La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, dictó un auto en el que impone una fianza de responsabilidad civil de 686.190.686,36 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso y en prisión desde el pasado sábado. Esta fianza rebaja la petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 933 millones de euros.
La magistrada explicó que la imposición de dicha medida cautelar 'tiene una decidida finalidad, cual es la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, salieron del erario público', tras lo cual analiza una serie de factores para determinar la misma, en primer lugar 'los sólidos indicios que existen' contra el imputado, 'de forma que efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera resultar condenado'.
En segundo lugar, la juez hizo mención al 'peligro del daño derivado del inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa, que aquí resulta todavía más importante por la extensión de la misma, y que por dicha razón se demorará más allá de lo deseable el enjuiciamiento de los hechos', mientras que, en última instancia, cita 'el principio de proporcionalidad', que 'conecta con el valor de lo justo, con la idea de moderación, medida justa y equilibrio'.
En el auto, Alaya rechaza además la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta como acusación particular en este procedimiento y declararla responsable civil subsidiaria, pues en ese supuesto los andaluces 'se verían doblemente perjudicados, por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad' en que se fijara esta responsabilidad, 'cuyo importe se aplicaría al pago de la misma, en vez de a los fines públicos e interés general a los que deberían ser destinados'.
Así, el auto señala que, 'en el plano real, los verdaderos perjudicados u ofendidos por los delitos que se investigan, con independencia del buen nombre de una determinada institución pública, son los ciudadanos de este país, de forma que 'de declararse la responsabilidad civil subsidiaria, se daría la paradoja que a los únicos que podría beneficiar sería a los futuros acusados' en caso de que no hicieran frente a sus responsabilidades.
En segundo lugar, la juez hizo mención al 'peligro del daño derivado del inevitable retraso en la resolución definitiva de la causa, que aquí resulta todavía más importante por la extensión de la misma, y que por dicha razón se demorará más allá de lo deseable el enjuiciamiento de los hechos', mientras que, en última instancia, cita 'el principio de proporcionalidad', que 'conecta con el valor de lo justo, con la idea de moderación, medida justa y equilibrio'.
En el auto, Alaya rechaza además la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta como acusación particular en este procedimiento y declararla responsable civil subsidiaria, pues en ese supuesto los andaluces 'se verían doblemente perjudicados, por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad' en que se fijara esta responsabilidad, 'cuyo importe se aplicaría al pago de la misma, en vez de a los fines públicos e interés general a los que deberían ser destinados'.
Así, el auto señala que, 'en el plano real, los verdaderos perjudicados u ofendidos por los delitos que se investigan, con independencia del buen nombre de una determinada institución pública, son los ciudadanos de este país, de forma que 'de declararse la responsabilidad civil subsidiaria, se daría la paradoja que a los únicos que podría beneficiar sería a los futuros acusados' en caso de que no hicieran frente a sus responsabilidades.
