el 26 de septiembre está previsto que se disuelvan las Cámaras y a partir de entonces el Gobierno quedaría en funciones por lo que su capacidad política quedaría reducida a cero.
Es el caso de Barreras, el mayor astillero privado de España, que no tiene nada de carga de trabajo, con toda su plantilla (130 personas) afectada por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y en concurso de acreedores con una deuda de 62 millones. De él dependen unas 200 empresas y 2.000 puestos de trabajo indirectos.
Vulcano también está en concurso de acreedores y el próximo mes entregará su último barco; Factoría Naval de Marín no tiene nada de trabajo y a toda su plantilla con un ERE; Polyships apenas tiene actividad y despidió a 70 personas; Metalships, Freire, Armón y Cardama tienen carga, pero sólo hasta 2012 y los tres primeros están pendientes del 'tax lease'. Y MCíes, desapareció.
Los astilleros vigueses necesitan volver a contratar porque así sólo estamos perdiendo competitividad. Hay mucha preocupación por la pérdida de peso del naval vigués y por el gran avance de países de larga tradición como China o los emergentes como Brasil, apunta.
Los empresarios piden una declaración expresa, contudente y clara por parte del gabinete de Joaquín Almunia, comisario europeo de Competencia que abrió el expediente. Creemos que la investigación puede alargarse, pero es necesario que la suspensión del 'tax lease' se levante para poder volver a contratar barcos. Se puede hacer, aplicando alternativas, modificando la Ley de Impuesto de Sociedades, explica Mallón.
silencio del gobierno
Ésta es precisamente una de las propuestas que la Xunta presentó al Gobierno central para que la incluyera dentro de las alegaciones que envió a Bruselas. La respuesta de los ministerios de Economía e Industria a la UE no llegó a manos ni del sector ni de la Xunta, que lamentan la actitud del Ejecutivo central en las negociaciones. No hay transparencia. Nos sorprende que no haya habido más información por parte de España, señala el portavoz de Asime.
Los sindicatos también critican la deslealtad del Gobierno con este sector. No lo acabamos de entender. Sabemos que están trabajando porque lo dicen ellos en las comparecencias públicas y nos tenemos fiar, pero no tenemos ningún papel que lo diga, explica Manuel García, responsable del metal en UGT-Galicia.
Sindicatos y empresarios urgen una respuesta este mes. Dicen que será demasiado tarde si se retrasa más porque la situación de algunas empresas es insostenible y podría suponer más desapariciones, apunta Mallón.
Y es que el 26 de septiembre está previsto que se disuelvan las Cámaras y a partir de entonces el Gobierno quedaría en funciones por lo que su capacidad política quedaría reducida a cero.
Es el caso de Barreras, el mayor astillero privado de España, que no tiene nada de carga de trabajo, con toda su plantilla (130 personas) afectada por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y en concurso de acreedores con una deuda de 62 millones. De él dependen unas 200 empresas y 2.000 puestos de trabajo indirectos.
Vulcano también está en concurso de acreedores y el próximo mes entregará su último barco; Factoría Naval de Marín no tiene nada de trabajo y a toda su plantilla con un ERE; Polyships apenas tiene actividad y despidió a 70 personas; Metalships, Freire, Armón y Cardama tienen carga, pero sólo hasta 2012 y los tres primeros están pendientes del 'tax lease'. Y MCíes, desapareció.
