El juez decidirá antes de la vista si le aplica la "doctrina Botín" la Infanta. La primera sesión está prevista para el 11 de enero y los testimonios de los acusados para el 9 de febrero.
El tribunal de la Audiencia de Palma que juzgará el caso Nóos decidirá en los días posteriores al trámite de cuestiones previas con el que arrancará el juicio el 11 de enero si juzga a la infanta Cristina o la exime en aplicación de la llamada "doctrina Botín".
Los magistrados que forman la sala de la sección primera de la Audiencia encargada del caso han comunicado hoy a los letrados de las defensas, las acusaciones y la Fiscalía que la jornada del 11 de enero se dedicará a la exposición de las cuestiones previas, entre las que figura si Manos Limpias está legitimada para mantener en solitario la acusación contra la infanta.
Los jueces se tomarán después cuatro semanas para resolver si se aplica a la infanta la "doctrina Botín" y otras posibles cuestiones previas, como la nulidad de la instrucción que planteará la defensa de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin en el instituto Nóos.
La "doctrina Botín", fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007, establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular.
Una vez los magistrados Samantha Romero, Eleonor Moyá y Juan Pedro Yllanes resuelva esas peticiones de las defensas, y otras que pudieran plantearse, la vista oral comenzará el 9 de febrero con la declaración de los acusados.
En la sesión de cuestiones previas tendrán que estar presentes los 18 acusados y los que mantengan esta consideración también deberán asistir a todas las sesiones del juicio en las que declaren ellos o el resto de imputados.
Cuando concluya esa ronda, los acusados que lo deseen podrán ausentarse del resto del juicio con la única excepción de la sesión en la que esté previsto el turno de última palabra.
En la vista de ordenación del juicio que ha tenido lugar hoy en la misma sala que acogerá la vista oral, unas dependencias de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) situada en el polígono de Son Rossinyol de Palma, el tribunal ha informado a las partes de que desde el 9 de febrero se celebrarán sesiones de martes a viernes y que está programado que el juicio acabe el 30 de junio.
Si se cumple el calendario fijado, la declaración de los acusados ocupará unas veinte sesiones, las comparecencias de los 363 testigos aceptados inicialmente por los jueces se celebrarán en marzo y abril, en mayo se expondrán las pruebas periciales (están citados 21 peritos) y durante el mes de junio se planearán las pruebas documentales y las partes expondrán sus conclusiones finales.
La vista de preparación celebrada ha servido, además de para informar a los letrados de las previsiones de calendario, resolución de cuestiones previas y presencia de los acusados, para que los letrados conozcan el espacio en el que se celebrará la vista, habilitado especialmente para atender los requerimientos de un juicio con numerosos acusados, partes personadas y medios de comunicación acreditados.
La Policía Nacional ha hecho un importante despliegue de agentes para ensayar el dispositivo que establecerá para el juicio, el primero en la historia de España en el que un familiar directo del rey se sienta en el banquillo de los acusados.
La infanta se enfrenta a una petición de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros como presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusa a su esposo, Iñaki Urdangarin, por defraudar al fisco en 2007 y 2008.
Urdangarin está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales por utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid, y afronta una petición de condena de entre 19 años y medio y 26 años y medio.
Además de Diego Torres, que junto con Urdangarin es uno de los principales acusados, se sentarán en el banquillo, entre otros, el expresidente balear Jaume Matas, ex altos cargos de su administración, antiguos responsables públicos de instituciones valencianas, como el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, y la que fuera consejera delegada de la candidatura Olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen.
Entre los testigos destacan, por su trascendencia pública, los exjefes de la Casa Real Fernando Almansa y Alberto Aza; el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía, Rodrigo Rato, y el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el que fuera secretario de las infantas Carlos García Revenga, que estuvo imputado en el caso.
También el ex asesor jurídico de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, así como el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberà, el exconseller valencian o Esteban González Pons, y el exsecretario de Estado de Deportes Jaime Lissavetzki.
El juicio del caso Nóos determinará las responsabilidades por la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su socio Torres, que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid.
