Repsol remitió una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51 % de YPF, con lo que la petrolera española dió el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional.
A partir de ahora, se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), dijeron fuentes de Repsol.
Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
Hasta ahora, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía valoró en unos 8.170 millones de euros. El Gobierno de Cristina Fernández decidió nacionalizar el 51 % de YPF y que esta actuación sólo afecte a las acciones en manos de Repsol. Según Repsol, esta operación vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina, por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi. Este tipo de tratados, añadió la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior. En estos acuerdos, suscritos principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro 'más neutral' que el que dan los tribunales del país que adopta medidas que perjudican a inversiones extranjeras.
Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
Hasta ahora, Repsol era el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía valoró en unos 8.170 millones de euros. El Gobierno de Cristina Fernández decidió nacionalizar el 51 % de YPF y que esta actuación sólo afecte a las acciones en manos de Repsol. Según Repsol, esta operación vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina, por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi. Este tipo de tratados, añadió la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior. En estos acuerdos, suscritos principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro 'más neutral' que el que dan los tribunales del país que adopta medidas que perjudican a inversiones extranjeras.
