Sin embargo, por primera vez en la historia se han pactado servicios mínimos a nivel nacional

Los sindicatos cifran en más de 100 los actos de la huelga

Cándido Méndez y Fernández Toxo.
Los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT han llamado el próximo miércoles, 29 de septiembre, a la huelga general, la quinta de la Democracia, y han convocado más de 100 manifestaciones por toda España en rechazo de lo que consideran un viraje a la derecha de las políticas económicas del Gobierno, en especial, contra su reforma laboral.
Sin embargo, la primera huelga general contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se celebrará con un acuerdo previo de servicios mínimos a nivel nacional, un hecho excepcional en la historia de los paros totales en España.

Además, el Ejecutivo llega a la huelga general con los deberes hechos en materia de Presupuestos gracias al pacto alcanzado con el PNV, por el que los diputados de esta formación apoyarán previsiblemente las cuentas públicas para el año que viene a cambio de la gestión de las políticas activas de empleo.

La huelga general, convocada bajo el lema 'Así, no. Huelga general. Yo voy!!', fue anunciada por los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el pasado 15 de junio a raíz del Decreto Ley de reforma laboral del Gobierno.

Si bien, la convocatoria responde a una acumulación de medidas que, a juicio de los sindicatos, han desplazado el eje de las políticas del Gobierno hacia la derecha. Además de una llamada contra un despido más fácil y barato, la temporalidad abusiva, que a su juicio tienen su semilla en la reforma laboral, los sindicatos rechazan la congelación de las pensiones y la 'carta blanca' concedida a los empresarios en la negociación colectiva.

Desde el Gobierno, se asegura que la reforma laboral no se tocará ni antes ni después de la huelga, tampoco la congelación de las pensiones, pero ha extendido la mano para dialogar sobre la reforma del sistema.

Otro de los puntos calientes de la huelga son los recortes salariales a los funcionarios y la inversión en infraestructuras. La primera cuestión ya motivó una huelga de empleados públicos en el mes de junio.

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