Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo de este mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero 'con su propio criterio', según informan fuentes del Ministerio de Sanidad.
La medida se topó con la negativa de numerosas CCAA a su implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la recurrieron mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco presentó un recurso de alzada y Canarias anunció la recurrirán
GALICIA
Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Sanidad señalaban que su puesta en marcha esta motivada por la necesidad de que todas las CCAA, 'que son las que lo tienen que poner en vigor', utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras comprobar que 'no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración'. Por tanto, añadían, 'antes de que las CCAA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida'.
En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros- que, hasta ahora, estaban exentos de pago-.
Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el 'Afinitor' o el 'Tyverb', para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el 'Votrient'; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el 'Temodal'; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reprodución asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros.
APORTACIÓN DE UN 10%
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros -hasta ahora era de 4.20-, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
La medida suscitó desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado al Gobierno a que deje 'sin efecto' dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
FACUA acusó al Gobierno y, concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un 'nuevo ataque' contra los enfermos crónicos.
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Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Sanidad señalaban que su puesta en marcha esta motivada por la necesidad de que todas las CCAA, 'que son las que lo tienen que poner en vigor', utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras comprobar que 'no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración'. Por tanto, añadían, 'antes de que las CCAA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida'.
En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves -oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros- que, hasta ahora, estaban exentos de pago-.
Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el 'Afinitor' o el 'Tyverb', para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el 'Votrient'; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el 'Temodal'; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reprodución asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros.
APORTACIÓN DE UN 10%
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros -hasta ahora era de 4.20-, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
La medida suscitó desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado al Gobierno a que deje 'sin efecto' dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
FACUA acusó al Gobierno y, concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un 'nuevo ataque' contra los enfermos crónicos.
