El expresidente de FCC Construcción José María Mayor Oreja admitió ayer ante el juez que dos filiales pagaron 60.000 euros al PP en 2011, pero negó las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas, al igual que otros tres empresarios, entre ellos el expresidente de Sacyr Luis del Rivero.
Los cuatro empresarios declararon como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la contabilidad B en el PP que aparecería en los apuntes contables atribuidos al extesorero del partido Luis Bárcenas.
El primero en declarar fue el hermano del exministro del Interior, quien admitió que en 2011 (año que no aparece en los manuscritos de Bárcenas) dos sociedades participadas íntegramente por FCC -BBR y Promociones Teide- donaron 60.000 euros al PP en dos pagos de 40.000 y 20.000 euros, aunque defendió que eran legales porque que no eran contratistas con la Administración.
Las fuentes, detallaron que Mayor Oreja explicó además que antes de hacer estas donaciones se consultó con la asesoría jurídica, que determinó que estos pagos no estaban contemplados como ilegales, y que posteriormente se estudió una tercera donación a través de otra sociedad, pero no se hizo porque estaba prácticamente inactiva.
Respecto a las donaciones al PP por 165.000 euros en dos entregas en 2008 que aparecen a su nombre en los papeles, fuentes jurídicas indicaron que Mayor Oreja apuntó que no sabe por qué figuran. El presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, segundo en declarar como imputado ante Ruz, también dijo no saber nada de las donaciones que se le atribuyen y añadió que si bien tiene sus sospechas de por qué sale en los papeles de Bárcenas, no iba a decirlas.
Según los papeles de Bárcenas, Contreras, presidente del grupo Azvi desde 2001, donó al PP 858.000 euros en trece entregas entre 2002 y 2008. Contreras, que se negó a responder a las acusaciones, insistió en que nunca hizo pagos a partido alguno, aunque sí patrocinó actos como conferencias con participación de políticos.
Por su parte, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero negó haber hecho donaciones al PP, que según los papeles de Bárcenas ascienden a 480.000 euros en diferentes partidas, y admitió que se reunió con ministros populares y con altos cargos del PSOE y de CIU, debido a la importancia de su empresa.
Del Rivero denunció además, según las fuentes, que El País le llamó para 'borrarle' de los papeles de Bárcenas a cambio de que 'hablara', pero que como él no realizó ninguna entrega de dinero al PP no tenía nada que negociar con el periódico.
Las fuentes agregaron que al ser preguntado sobre la coincidencia de los donativos al PP con adjudicaciones de obras a su empresa, Del Rivero respondió que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) le adjudica 500 contrataciones cuando él ha llegado a contabilizar hasta 1.000.
COMISIONES CATALANAS
El cuarto empresario en declarar ha sido el consejero de Aldesa Construcciones Juan Manuel Fernández Rubio, quien también negó haber hecho donaciones al PP (en los papeles se reflejan varias partidas de 330.000 euros) y que solo le consta por comentarios que podría haber pagos a cambio de contrataciones.
Al preguntarle sobre qué comentarios eran esos, Fernández Rubio se refirió al 3% catalán (las comisiones de los contratos públicos que se investigan de algunos gobiernos catalanes).
El primero en declarar fue el hermano del exministro del Interior, quien admitió que en 2011 (año que no aparece en los manuscritos de Bárcenas) dos sociedades participadas íntegramente por FCC -BBR y Promociones Teide- donaron 60.000 euros al PP en dos pagos de 40.000 y 20.000 euros, aunque defendió que eran legales porque que no eran contratistas con la Administración.
Las fuentes, detallaron que Mayor Oreja explicó además que antes de hacer estas donaciones se consultó con la asesoría jurídica, que determinó que estos pagos no estaban contemplados como ilegales, y que posteriormente se estudió una tercera donación a través de otra sociedad, pero no se hizo porque estaba prácticamente inactiva.
Respecto a las donaciones al PP por 165.000 euros en dos entregas en 2008 que aparecen a su nombre en los papeles, fuentes jurídicas indicaron que Mayor Oreja apuntó que no sabe por qué figuran. El presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras Caro, segundo en declarar como imputado ante Ruz, también dijo no saber nada de las donaciones que se le atribuyen y añadió que si bien tiene sus sospechas de por qué sale en los papeles de Bárcenas, no iba a decirlas.
Según los papeles de Bárcenas, Contreras, presidente del grupo Azvi desde 2001, donó al PP 858.000 euros en trece entregas entre 2002 y 2008. Contreras, que se negó a responder a las acusaciones, insistió en que nunca hizo pagos a partido alguno, aunque sí patrocinó actos como conferencias con participación de políticos.
Por su parte, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero negó haber hecho donaciones al PP, que según los papeles de Bárcenas ascienden a 480.000 euros en diferentes partidas, y admitió que se reunió con ministros populares y con altos cargos del PSOE y de CIU, debido a la importancia de su empresa.
Del Rivero denunció además, según las fuentes, que El País le llamó para 'borrarle' de los papeles de Bárcenas a cambio de que 'hablara', pero que como él no realizó ninguna entrega de dinero al PP no tenía nada que negociar con el periódico.
Las fuentes agregaron que al ser preguntado sobre la coincidencia de los donativos al PP con adjudicaciones de obras a su empresa, Del Rivero respondió que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) le adjudica 500 contrataciones cuando él ha llegado a contabilizar hasta 1.000.
COMISIONES CATALANAS
El cuarto empresario en declarar ha sido el consejero de Aldesa Construcciones Juan Manuel Fernández Rubio, quien también negó haber hecho donaciones al PP (en los papeles se reflejan varias partidas de 330.000 euros) y que solo le consta por comentarios que podría haber pagos a cambio de contrataciones.
Al preguntarle sobre qué comentarios eran esos, Fernández Rubio se refirió al 3% catalán (las comisiones de los contratos públicos que se investigan de algunos gobiernos catalanes).
