Afectados por las ejecuciones hipotecarias han presentado hoy en los juzgados españoles un escrito en el que reclaman la nulidad de todos los procedimientos de desahucio, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que la normativa hipotecaria española es 'ilegal'.
Los afectados han presentado el escrito elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) el mismo día que concluye el plazo de enmiendas al proyecto de ley de regulación de la dación en pago y paralización de los desahucios, procedente de una iniciativa legislativa popular.
Mientras continúa la polémica por las protestas contra los desahucios ante los domicilios de los diputados del PP y colean las reacciones a las palabras de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes sobre ese asunto.
En sus actos de protesta, los miembros de la PAH también han criticado las palabras de Cifuentes, quien ayer vinculó al colectivo con 'grupos filoetarras', así como la postura de los miembros del PP ante los escraches -término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la PAH-.
El presidente madrileño, Ignacio González, ha negado que Cifuentes pretendiera equiparar a los grupos que se oponen a los desahucios con movimientos etarras y ha calificado de 'inadmisible' que se atente contra la intimidad de los diputados del PP.
El secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha advertido de que las prácticas que avala la PAH 'no son compatibles con el sistema democrático', en tanto que el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, ha dicho que estos colectivos protestan ante las viviendas de diputados del PP 'de manera clavadita a como lo hacían los del mundo de ETA'.
Por su parte, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que ni se puede acosar a los diputados del PP, ni se puede criminalizar a los movimientos ciudadanos como, a su juicio, hace la delegada del Gobierno en Madrid.
Valenciano, que ha censurado ambos comportamientos, ha explicado que no comparte 'ninguna intención violenta o acosadora seguramente de minorías que pueden estar en esos movimientos', pero ha opinado que el PP 'considera peligrosos radicales de izquierdas a todo aquel que dice lo que no le gusta oír'.
En Madrid, decenas de afectados han acudido a los juzgados de primera instancia para pedir que 'se dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos por la aplicación de una norma ilegal', según ha asegurado a los medios uno de los asesores legales de la PAH Rafael Mayoral.
Mayoral ha sostenido que la sentencia del Tribunal de UE del pasado 14 de marzo 'deja claro' que la norma española que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria 'está fuera de la ley' y 'no se ajusta a la legislación europea'.
Los afectados que se han concentrado ante los juzgados han portado una pancarta con la frase 'Banqueros robando y jueces ayudando' y han coreado consignas como 'no consentimos ni un desahucio más', 'sí hay dinero, lo tienen los banqueros' o 'qué pasa, qué pasa, que nos roban la casa'.
En Barcelona, la PAH ha entregado en los juzgados más de una veintena de escritos y ante las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde se han congregado unos 200 miembros de este colectivo, la portavoz Ada Colau ha subrayado la 'emergencia social' que los desahucios están provocando.
Más de un centenar de trabajadores de los juzgados de la Ciudad Condal y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han expresado su apoyo, incluso con la exhibición de pancartas, a los miembros de la PAH y a las personas afectadas que han ido presentados los escritos.
Uno de los representantes de la PAH en Cáceres Eugenio Molano -que trabaja actualmente con 25 o 30 casos- ha explicado que se han presentado entre seis y siete en esa ciudad, pero que a lo largo de la semana, ha añadido, se irán presentado más.
En San Sebastián, ocho afectados han entregado en el Registro de Documentos del Palacio de Justicia el escrito redactado por la PAH, mientras que en Elche, se han presentado ante los juzgados más de quince.
En el escrito entregado por los afectados en los juzgados españoles se solicita además de que se anulen los desahucios que se están tramitando, que se suspendan todos los procedimientos para que no se lleve a cabo ninguna actuación más en los juzgados basándose en la actual normativa.
Mientras continúa la polémica por las protestas contra los desahucios ante los domicilios de los diputados del PP y colean las reacciones a las palabras de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes sobre ese asunto.
En sus actos de protesta, los miembros de la PAH también han criticado las palabras de Cifuentes, quien ayer vinculó al colectivo con 'grupos filoetarras', así como la postura de los miembros del PP ante los escraches -término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la PAH-.
El presidente madrileño, Ignacio González, ha negado que Cifuentes pretendiera equiparar a los grupos que se oponen a los desahucios con movimientos etarras y ha calificado de 'inadmisible' que se atente contra la intimidad de los diputados del PP.
El secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha advertido de que las prácticas que avala la PAH 'no son compatibles con el sistema democrático', en tanto que el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, ha dicho que estos colectivos protestan ante las viviendas de diputados del PP 'de manera clavadita a como lo hacían los del mundo de ETA'.
Por su parte, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho que ni se puede acosar a los diputados del PP, ni se puede criminalizar a los movimientos ciudadanos como, a su juicio, hace la delegada del Gobierno en Madrid.
Valenciano, que ha censurado ambos comportamientos, ha explicado que no comparte 'ninguna intención violenta o acosadora seguramente de minorías que pueden estar en esos movimientos', pero ha opinado que el PP 'considera peligrosos radicales de izquierdas a todo aquel que dice lo que no le gusta oír'.
En Madrid, decenas de afectados han acudido a los juzgados de primera instancia para pedir que 'se dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos por la aplicación de una norma ilegal', según ha asegurado a los medios uno de los asesores legales de la PAH Rafael Mayoral.
Mayoral ha sostenido que la sentencia del Tribunal de UE del pasado 14 de marzo 'deja claro' que la norma española que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria 'está fuera de la ley' y 'no se ajusta a la legislación europea'.
Los afectados que se han concentrado ante los juzgados han portado una pancarta con la frase 'Banqueros robando y jueces ayudando' y han coreado consignas como 'no consentimos ni un desahucio más', 'sí hay dinero, lo tienen los banqueros' o 'qué pasa, qué pasa, que nos roban la casa'.
En Barcelona, la PAH ha entregado en los juzgados más de una veintena de escritos y ante las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde se han congregado unos 200 miembros de este colectivo, la portavoz Ada Colau ha subrayado la 'emergencia social' que los desahucios están provocando.
Más de un centenar de trabajadores de los juzgados de la Ciudad Condal y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han expresado su apoyo, incluso con la exhibición de pancartas, a los miembros de la PAH y a las personas afectadas que han ido presentados los escritos.
Uno de los representantes de la PAH en Cáceres Eugenio Molano -que trabaja actualmente con 25 o 30 casos- ha explicado que se han presentado entre seis y siete en esa ciudad, pero que a lo largo de la semana, ha añadido, se irán presentado más.
En San Sebastián, ocho afectados han entregado en el Registro de Documentos del Palacio de Justicia el escrito redactado por la PAH, mientras que en Elche, se han presentado ante los juzgados más de quince.
En el escrito entregado por los afectados en los juzgados españoles se solicita además de que se anulen los desahucios que se están tramitando, que se suspendan todos los procedimientos para que no se lleve a cabo ninguna actuación más en los juzgados basándose en la actual normativa.
