El Ministerio de Igualdad advirtió que ninguna reforma penal de la ley del solo sí es sí "puede frenar las revisiones", y advierte de que volver al modelo anterior supone hacer pasar a las víctimas por "un calvario probatorio" para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas.
Fuentes de Igualdad han respondido así a la intención de la parte socialista del Ejecutivo de reformar la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual tras la cascada de rebajas de condenas, e incluso excarcelaciones, de agresores sexuales.
Frente a esta postura, el departamento que dirige Irene Montero ha propuesto un plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley.
"No existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley", insisten desde Igualdad, que defiende la puesta en marcha de forma urgente de diez medidas que van desde la especialización judicial a la formación en violencias sexuales o el incremento de efectivos para la protección de las mujeres".
Según el ministerio, "es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas".
Para proteger a las víctimas de violencias sexuales e "implementar la ley del solo sí es sí", Igualdad plantea estas diez medidas urgentes:
Doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual.
Refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
Inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) desde 2023 e incremento del número de dispositivos.
Refuerzo de las unidades de valoración forense integral.
Formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior así como educación y sanidad).
Implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales.
Creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo.
Incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia de género, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual.
Implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.
