La crisis de la pandemia ha disparado los desajustes presupuestarios de los estados -en España de manera más notoria-, de ahí que todos los gobiernos anden buscando más ingresos para tapar su déficit y no seguir engordando la deuda. El problema afecta a todos, pero no a todos por igual, ya que la crisis económica derivada del coronavirus es más fuerte en unos países que en otros, como bien se sabe en España. Pero hay más razones en esa desigualdad.
Al margen de la crisis actual, si nos preguntásemos qué es lo que ha cambiado de fondo entre los buenos tiempos y la actualidad, veríamos que, básicamente, el problema está en la recaudación del impuesto de sociedades, que es -junto con el fraude- donde anida el verdadero problema fiscal español. Por supuesto que Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hace bien en sumarse a Daniele Franco, ministro de Economía y Finanzas de Italia; Bruno Le Maire, ministro de Economía, Finanzas y de la Recuperación de Francia, y Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, para reclamar un impuesto mínimo global de sociedades, pero no basta con eso.
Para el Gobierno de España es necesario aliarse con los ministros de Economía del G-7 en su propósito de sellar un acuerdo histórico en torno a un impuesto mínimo de sociedades –de un 15%–, capaz de frenar las prácticas de dumping fiscal que caracteriza, sobre todo, a las grandes empresas tecnológicas, y además, hacer deberes en casa. ¿Por qué motivos? Al menos por dos.
Uno de esos motivos es debido a que España debe mejorar la lucha contra el fraude fiscal en un país donde su economía sumergida ronda el 25% del PIB. Y otro, la baja recaudación del impuesto de sociedades, que lleva más de diez años marcando la diferencia entre la situación de la etapa de bonanza previa a la crisis de 2008 y la actualidad. En millones de euros, la diferencia por menor recaudación en sociedades es de nada menos que 20.000 millones, unos años algo más incluso y otros algo menos. Un ejemplo: en 2007 se recaudaron 44.823 millones de euros por sociedades mientras que en 2020 se pasó a 15.858 millones, un 32,2% menos que los 23.733 de 2019.
Es verdad que la menor recaudación se vio condicionada por las bases imponibles negativas, herencia de la crisis de las empresas, y que hubo un cambio del tipo base del impuesto, pero aun así resulta inexplicable este estado de cosas, como ya se constató en esta sección de Cuenta de resultados más de una vez.
Tuvo que llegar el demócrata Joe Biden a la Casa Blanca para que este debate se suscitase en España y en el resto de la Unión Europea, aunque a cuenta de un impuesto mínimo global a las empresas. EE UU marca de nuevo el camino de la ambición a Europa y lo hace sin complejos frente a la devastadora carrera a la baja en la recaudación del impuesto de sociedades. La posición de Biden engarza con el intento de Francia, Alemania, Italia y España de crear un sistema fiscal internacional adaptado al siglo XXI, como acaban de expresar Calviño, Franco, Le Maire y Scholz.
El objetivo de EEUU y la UE es ahora un sistema fiscal internacional más justo y eficiente, algo que ya era “una prioridad” antes de la actual crisis económica y que lo será “aún más “cuando salgamos de ella”, en palabras de los propios ministros de economía de Francia, Alemania, Italia y España.
AL ALZA
Los impuestos
Agobiados por la crisis y sus enormes deudas, los estados andan buscando dinero debajo de las piedras y para ello recurren a lo que tienen más a mano: los impuestos. En su punto de mira están, sobre todo, las grandes empresas digitales, cuyos beneficios se han disparado “hasta niveles no vistos en otros sectores de la economía”, como denuncian –por escrito– los propios ministros de Economía de Francia, Alemania, Italia y España, a rueda del presidente de EE UU, Joe Biden, el más audaz.
A LA BAJA
La recaudación
No es muy habitual leer una carta pública de cuatro ministros de Economía acusando a las multinacionales de “evitar el impuesto de sociedades desplazando sus beneficios a otros países”, lo cual supone reconocer que durante años se ha tolerado una situación cuando menos irregular y discriminatoria. Parece que los ministros de Francia, Alemania, Italia y España han descubierto el Mediterráneo: “el hecho de que operen en internet no quiere decir que no tengan que pagar impuestos”. Menos mal.
PROTAGONISTAS
Nadia Calviño
Ministra de Economía
Es una de las personalidades firmantes del compromiso para una posición común sobre un nuevo sistema fiscal internacional. Objetivo: que las multinacionales paguen unos impuestos justos, acordes con su éxito, para financiar los bienes públicos.
Olaf Scholz
Ministro de Finanzas
Desde Alemania se apuesta por garantizar los servicios públicos básicos y se propone recuperar el consenso internacional en asuntos como el impuesto de sociedades. El compromiso de un tipo efectivo mínimo del 15% sería un buen punto de partida.
Bruno le Maire
Ministro de Economía
Desde Francia se asume que el dumping fiscal no puede ser una opción en Europa ni en ningún país del mundo, ya que esta práctica solo llevaría a una caída aún mayor de la recaudación del impuesto sobre sociedades y a más desigualdad.
Daniele Franco
Ministro de Economía
Desde Italia se comparte que la crisis ha acentuado las desigualdades y que es urgente poner en marcha un sistema fiscal internacional eficiente y justo. Lo contrario –admite– sería algo que la opinión pública no va a seguir aceptando.
@J_L_Gomez
