Las empresarias Blanca Rosa Bruño y María Isabel Bruño, que fueron juzgadas ayer en la Audiencia Nacional por pagar 6.000 euros a ETA en concepto de 'impuesto revolucionario', negaron estos hechos así como que mantengan cualquier relación con la izquierda abertzale o la banda terrorista. 'Quiero manifestar lo injusto de esta situación, es indignante', afirmó María Isabel Bruño en su turno de última palabra, en el que aprovechó la ocasión para denunciar que su familia lleva 30 años siendo víctima de la extorsión de ETA y que ahora tiene que soportar la acusación de un delito de colaboración con banda armada, dijo.
'Quiero decir que resulta difícil encajar la actuación del Estado. Nos sentimos víctimas de la extorsión de ETA y de la Justicia', prosiguió la acusada, quien, al igual que su hermana Blanca Rosa Bruño, recordó que ambas permanecieron en prisión provisional durante un mes. 'Es increíble todo lo que nos está pasando, son 30 años viviendo con este miedo (...). Es muy duro recibir una carta de ETA, pero no es menos duro lo que nos ha tocado vivir en la cárcel y todo lo que eso conlleva', destacó.
Asimismo, las acusadas declararon que su familia estuvo 'amenazada' durante 30 años, desde que recibiera la primera carta de extorsión en 1980. Según explicó, su padre -que entonces era alcalde del municipio guipuzcoano de Usurbil- denunció públicamente la extorsión pero la familia se encontró con un 'clima de inseguridad y miedo' que condujo a que cuando ellas recibieron otras dos cartas, en 2003 y 2006, no lo denunciaran ante la Justicia.
'FUE UNA TRAGEDIA'
'Era volver a revivir el sufrimiento, cada vez que salías de casa mirabas debajo del coche, no te atrevías a denunciar ni hacer nada. Fue difícil, fue una tragedia. Lo hemos llevado como hemos podido', dijo Maria Isabel Bruño recordando la carta de extorsión que recibieron en 2003 y asegurando que no efectuaron 'ningún pago' a ETA. 'No simpatizo con nadie que apruebe la violencia', ha agregado.
Durante la vista celebrada ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal Vicente González-Mota elevó a definitiva su petición de cinco años de prisión y el pago de una multa de 27.000 euros, mientras que la defensa reclamó la libre absolución de sus representadas.
Por su parte, varios peritos de la Guardia Civil mantuvieron que el lenguaje y la individualización de las cartas remitidas por ETA a las empresarias revelan que éstas efectuaron una 'aportación voluntaria' de 6.000 euros de impuesto revolucionario. La Guardia Civil también consideró que las procesadas mantienen 'antecedentes vinculantes con ETA' y recordaron que Blanca apoyó a la agrupación electoral 'Auskera Guztiak' y que Isabel fue en las listas de Euskal Herritarrok.
Ante el tribunal, presidido por Fernando García-Nicolás, la Fiscalía ha sostenido que Blanca e Isabel, presidenta y vicepresidenta de la empresa Andrés Bruño e Hijos, recibieron en el año 2003 una carta de la organización terrorista en la que se les reclamaba el pago de 120.000 euros.
Las dos hermanas respondieron a ETA con otra misiva en la que pedían una rebaja en el pago. La banda contesta a su vez en abril de 2008 con una carta de agradecimiento en la que pone de manifiesto que las acusadas 'entregaron voluntariamente a la organización 6.000 euros'. Esta última misiva fue localizada en el registro practicado en Burdeos de la vivienda que ocupaba Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'.
Asimismo, las acusadas declararon que su familia estuvo 'amenazada' durante 30 años, desde que recibiera la primera carta de extorsión en 1980. Según explicó, su padre -que entonces era alcalde del municipio guipuzcoano de Usurbil- denunció públicamente la extorsión pero la familia se encontró con un 'clima de inseguridad y miedo' que condujo a que cuando ellas recibieron otras dos cartas, en 2003 y 2006, no lo denunciaran ante la Justicia.
'FUE UNA TRAGEDIA'
'Era volver a revivir el sufrimiento, cada vez que salías de casa mirabas debajo del coche, no te atrevías a denunciar ni hacer nada. Fue difícil, fue una tragedia. Lo hemos llevado como hemos podido', dijo Maria Isabel Bruño recordando la carta de extorsión que recibieron en 2003 y asegurando que no efectuaron 'ningún pago' a ETA. 'No simpatizo con nadie que apruebe la violencia', ha agregado.
Durante la vista celebrada ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal Vicente González-Mota elevó a definitiva su petición de cinco años de prisión y el pago de una multa de 27.000 euros, mientras que la defensa reclamó la libre absolución de sus representadas.
Por su parte, varios peritos de la Guardia Civil mantuvieron que el lenguaje y la individualización de las cartas remitidas por ETA a las empresarias revelan que éstas efectuaron una 'aportación voluntaria' de 6.000 euros de impuesto revolucionario. La Guardia Civil también consideró que las procesadas mantienen 'antecedentes vinculantes con ETA' y recordaron que Blanca apoyó a la agrupación electoral 'Auskera Guztiak' y que Isabel fue en las listas de Euskal Herritarrok.
Ante el tribunal, presidido por Fernando García-Nicolás, la Fiscalía ha sostenido que Blanca e Isabel, presidenta y vicepresidenta de la empresa Andrés Bruño e Hijos, recibieron en el año 2003 una carta de la organización terrorista en la que se les reclamaba el pago de 120.000 euros.
Las dos hermanas respondieron a ETA con otra misiva en la que pedían una rebaja en el pago. La banda contesta a su vez en abril de 2008 con una carta de agradecimiento en la que pone de manifiesto que las acusadas 'entregaron voluntariamente a la organización 6.000 euros'. Esta última misiva fue localizada en el registro practicado en Burdeos de la vivienda que ocupaba Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry'.
