La Audiencia Nacional admitió ayer la querella de UPyD contra Bankia, BFA y sus consejeros, y citó como imputados al expresidente Rodrigo Rato y a más de una treintena de consejeros del grupo y de su matriz, entre ellos José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y el exministro Ángel Acebes. También están llamados a declarar en calidad de testigos el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la CNMV, Julio Segura; el representante legal de la Comisión Rectora del FROB y Francisco Celma, auditor de Deloitte.
Además de Rato, Olivas y Acebes, la lista de imputados incluye al todavía consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, al ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, entre otros.
El juez Fernando Andreu adoptó estas decisiones después de que Anticorrupción se pronunciara a favor de la querella presentada por UPyD contra los consejos de Bankia y BFA por estafa y otros delitos. Los 33 consejeros están imputados por supuestos delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, por administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El Código Penal establece penas de prisión de entre 1 a 3 años por el delito de falsedad de cuentas; de 6 meses a 4 años por administración fraudulenta, una pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por la alteración del precio y prisión de 1 a 6 años por apropiación indebida. La Audiencia argumenta su competencia porque los delitos que se imputan 'habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional', así como 'perjuicio a una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia en España'.
El juez Fernando Andreu adoptó estas decisiones después de que Anticorrupción se pronunciara a favor de la querella presentada por UPyD contra los consejos de Bankia y BFA por estafa y otros delitos. Los 33 consejeros están imputados por supuestos delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, por administración desleal o fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.
El Código Penal establece penas de prisión de entre 1 a 3 años por el delito de falsedad de cuentas; de 6 meses a 4 años por administración fraudulenta, una pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por la alteración del precio y prisión de 1 a 6 años por apropiación indebida. La Audiencia argumenta su competencia porque los delitos que se imputan 'habrían producido o podrían producir una grave repercusión en la economía nacional', así como 'perjuicio a una generalidad de personas en territorio de más de una Audiencia, al ser Bankia una entidad de suma relevancia en España'.
