La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa formulada contra acreedores de Banesto cometido cuando era presidente de dicha entidad en 1994. La sentencia estima parcialmente el recurso de casación presentados por la partes y rebaja en tres meses la condena de cárcel impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona al ex presidente de Banesto al concluir que no existió estafa procesal.
El Supremo condena también con la misma pena al ejecutivo de Banesto Miguel Angel Calama y al letrado Rafael Jiménez de Parga. Todos ellos deberán pagar una multa de 400 euros frente a la de 100.000 euros impuesta por la sentencia anterior.
El fallo concluye que todos ellos incurrieron en un delito de 'acusación falsa' y les condena a 'tres meses de prisión con suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección públicos o privados vinculados con entidades bancarias crediticias o financieras durante el tiempo de la condena'.
Respecto a Sáenz, el Supremo estima sólo una de las siete alegaciones presentadas en el recurso, referente una estafa procesal tipificada en el artículo 74 del Código Penal. Así, la sentencia rechaza que existiera un 'plan preconcebido' entre los acusados para presentar la querella falsa contra sus deudores.
El Supremo considera que el entonces presidente de Banesto 'conocía' la querella presentada por el banco contra los accionistas de Harry Walker Pedro Olabarría, los hermanos Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González, por el impago de una deuda al banco de más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
El fallo concluye que todos ellos incurrieron en un delito de 'acusación falsa' y les condena a 'tres meses de prisión con suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección públicos o privados vinculados con entidades bancarias crediticias o financieras durante el tiempo de la condena'.
Respecto a Sáenz, el Supremo estima sólo una de las siete alegaciones presentadas en el recurso, referente una estafa procesal tipificada en el artículo 74 del Código Penal. Así, la sentencia rechaza que existiera un 'plan preconcebido' entre los acusados para presentar la querella falsa contra sus deudores.
El Supremo considera que el entonces presidente de Banesto 'conocía' la querella presentada por el banco contra los accionistas de Harry Walker Pedro Olabarría, los hermanos Fernando y José Ignacio Romero García y Modesto González, por el impago de una deuda al banco de más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
