El Tribunal Supremo se opuso a que el Gobierno conmute la pena de tres meses de arresto e inhabilitación profesional que impuso al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, por un delito de denuncia falsa, ya que cree que no existen razones de 'justicia o equidad' para el indulto.
El informe desfavorable que elaboraron los cinco magistrados de la Sala de lo Penal que condenaron a Sáenz el pasado mes de marzo no resulta vinculante para el Ministerio de Justicia y refleja la tradición del Alto Tribunal de rechazar la concesión de esta medida de gracia, aunque este caso es peculiar, puesto que no se ha seguido el criterio del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía del Tribunal Supremo se mostró a favor de que a Sáenz se le conmute la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos en banca, puesto que es la que más le puede perjudicar, en vez de que el indulto se practique sobre la pena principal (la de cárcel).
La Fiscalía del Tribunal Supremo se mostró a favor de que a Sáenz se le conmute la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos en banca, puesto que es la que más le puede perjudicar, en vez de que el indulto se practique sobre la pena principal (la de cárcel).
