El Gobierno da luz verde a un anteproyecto de Ley que regulará la actividad de estas formaciones

La banca no podrá condonar deudas a los partidos políticos

Soraya Sáez de Santamaría durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: ALVARADO)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que entre las medidas de regeneración aprobadas ayer está la prohibición de donaciones de personas jurídicas a partidos políticos y la prohibición de que los bancos condonen la deuda a las fuerzas políticas. En concreto, el Gobierno dio el visto bueno al anteproyecto de la ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos y el de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la administración del Estado.
El primero de estos proyectos, que ahora se remitirán al Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado para que emitan los correspondientes informes, prohibirá 'completamente' las donaciones de personas jurídicas a los partidos, que hasta ahora permitía hasta 100.000 euros anuales. Sáenz de Santamaría consideró que el cauce lógico de la financiación de los partidos son las donaciones de personas físicas como consecuencia de su vinculación o compromiso político, que forma parte de la libertad individual de los ciudadanos.

Otra de las principales novedades que se incluyen en esta norma es la prohibición de las condonaciones de deuda por parte de las entidades de crédito a los partidos políticos, que dejarán de ser legales y no podrán existir 'de ninguna cuantía', ya que hasta ahora también estaba permitidas hasta de 100.000 euros. La ley incluirá un régimen de devolución de donaciones indebidas o que excedan los límites, que tendrán que devolverse a los donantes. Se refuerza la obligación de los partidos de presentar su contabilidad al Tribunal de Cuentas y se prohíben las subvenciones a los que incumplan este deber. También se regula la figura del tesorero o responsable de las cuentas de un partido político y se clarifica el régimen de sanciones.

Estas medidas supondrán la modificación de tres leyes orgánicas: la de financiación de partidos, la de partidos políticos y la ley del Cuentas, para reforzar la organización de órgano fiscalizador, que tendrá oportunidad de emitir un informe sobre el proyecto con sus recomendaciones.

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