El abogado defensor de la exmiembro de los Grapo Gema Rodríguez Miguel ha solicitado al Tribunal Supremo que aprecie una atenuante muy cualificada por dilaciones indebidas en su proceso y rebaje la condena de 13 años que le impuso la Audiencia Nacional por su participación en dos atracos en 2002.
El Supremo ha celebrado hoy una vista del recurso que Rodríguez Miguel presentó ante esta instancia contra la condena de la Audiencia Nacional.
La defensa, ejercida por el abogado Juan Moreno, ha argumentado que la mujer, que ha renunciado a la violencia, estuvo a disposición de la Justicia española entre 2005 y 2010 sin que se actuase contra ella por los atracos contra sucursales de La Caixa en Madrid cometidos en 2002, los que después han llevado a su condena.
El mal funcionamiento de la Justicia y del Ministerio del Interior han llevado a una dilación de cuatro años y medio que no se puede achacar a la condenada y que conduce a que, cuando se condena a Gema Rodríguez Miguel, el ejemplo público de castigar su delito ya no tenga sentido, puesto que no tiene delitos de sangre, ha renunciado a la violencia y los Grapo se dan por desaparecidos, ha señalado el letrado.
Rodríguez Miguel fue detenida en 2002 en Francia, donde fue condenada por un delito de asociación de malhechores. En junio de 2009 la Audiencia Nacional la condenó a siete años de cárcel por participar en el atraco a un furgón blindado de Prosegur en un hipermercado de Maliaño (Cantabria) el 6 de noviembre de 2001.
El abogado ha señalado que hasta 2010 no se abrió causa contra su defendida por estos otros hechos diferentes, los atracos cometidos en Madrid en abril y mayo de 2002 por los que la Audiencia Nacional impuso 13 años de cárcel a Gema Rodríguez Miguel.
La Audiencia Nacional condenó a la exgrapo y rechazó su petición de la atenuante de dilaciones porque, recordaba, ella fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 el 21 de junio de 2010.
Las autoridades francesas, a cuya disposición estaba, pospusieron hasta junio de 2009 la entrega, porque hasta entonces no extinguió totalmente las responsabilidades contraídas en el país vecino, y fue a partir de esa fecha cuando se iniciaron las actuaciones contra ella, de modo que no hubo dilaciones, señalaba la Audiencia.
La fiscal, en la vista del recurso celebrada hoy, ha señalado, en ese mismo sentido, que no hubo dilaciones desde el momento en que se inician las actuaciones en el Juzgado de la Audiencia Nacional.
La defensa, ejercida por el abogado Juan Moreno, ha argumentado que la mujer, que ha renunciado a la violencia, estuvo a disposición de la Justicia española entre 2005 y 2010 sin que se actuase contra ella por los atracos contra sucursales de La Caixa en Madrid cometidos en 2002, los que después han llevado a su condena.
El mal funcionamiento de la Justicia y del Ministerio del Interior han llevado a una dilación de cuatro años y medio que no se puede achacar a la condenada y que conduce a que, cuando se condena a Gema Rodríguez Miguel, el ejemplo público de castigar su delito ya no tenga sentido, puesto que no tiene delitos de sangre, ha renunciado a la violencia y los Grapo se dan por desaparecidos, ha señalado el letrado.
Rodríguez Miguel fue detenida en 2002 en Francia, donde fue condenada por un delito de asociación de malhechores. En junio de 2009 la Audiencia Nacional la condenó a siete años de cárcel por participar en el atraco a un furgón blindado de Prosegur en un hipermercado de Maliaño (Cantabria) el 6 de noviembre de 2001.
El abogado ha señalado que hasta 2010 no se abrió causa contra su defendida por estos otros hechos diferentes, los atracos cometidos en Madrid en abril y mayo de 2002 por los que la Audiencia Nacional impuso 13 años de cárcel a Gema Rodríguez Miguel.
La Audiencia Nacional condenó a la exgrapo y rechazó su petición de la atenuante de dilaciones porque, recordaba, ella fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción nº6 el 21 de junio de 2010.
Las autoridades francesas, a cuya disposición estaba, pospusieron hasta junio de 2009 la entrega, porque hasta entonces no extinguió totalmente las responsabilidades contraídas en el país vecino, y fue a partir de esa fecha cuando se iniciaron las actuaciones contra ella, de modo que no hubo dilaciones, señalaba la Audiencia.
La fiscal, en la vista del recurso celebrada hoy, ha señalado, en ese mismo sentido, que no hubo dilaciones desde el momento en que se inician las actuaciones en el Juzgado de la Audiencia Nacional.
