El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que el informe que una empresa presente alegando pérdidas previstas transitorias para justificar un expediente de regulación de empleo (ERE) deberá ser elaborado por una instancia 'independiente' para asegurarse de que no existe manipulación en las cuentas y evitar que este procedimiento sea 'un coladero de despidos colectivos'.
En una entrevista con Europa Press, el titular de Trabajo indicó que 'no es fácil determinar el concepto de pérdidas previstas', pero añadió que el Gobierno ha establecido unos criterios 'exigentes', empezando por que el informe que justifique la solicitud del ERE 'tiene que ser independiente', esto es, elaborado por un tercero ajeno a la empresa. Además, Gómez señaló que, finalmente, la aprobación o no del ERE 'es una decisión que toma la autoridad laboral, se cuente o no con el acuerdo de los trabajadores'.
Goméz despejó así dudas sobre el reglamento de los ERE aprobado en el último el Consejo de Ministros, según el cual las empresas que aleguen 'pérdidas previstas transitorias' cuando vayan a presentar uno de estos expedientes podrán finalmente acogerse al despido objetivo por causas económicas, que contempla una indemnización de 20 días por año trabajado.
SÓLO PÉRDIDAS 'MUY INTENSAS'.
Por otro lado, Gómez resaltó que una vez se disponga de este informe, sólo podrán ser causa de despido aquellas pérdidas previstas de carácter transitorio que sean 'muy intensas', lo suficiente 'como para acabar con la empresa'. En su opinión, este enfoque es 'razonable y sensato'.
'Puede haber pérdidas tan importantes, aunque sean transitorias, que exijan algún tipo de ajuste', señaló, para añadir que, en cualquier caso, el Gobierno 'sigue pensando que si las pérdidas son transitorias la decisión más deseable es acudir al ERE de reducción de jornada'.
A la luz de estos argumentos, el ministro de Trabajo argumentó que este nuevo reglamento 'no es una concesión' a la CEOE y confió en que 'se vaya creando una nueva jurisprudencia alrededor del nuevo esquema conformado por la reforma laboral', de forma que los empresarios 'sabrán el tipo de situación que están valorando los jueces y el tipo de pruebas que exigen' para aprobar expedientes de extinción cuando se aleguen pérdidas previstas.
Sobre el descuelgue salarial, Gómez apuntó que la reforma 'concreta más' las condiciones que deben darse para poder aplicarlo, ya que en la redacción inicial figuraba que sólo bastaba con que la situación de la empresa o sus perspectivas pudieran verse 'dañadas', algo que el Gobierno consideraba 'difuso'. 'Ahora se concreta que un daño es una disminución persistente en los ingresos de una compañía', precisó el ministro de Trabajo, antes de hacer hincapié en que 'no se trata de dar más facilidad para el descuelgue'.
CAMBIOS 'A HURTADILLAS'
El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, criticó por su parte los cambios introducidos 'a última hora y de hurtadillas' en el decreto de reforma de la negociación colectiva, 'que suponen una vuelta de tuerca contra los derechos de los trabajadores'. El responsable sindical declaró que con esta forma de actuar, el Gobierno demuestra 'improvisación e insolvencia', lo que 'contribuirá a acentuar aun más el conflicto social' en España. Lezcano cree que el Gobierno, con estas decisiones, 'está haciendo gala de su incapacidad' para seguir gobernando.
El Real Decreto-Ley de reforma de la negociación colectiva que se aprobó ayer por el Gobierno sitúa el periodo máximo de la renegociación de los convenios tras el fin de su vigencia antes de acudir al arbitraje en una horquilla de entre 8 y 14 meses.
Goméz despejó así dudas sobre el reglamento de los ERE aprobado en el último el Consejo de Ministros, según el cual las empresas que aleguen 'pérdidas previstas transitorias' cuando vayan a presentar uno de estos expedientes podrán finalmente acogerse al despido objetivo por causas económicas, que contempla una indemnización de 20 días por año trabajado.
SÓLO PÉRDIDAS 'MUY INTENSAS'.
Por otro lado, Gómez resaltó que una vez se disponga de este informe, sólo podrán ser causa de despido aquellas pérdidas previstas de carácter transitorio que sean 'muy intensas', lo suficiente 'como para acabar con la empresa'. En su opinión, este enfoque es 'razonable y sensato'.
'Puede haber pérdidas tan importantes, aunque sean transitorias, que exijan algún tipo de ajuste', señaló, para añadir que, en cualquier caso, el Gobierno 'sigue pensando que si las pérdidas son transitorias la decisión más deseable es acudir al ERE de reducción de jornada'.
A la luz de estos argumentos, el ministro de Trabajo argumentó que este nuevo reglamento 'no es una concesión' a la CEOE y confió en que 'se vaya creando una nueva jurisprudencia alrededor del nuevo esquema conformado por la reforma laboral', de forma que los empresarios 'sabrán el tipo de situación que están valorando los jueces y el tipo de pruebas que exigen' para aprobar expedientes de extinción cuando se aleguen pérdidas previstas.
Sobre el descuelgue salarial, Gómez apuntó que la reforma 'concreta más' las condiciones que deben darse para poder aplicarlo, ya que en la redacción inicial figuraba que sólo bastaba con que la situación de la empresa o sus perspectivas pudieran verse 'dañadas', algo que el Gobierno consideraba 'difuso'. 'Ahora se concreta que un daño es una disminución persistente en los ingresos de una compañía', precisó el ministro de Trabajo, antes de hacer hincapié en que 'no se trata de dar más facilidad para el descuelgue'.
CAMBIOS 'A HURTADILLAS'
El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, criticó por su parte los cambios introducidos 'a última hora y de hurtadillas' en el decreto de reforma de la negociación colectiva, 'que suponen una vuelta de tuerca contra los derechos de los trabajadores'. El responsable sindical declaró que con esta forma de actuar, el Gobierno demuestra 'improvisación e insolvencia', lo que 'contribuirá a acentuar aun más el conflicto social' en España. Lezcano cree que el Gobierno, con estas decisiones, 'está haciendo gala de su incapacidad' para seguir gobernando.
El Real Decreto-Ley de reforma de la negociación colectiva que se aprobó ayer por el Gobierno sitúa el periodo máximo de la renegociación de los convenios tras el fin de su vigencia antes de acudir al arbitraje en una horquilla de entre 8 y 14 meses.
