La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) acordó ayer por unanimidad la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), al estimar sendas demandas de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado en las que se argumentaba que dicha formación era mera continuadora de Batasuna, declarada ilegal en marzo de 2003.
El pasado lunes se recibieron las alegaciones finales presentadas por el PCTV contra las demandas y la Sala del 61 comenzó a deliberar sobre esta cuestión dos días después.
La Sala especial únicamente ha comunicado el fallo de la sentencia, y ha precisado mediante un comunicado remitido pasadas las ocho de la tarde que su resolución conlleva 'las consecuencias de toda índole previstas en la Ley Orgánica de Partidos políticos' (LPP). El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días.
El artículo 12 de la citada ley concreta los efectos de la disolución judicial de un partido político, como es el cese inmediato de su actividad, si bien este extremo, respecto del PCTV, ya fue acordado de forma cautelar el pasado mes de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tramita una causa penal contra miembros de esta organización por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista.
La medida provisional de Garzón también supuso la clausura de sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros de los que dispusiera esta organización, al igual que ocurrió en el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV), cuya ilegalización fue declarada el pasado martes por el alto tribunal. A ello se suma que ayer mismo la Audiencia Nacional condenó a miembros del colectivo de presos Gestoras Pro Amnistía por estar integración en el entramado de ETA.
PATRIMONIO DESTINADO A INTERESES SOCIALES.
La Ley de Partidos señala que la declaración de ilegalización determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por el propio Supremo. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.
La Sala del 61 se reunió hoy únicamente en sesión de tarde ya que por la mañana el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, que igualmente preside esta Sala, dirigió la última reunión del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) saliente, cuyos miembros serán relevados por los nuevos vocales a partir de la próxima semana.
TESIS ACEPTADAS
Entre las tesis aportadas en sus demandas por la Fiscalía y los Servicios Jurídicos del Estado, y que han sido avaladas por el tribunal, está la de considerar que tanto PCTV como ANV son 'instrumentos' de la banda terrorista, tal y como argumentaron ambas partes a la luz de las pruebas practicadas durante las vistas de ilegalización celebradas en junio pasado.
Las demandas destacaban que el PCTV fue inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en septiembre de 2002, tan sólo un mes después de que desde el Congreso de los diputados se instara la ilegalización de Batasuna..
El fiscal y el abogado del Estado insistieron durante las vistas en que la LPP no prohíbe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, y que tampoco violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pusieron además de manifiesto las vinculaciones económicas y de organización entre PCTV y ANV.
Una de las pruebas presentadas, y que previsiblemente han servido al tribunal para establecer los vínculos del PCTV con Batasuna, se encuentra el hecho de que esta formación política, que logró sostener un grupo parlamentario de nueve diputados en la Cámara de Vitoria, comenzó a contratar a responsables de la ilegalizada Batasuna a partir de julio de 2006.
Las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Abogacía se desprendían de un estudio realizado por el Servicio Central de Información de la Guardia Civil concluían un total de 16 personas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social como asalariados del PCTV 'pertenecen o han pertenecido' al máximo órgano de dirección de la formación ilegalizada.
Además, otras siete personas han sido miembros de la dirección provincial de HB/EH/Batasuna --conocida como Mesa de Herrialde-- de alguna de las tres provincias vascas o de Navarra, y dos han formado parte de la Asamblea Nacional, órgano consultivo de la formación ilegalizada.
Los vínculos económicos se extendieron también a doce candidatos que concurrieron en distintos procesos electoral bajo las siglas de Batasuna o alguna candidatura anulada por el Tribunal Supremo; y a cinco miembros de la estructura orgánica de la formación ilegalizada. Otros cuatro ocuparon cargos de confianza en el partido y dos han sido miembros del Equipo de Relaciones Internacionales.
Los informes policiales revelaban también que entre las 49 personas cuyas cuentas habían sido analizadas para establecer la existencia de relaciones salariales entre personas del entorno de Batasuna y el PCTV se encuentra un condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA.
Se trata en concreto de Asier Altuna que fue condenado en 2005 por la Audiencia Nacional a 5 años de prisión por el intento de asesinato del concejal del PP en la localidad de Eibar (Guipúzcoa) José Luis Vallés Molero, mediante la colocación de un coche bomba.
La Sala especial únicamente ha comunicado el fallo de la sentencia, y ha precisado mediante un comunicado remitido pasadas las ocho de la tarde que su resolución conlleva 'las consecuencias de toda índole previstas en la Ley Orgánica de Partidos políticos' (LPP). El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días.
El artículo 12 de la citada ley concreta los efectos de la disolución judicial de un partido político, como es el cese inmediato de su actividad, si bien este extremo, respecto del PCTV, ya fue acordado de forma cautelar el pasado mes de febrero por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que tramita una causa penal contra miembros de esta organización por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista.
La medida provisional de Garzón también supuso la clausura de sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros de los que dispusiera esta organización, al igual que ocurrió en el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV), cuya ilegalización fue declarada el pasado martes por el alto tribunal. A ello se suma que ayer mismo la Audiencia Nacional condenó a miembros del colectivo de presos Gestoras Pro Amnistía por estar integración en el entramado de ETA.
PATRIMONIO DESTINADO A INTERESES SOCIALES.
La Ley de Partidos señala que la declaración de ilegalización determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por el propio Supremo. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.
La Sala del 61 se reunió hoy únicamente en sesión de tarde ya que por la mañana el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, que igualmente preside esta Sala, dirigió la última reunión del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) saliente, cuyos miembros serán relevados por los nuevos vocales a partir de la próxima semana.
TESIS ACEPTADAS
Entre las tesis aportadas en sus demandas por la Fiscalía y los Servicios Jurídicos del Estado, y que han sido avaladas por el tribunal, está la de considerar que tanto PCTV como ANV son 'instrumentos' de la banda terrorista, tal y como argumentaron ambas partes a la luz de las pruebas practicadas durante las vistas de ilegalización celebradas en junio pasado.
Las demandas destacaban que el PCTV fue inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en septiembre de 2002, tan sólo un mes después de que desde el Congreso de los diputados se instara la ilegalización de Batasuna..
El fiscal y el abogado del Estado insistieron durante las vistas en que la LPP no prohíbe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, y que tampoco violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pusieron además de manifiesto las vinculaciones económicas y de organización entre PCTV y ANV.
Una de las pruebas presentadas, y que previsiblemente han servido al tribunal para establecer los vínculos del PCTV con Batasuna, se encuentra el hecho de que esta formación política, que logró sostener un grupo parlamentario de nueve diputados en la Cámara de Vitoria, comenzó a contratar a responsables de la ilegalizada Batasuna a partir de julio de 2006.
Las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Abogacía se desprendían de un estudio realizado por el Servicio Central de Información de la Guardia Civil concluían un total de 16 personas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social como asalariados del PCTV 'pertenecen o han pertenecido' al máximo órgano de dirección de la formación ilegalizada.
Además, otras siete personas han sido miembros de la dirección provincial de HB/EH/Batasuna --conocida como Mesa de Herrialde-- de alguna de las tres provincias vascas o de Navarra, y dos han formado parte de la Asamblea Nacional, órgano consultivo de la formación ilegalizada.
Los vínculos económicos se extendieron también a doce candidatos que concurrieron en distintos procesos electoral bajo las siglas de Batasuna o alguna candidatura anulada por el Tribunal Supremo; y a cinco miembros de la estructura orgánica de la formación ilegalizada. Otros cuatro ocuparon cargos de confianza en el partido y dos han sido miembros del Equipo de Relaciones Internacionales.
Los informes policiales revelaban también que entre las 49 personas cuyas cuentas habían sido analizadas para establecer la existencia de relaciones salariales entre personas del entorno de Batasuna y el PCTV se encuentra un condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA.
Se trata en concreto de Asier Altuna que fue condenado en 2005 por la Audiencia Nacional a 5 años de prisión por el intento de asesinato del concejal del PP en la localidad de Eibar (Guipúzcoa) José Luis Vallés Molero, mediante la colocación de un coche bomba.
