Compensará a los titulares del terreno y destinará parte del ingreso a comunidades y ayuntamientos
El Gobierno lanzó ayer un plan de incentivos económicos dirigido a comunidades autónomas, ayuntamientos e incluso propietarios de terrenos con el que pretende vencer la resistencia al desarrollo de prospecciones petrolíferas en España, incluidas las que utilizan la técnica "fracking". Esta combinación de "medidas tributarias y no tributarias" -en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría- tiene el objetivo de redistribuir los beneficios derivados de la explotación de hidrocarburos, de manera que sean perceptibles a nivel local.
Por una parte, se establece un impuesto a la explotación de hidrocarburos y se eleva el canon por uso del territorio, al tiempo que se determina que parte de estos ingresos fiscales se destinen a los ayuntamientos o comunidades autónomas en las que se realicen las prospecciones, si es en tierra, o la más cercana, si es en agua. Por otra, se fija una compensación para los titulares del terreno en que se realicen las prospecciones que equivaldrá al 1% del valor de producción anual de hidrocarburos.
La razón esencial que justifica este cambio normativo es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración ha levantado.
apoyo decidido
En especial, con estas medidas, el Gobierno pretende impulsar el desarrollo de yacimientos que solo serían explotables mediante las polémicas técnicas de fracturación hidráulica o "fracking", más agresivas que las tradicionales, para los que ya hay un buen número de solicitudes, especialmente en la cornisa Cantábrica.
El decidido apoyo del Gobierno a la búsqueda de hidrocarburos en España -el ministro de Industria insiste una y otra vez en la necesidad de reducir la dependencia casi total que el país tiene del crudo y el gas extranjero- ha chocado con la oposición de parte de la ciudadanía y, en ocasiones, también de las comunidades autónomas.
Los gobiernos de Cantabria y Navarra han llegado a prohibir esta técnica en sus territorios -algo recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constituciona-, mientras que Cataluña ha endurecido los requisitos.
Además de las prohibiciones propiamente dichas, las comunidades autónomas han utilizado a menudo la burocracia para retrasar y desincentivar el desarrollo de los proyectos, según denuncian las petroleras. Frente a esto, el Gobierno ha apostado por promover el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos ofreciendo a sus detractores parte de los beneficios económicos.
En el caso de los propietarios de suelos susceptibles de contar con recursos petrolíferos, hasta ahora su única opción es aceptar la expropiación de sus terrenos y recibir un pago por ello, ya que el subsuelo pertenece legalmente al Estado.
Esta situación es radicalmente diferente en países como los Estados Unidos, donde el dueño del terreno lo es también del subsuelo y, por tanto, de los recursos que puedan encontrarse en él, lo que le da el control de su explotación.
La reforma planteada por el Gobierno no supone dar al propietario el control sobre el subsuelo, que sigue siendo del Estado, aunque sí le ofrece parte de los beneficios. Paralelamente, el establecimiento de un impuesto a estos yacimientos que vaya destinado a las arcas de comunidades autónomas y ayuntamientos supone ofrecer una contraprestación por soportar en su territorio una actividad que, en principio, rechazan.
Las comunidades autónomas podrán obtener estos recursos incluso si los sondeos no son en tierra, sino en aguas próximas a su territorios, lo que, en principio, podría suponer que Canarias obtenga parte de los impuestos abonados por Repsol la compañía si finalmente encuentra petróleo cerca del archipiélago.
