El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afronta el debate sobre el estado de la nación con una losa, la de los más de cuatro millones de parados que hay en España, una cifra de la que tratará de escapar presentando nuevas medidas para atajar la crisis y el fuerte deterioro del empleo.
Más de un año después del debate de investidura, en el que Zapatero aún hablaba de la desaceleración económica, la cita del martes en el Congreso viene marcada por la que todos definen como la peor crisis global desde la depresión del 29 y que, en el caso de España, supone la recesión más grave en casi cuatro décadas.
El año 2009 no ha podido empezar peor: el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído el 1,8 por ciento en el primer trimestre en comparación con los últimos tres meses de 2008 y un 2,9 por ciento con respecto al primer trimestre del año pasado, según las estimaciones del Banco de España.
Además, el organismo supervisor ha advertido de que la economía española caerá el 3 por ciento en el conjunto de este año y seguirá haciéndolo, aunque en menor medida, en 2010, un 1 por ciento. Esto supone una recesión más pronunciada y más duradera de lo previsto.
Y en esta crisis el principal problema para España es el fuerte aumento del desempleo: 4.010.700 parados en el primer trimestre según la Encuesta de Población Activa (EPA) y 3.644.880 desempleados inscritos en abril en las oficinas públicas de empleo, que sólo incluyen a los que se registran como demandantes de un puesto de trabajo.
En la comunicación que ha remitido al Congreso para pedir la convocatoria del debate, el Gobierno admite que el elemento diferencial más relevante de la situación española respecto del conjunto de países europeos es el elevado desempleo y señala que su reto principal para los próximos meses es atajar este problema.
Un Consejo de Ministros extraordinario analizó el pasado miércoles los efectos de las medidas tomadas hasta ahora, aunque no adelantó cuáles serán las nuevas actuaciones -dirigidas sobre todo al empleo-, pues Zapatero se las guarda para anunciarlas en el debate.
Lo que el presidente deberá explicar cuando exponga estas actuaciones es cómo se costearán, teniendo en cuenta que la crisis se ha comido el superávit público.
Y es que, en tan sólo cuatro meses, el Estado acumula ya un déficit de 7.586 millones de euros, el 0,69 por ciento del PIB, y las previsiones para las cuentas del conjunto de las administraciones son cada vez peores: el Banco de España cree que se podría alcanzar este año un déficit del 8 por ciento del PIB.
Pese a todo, el Gobierno insiste en que su Plan E ha supuesto inyectar a la economía española 53.000 millones de euros, el 4,9 por ciento del PIB, y atisba ya algunos brotes verdes hacia la recuperación, como así los definió el pasado miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.
Salgado aludió a datos como la mejora de la confianza de los consumidores, que el mes pasado subió ocho puntos porque los ciudadanos son optimistas sobre el futuro, aunque siguen viendo muy difícil el presente.
Otros brotes para la vicepresidenta son una cierta recuperación del crédito y una desaceleración de la morosidad bancaria, que sigue creciendo, pero menos. Señales que también ve el propio sector financiero, como así lo apuntó recientemente el presidente del primer banco español, el Santander, Emilio Botín.
Pero estos indicios no son suficientes frente a una economía que sigue deteriorándose, como lo muestran los desplomes de la producción industrial, la actividad de los servicios o el mercado inmobiliario.
Aunque la caída de la inflación y la bajada histórica de los tipos de interés -en el 1 por ciento-, y del Euríbor -en el 1,771 por ciento en abrilson un respiro para los ciudadanos, aunque siguen aún muy preocupados por la economía y su futuro.
No en vano, el paro sigue siendo el principal problema para la sociedad, según la última encuesta del CIS, publicada hace dos días.
Por eso Zapatero tendrá que buscar la forma de infundir confianza a la sociedad y presentar en el Congreso fórmulas que convenzan a una oposición cada vez más escéptica y reacia a la acción económica del Gobierno.
El año 2009 no ha podido empezar peor: el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído el 1,8 por ciento en el primer trimestre en comparación con los últimos tres meses de 2008 y un 2,9 por ciento con respecto al primer trimestre del año pasado, según las estimaciones del Banco de España.
Además, el organismo supervisor ha advertido de que la economía española caerá el 3 por ciento en el conjunto de este año y seguirá haciéndolo, aunque en menor medida, en 2010, un 1 por ciento. Esto supone una recesión más pronunciada y más duradera de lo previsto.
Y en esta crisis el principal problema para España es el fuerte aumento del desempleo: 4.010.700 parados en el primer trimestre según la Encuesta de Población Activa (EPA) y 3.644.880 desempleados inscritos en abril en las oficinas públicas de empleo, que sólo incluyen a los que se registran como demandantes de un puesto de trabajo.
En la comunicación que ha remitido al Congreso para pedir la convocatoria del debate, el Gobierno admite que el elemento diferencial más relevante de la situación española respecto del conjunto de países europeos es el elevado desempleo y señala que su reto principal para los próximos meses es atajar este problema.
Un Consejo de Ministros extraordinario analizó el pasado miércoles los efectos de las medidas tomadas hasta ahora, aunque no adelantó cuáles serán las nuevas actuaciones -dirigidas sobre todo al empleo-, pues Zapatero se las guarda para anunciarlas en el debate.
Lo que el presidente deberá explicar cuando exponga estas actuaciones es cómo se costearán, teniendo en cuenta que la crisis se ha comido el superávit público.
Y es que, en tan sólo cuatro meses, el Estado acumula ya un déficit de 7.586 millones de euros, el 0,69 por ciento del PIB, y las previsiones para las cuentas del conjunto de las administraciones son cada vez peores: el Banco de España cree que se podría alcanzar este año un déficit del 8 por ciento del PIB.
Pese a todo, el Gobierno insiste en que su Plan E ha supuesto inyectar a la economía española 53.000 millones de euros, el 4,9 por ciento del PIB, y atisba ya algunos brotes verdes hacia la recuperación, como así los definió el pasado miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.
Salgado aludió a datos como la mejora de la confianza de los consumidores, que el mes pasado subió ocho puntos porque los ciudadanos son optimistas sobre el futuro, aunque siguen viendo muy difícil el presente.
Otros brotes para la vicepresidenta son una cierta recuperación del crédito y una desaceleración de la morosidad bancaria, que sigue creciendo, pero menos. Señales que también ve el propio sector financiero, como así lo apuntó recientemente el presidente del primer banco español, el Santander, Emilio Botín.
Pero estos indicios no son suficientes frente a una economía que sigue deteriorándose, como lo muestran los desplomes de la producción industrial, la actividad de los servicios o el mercado inmobiliario.
Aunque la caída de la inflación y la bajada histórica de los tipos de interés -en el 1 por ciento-, y del Euríbor -en el 1,771 por ciento en abrilson un respiro para los ciudadanos, aunque siguen aún muy preocupados por la economía y su futuro.
No en vano, el paro sigue siendo el principal problema para la sociedad, según la última encuesta del CIS, publicada hace dos días.
Por eso Zapatero tendrá que buscar la forma de infundir confianza a la sociedad y presentar en el Congreso fórmulas que convenzan a una oposición cada vez más escéptica y reacia a la acción económica del Gobierno.
