Las administraciones públicas representan el mayor conglomerado empresarial de España
En el año 2016 los españoles vivíamos una situación poco habitual en las últimas décadas. Durante varios meses, más de los deseables, el gobierno estaba en funciones o, dicho de otra manera, estaba fuera de juego. En este tiempo, a pesar de lo que opinen algunos, y aun teniendo en cuenta los datos macro del país, la economía y el devenir de nuestra vida socioeconómica ha sufrido pérdidas.
Un buen termómetro es la obra pública, un sector muy castigado por la crisis -su aportación al PIB se ha reducido a la mitad desde 2008-. El empleo en el sector cayó desde los 2,9 millones de activos en 2008 a los 1,2 millones en el último trimestre de 2015. Otro ejemplo es la falta de desarrollo de sectores industriales como el energético. Buenos ejemplos de la necesaria presencia del Estado para su desarrollo.
En el caso del sector energético, la dependencia es muy elevada por el nivel de legislación y control estatal en el sector. Un dato: en el año 2016 no se ha realizado ninguna subasta para el desarrollo del sector, a pesar de que el ministro Alberto Nadal la hubiera anunciado para ese año. En cambio en el 2017, ya con gobierno con mando en plaza, el otro Nadal (Álvaro) ha realizado recientemente una subasta por un total de 3.000 megavatios y se anuncia para recientes fechas otra de otros tantos.
Es decir, España apura los tiempos para alcanzar los niveles acordados con Europa para el año 2020 de energías limpias. Pero la decisión política es crucial para recuperar un sector, el de las energías renovables y en especial el tejido industrial del sector eólico, vital para la economía de territorios como Galicia. Un dato: la inversión alcanzará los 30.000 empleos y cerca de 3.000 millones de inversión hasta 2020.
Otro ejemplo de la importancia de la presencia del estado es la concesión del préstamo por valor de 618,9 millones de euros para el desarrollo industrial, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno, que implica la movilización de inversiones por valor de 847,2 millones de euros, y cuya cuantía se ha visto incrementada en un 62% con respecto a la concedida en el año 2015.
En general, el Estado es un motor de la economía y más en una economía como la española, donde de forma directa un 39% del PIB, en algunos cálculos hasta el 50%, dependen del erario público.
LAS POLÍTICAS DE INCENTIVOS
Por tanto el Estado es necesario, y el Gobierno también ya que la toma de decisiones públicas incentiva la economía. Dicho todo esto, el debate de hoy es qué tipo de gobierno y de Estado deseamos, o mejor dicho, nuestro actual Estado hace las cosas suficientemente bien como para ser un verdadero incentivador de la economía. Pongamos dos ejemplos sobre este asunto: las dos empresas más ruinosas, desde el punto de vista económico, de España son la corporación RTVE y Hunosa, ambas, bajo la máxima del bien público, cuestan más de 2.000 millones anuales al erario público. Y si hacemos una comparación resulta que el importe es más del doble de la inversión necesaria para que llegue el AVE a Galicia.
En conjunto el Estado posee un peso específico en la economía del territorio, con 2.425 empresas (233 menos de las que había en 2011), a lo que si sumamos fundaciones, asociaciones y entidades varias alcanzan una cifra cercana a los 4.000 y un nivel de empleo superior al medio millón de empleados.
La pregunta es si es necesario “tanto” Estado, o mejor dicho, si dicho Estado es eficiente. Siendo un poco picajoso el Estado cuenta con más de 2.500.000 funcionarios pero a la vez nos encontramos con situaciones surrealistas como que la gestión de Catastro puede tardar varios años en responder un expediente o que el departamento responsable tarde años y años en gestionar un proyecto minero, o un proyecto eólico para el desarrollo de la economía.
Ya no hablemos de las gestiones de licencias de obra o de licencias de comercio, que puede llegar a situaciones incoherentes como que el negocio esté abierto varios años sin licencia aprobada. O el summun que una infraestructura pública esté terminada y sin uso por falta de trámites de otra administración. Francamente esto no puede ser.
España, con sus cuatro niveles de administración, no nos podemos permitir que el Estado sea un freno, y que los inversores internacionales se “asusten” de trámites y trámites para invertir sus millones en España, y claro está, con sus correspondientes costes.
Por tanto España es un país curioso, con mensajes de recortes y recortes, para ser eficientes y que debemos incentivar la inversión y el emprendimiento y al final todo lo paramos con una gestión de la administración pública organizada con los mimbres del estado de la década de los ochenta y que debe crecer en especialización y no en burocracia.
