Un pacto de rentas y una reforma fiscal son las dos medidas habituales en la solución de una crisis de inflación. En tiempos de Fuentes Quintana, vicepresidente de Economía en la Transición, esa lección no solo se impartía en las aulas de Económicas, sino que se llevaba a la práctica desde el Gobierno. No es el caso de ahora, pero a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, le gustaría que lo fuese. Ahí está su reiterado llamamiento en los últimos meses –también esta última semana– a los agentes sociales para que alcancen un pacto de rentas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania y la elevada inflación. Con la reforma fiscal parece haber tirado la toalla en esta legislatura, pero en España se hará esa reforma sí o sí. Tal vez con un nuevo gobierno en la Moncloa.
Un pacto de rentas es una solución contra la inflación –parcial, pero importante– porque frena que suban excesivamente los salarios y, a la vez, fuerza a que las empresas renuncien a parte de sus beneficios, sin elevar sus precios. Por eso Nadia Calviño sigue erre que erre apremiando a los agentes sociales a impulsar el pacto de rentas tras el batacazo de la inflación.
No hay otra alternativa al pacto de rentas si se quiere repartir el coste de la inflación de forma equitativa entre los asalariados y los empresarios, con el objetivo de frenar la subida de precios. Pero la petición de Nadia Calviño tropieza con que tanto las patronales como las centrales obreras parecen renunciar a un acuerdo en este sentido. Está por ver si Nadia Calviño tiene más herramientas que la persuasión, si es que le da tiempo a utilizarlas en lo poco que resta de legislatura.
En realidad, no solo a Nadia Calviño le interesa ese gran pacto. Si bien es razonable el interés de los sindicatos en elevar los salarios, la realidad indica que los únicos que están ganando son los empresarios. Algunos empresarios.
La propia UGT ha reconocido que los beneficios empresariales explican el 85% del alza de la inflación y que los salarios solo el 15%. Es más, un informe del Banco de España acaba de certificar que la inflación desbocada del verano, sin precedentes en 40 años, explica el empobrecimiento del conjunto de las familias españolas, muchas de ellas incapaces de soportar el gasto destinado a la cesta de la compra.
La iniciativa política siempre está en manos del Gobierno, por lo que Nadia Calviño –si quiere– puede sentar a todos los agentes sociales a una mesa de negociación, en busca de un pacto de rentas para al menos los próximos dos años.
“La negociación social es el lugar para un amplio acuerdo de autocontención de salarios y márgenes, pero el impulso desde el ámbito político sería esencial, aportando medidas complementarias que compensen a los sectores sociales más afectados por el curso de los precios y otras medidas estructurales que faciliten el proceso competitivo”, admite el senador socialista y profesor de economía Xaquín Fernández Leiceaga en un artículo publicado en Mundiario.
También en el libro Cómo salir de esta (II), de Mundiediciones, se echa de menos un gran pacto de rentas en España, un país que todavía está tratando de recuperar los niveles de PIB de 2019, lo que previsiblemente hará en 2023.
Son, pues, muchas las voces del debate público sobre la necesidad de un pacto de rentas como garantía de la estabilidad social en España.
@J_L_Gomez
