La reforma local, con la que Hacienda lleva lidiando más de un año, será presentado hoy en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias.
En el texto, según trascendió ayer de fuentes de Hacienda,se recoge que se va a buscar el establecimiento de una 'horquilla salarial' para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado. Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.
En el proyecto sobre la reforma Hacienda calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son 'ineficientes', al prestar sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.
El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
COSTE DE LOS SERVICIOS
El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto.
Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio. Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se enc arguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.
Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.
Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.
En el proyecto sobre la reforma Hacienda calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son 'ineficientes', al prestar sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.
El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
COSTE DE LOS SERVICIOS
El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto.
Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio. Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se enc arguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.
Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.
Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.
