El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció ayer, en declaraciones a los medios en el Pleno del Congreso, que el recibo de la luz subirá a partir del 1 de abril para cumplir con los recientes autos del Tribunal Supremo. Estos autos revierten las dos últimas congelaciones trimestrales del recibo y obligan a refacturar la factura de luz a cerca de 29 millones de consumidores desde octubre del año pasado para recoger los costes reales de la actividad eléctrica y, con ello, evitar que se genere déficit de tarifa.
Soria aseguró que aún no conoce la 'horquilla ni los porcentajes' en los que debería subir el recibo de la luz en su primera revisión trimestral de este año. En todo caso, el ministro aseguró que 'se equivoca radicalmente' quien piense que el cumplimiento de los dictámentes del Supremo recaerá 'en la espalda de los consumidores', ya que el Gobierno está preparando varias medidas para recortar los costes del sistema eléctrico y, con ello, suavizar las subidas.
Tras los autos del Supremo en los que se da la razón a las eléctricas que denunciaron al Gobierno por no subir su tramo del recibo de la luz, el Ministerio deberá 'incrementar el precio del recibo de la luz'. 'Lo previsible es que desde el 1 de abril haya un incremento de la tarifa', afirmó Soria.
REDUCCIÓN DE COSTES
Eso sí, aseguró que 'no todo va a ser a cuenta del consumidor' ya que la Secretaría de Estado de Energía 'reducirá los costes', sobre todo los conocidos como peajes, más allá de limitarse a aumentar ingresos. Sin embargo, no precisó qué porcentaje de subida se aplicará a cada posibilidad.
'El incremento de las tarifas actúa sobre uno de los componentes, que es de los ingresos, pero hay otro componente importante, que son los costes, y tenemos que reducir la otra parte, la de los costes', aseguró el ministro, antes de aludir a las medidas que prepara el Gobierno en este sentido.
Los 'objetivos' en los que trabaja el Ejecutivo son 'cumplir los autos del Supremo' y, 'en segundo lugar, no hacer recaer el cumplimiento ese auto en su totalidad sobre los consumidores', señaló soria.
BONO SOCIAL
Por otra parte, ayer también se conocía otra sentencia del Supremo que declara 'inaplicables' los artículos del Real Decreto-Ley 6/2009 que obligan a las eléctricas propietarias de instalaciones de generación a financiar en exclusiva el bono social.
El bono social, con unos tres millones de clientes acogidos, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013, con un coste total estimado de unos 150 millones.
El Gobierno estableció que eran las compañías propietarias de instalaciones de generación las encargadas de financiarlo y publicó un listado con los porcentajes que les correspondían a cada una.
La sentencia del Supremo estima un recurso presentado por Iberdrola al considerar que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras 'que debe calificarse de discriminatoria y no transparente.
LOS CONSUMIDORES PIDEN SEGURIDAD Y MÁS TRANSPARENCIA
Las principales organizaciones de consumidores criticaron ayer la necesidad de volver a incrementar la tarifa eléctrica y pidieron al Gobierno más transparencia en el proceso de fijación de tarifas y una norma que garantice su capacidad de defender al consumidor.
En este sentido se expresaron la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) y Facua Consumidores en Acción .
Así, la OCU subrayó que subiendo la luz 'no se sale de la crisis', en un momento en que los usuarios 'no tienen la culpa' del déficit tarifario y 'lo tienen crudo para asumir un nuevo tarifazo'.
Para el presidente estatal de CECU, Fernando Moner, la principal preocupación es la 'absoluta falta de transparencia' en el sistema de fijación de precios.
De la misma opinión Fernando López Romano, de Ceaccu, quien explicó que el Gobierno debe articular una norma que regule su 'verdadera capacidad' de establecer la parte regulada de la tarifa.
Facua-Consumidores en Acción considera que la subida de la tarifa de la luz en abril que prepara el Gobierno es una medida 'extremadamente grave' para las familias, dados la actual situación de la economía y el alto nivel de desempleo en la sociedad.
Tras los autos del Supremo en los que se da la razón a las eléctricas que denunciaron al Gobierno por no subir su tramo del recibo de la luz, el Ministerio deberá 'incrementar el precio del recibo de la luz'. 'Lo previsible es que desde el 1 de abril haya un incremento de la tarifa', afirmó Soria.
REDUCCIÓN DE COSTES
Eso sí, aseguró que 'no todo va a ser a cuenta del consumidor' ya que la Secretaría de Estado de Energía 'reducirá los costes', sobre todo los conocidos como peajes, más allá de limitarse a aumentar ingresos. Sin embargo, no precisó qué porcentaje de subida se aplicará a cada posibilidad.
'El incremento de las tarifas actúa sobre uno de los componentes, que es de los ingresos, pero hay otro componente importante, que son los costes, y tenemos que reducir la otra parte, la de los costes', aseguró el ministro, antes de aludir a las medidas que prepara el Gobierno en este sentido.
Los 'objetivos' en los que trabaja el Ejecutivo son 'cumplir los autos del Supremo' y, 'en segundo lugar, no hacer recaer el cumplimiento ese auto en su totalidad sobre los consumidores', señaló soria.
BONO SOCIAL
Por otra parte, ayer también se conocía otra sentencia del Supremo que declara 'inaplicables' los artículos del Real Decreto-Ley 6/2009 que obligan a las eléctricas propietarias de instalaciones de generación a financiar en exclusiva el bono social.
El bono social, con unos tres millones de clientes acogidos, fue creado en 2009 por el Gobierno para proteger a los consumidores más vulnerables, a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013, con un coste total estimado de unos 150 millones.
El Gobierno estableció que eran las compañías propietarias de instalaciones de generación las encargadas de financiarlo y publicó un listado con los porcentajes que les correspondían a cada una.
La sentencia del Supremo estima un recurso presentado por Iberdrola al considerar que este mecanismo de financiación supone una obligación para las empresas generadoras 'que debe calificarse de discriminatoria y no transparente.
LOS CONSUMIDORES PIDEN SEGURIDAD Y MÁS TRANSPARENCIA
Las principales organizaciones de consumidores criticaron ayer la necesidad de volver a incrementar la tarifa eléctrica y pidieron al Gobierno más transparencia en el proceso de fijación de tarifas y una norma que garantice su capacidad de defender al consumidor.
En este sentido se expresaron la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) y Facua Consumidores en Acción .
Así, la OCU subrayó que subiendo la luz 'no se sale de la crisis', en un momento en que los usuarios 'no tienen la culpa' del déficit tarifario y 'lo tienen crudo para asumir un nuevo tarifazo'.
Para el presidente estatal de CECU, Fernando Moner, la principal preocupación es la 'absoluta falta de transparencia' en el sistema de fijación de precios.
De la misma opinión Fernando López Romano, de Ceaccu, quien explicó que el Gobierno debe articular una norma que regule su 'verdadera capacidad' de establecer la parte regulada de la tarifa.
Facua-Consumidores en Acción considera que la subida de la tarifa de la luz en abril que prepara el Gobierno es una medida 'extremadamente grave' para las familias, dados la actual situación de la economía y el alto nivel de desempleo en la sociedad.
