La economía sumergida en el empleo de Galicia se sitúa en torno a los 4.700 millones de euros, lo que supone un 8,8% del PIB generado anualmente en la comunidad, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido. A nivel nacional la cifra ronda los 82.500 millones de euros, lo que supone un 8% del producto interior bruto.
En este sentido, el colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Galicia -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría recaudar cada año más de 670 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la comunidad, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional.
Por provincias, A Coruña (2.272 millones de euros anuales) y Pontevedra (1.445 millones de euros) son las que ocultan un mayor empleo irregular en Galicia, por delante de Lugo (494 millones) y Ourense (489 millones).
Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones- proceden del fraude fiscal, un componente 'que no debe dejarse a un lado en el próximo plan del Gobierno'.
En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional.
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.
Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe.
Por provincias, A Coruña (2.272 millones de euros anuales) y Pontevedra (1.445 millones de euros) son las que ocultan un mayor empleo irregular en Galicia, por delante de Lugo (494 millones) y Ourense (489 millones).
Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones- proceden del fraude fiscal, un componente 'que no debe dejarse a un lado en el próximo plan del Gobierno'.
En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 milllones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional.
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan más ambicioso y de amplio calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.
Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe.
