La oficina del Defensor del Pueblo realizó un informe sobre las participaciones preferentes, en el que cuestiona que los sistemas arbitrales de las entidades financieras nacionalizadas utilicen una consultora privada externa para seleccionar a los clientes perjudicados con derecho a arbitraje. La institución que encabeza Soledad Becerril recuerda que en Novagalicia se designó una consultora externa que decide en qué casos se han colocado las preferentes de forma inadecuada, sistema que también se siguió en CatalunyaBanc y previsto para Bankia.
Sin embargo, el Defensor cuestiona que una entidad privada como la consultora externa, que tiene un coste, decida quién tiene derecho a la vía arbitral cuando se trata de entidades que ahora están controladas por el Estado. 'No se conoce el procedimiento seguido para la adjudicación de este trabajo a la mencionada consultora', indica, al tiempo que alerta sobre la inseguridad jurídica que causa esta decisión sobre un trato distinto para situaciones que en origen son iguales, a pesar de que se publicaron los criterios de selección de las personas.
En el caso específico de Bankia, indica que entre la entidad financiera y la consultora (KPMG) existe una relación previa que 'genera desconfianza en los afectados'.
En el caso específico de Bankia, indica que entre la entidad financiera y la consultora (KPMG) existe una relación previa que 'genera desconfianza en los afectados'.
