La reforma del Impuesto de Sociedades obligará a las empresas a pagar a Hacienda por pérdidas en sus participadas anteriores al año 2013
La reforma del Impuesto de Sociedades tiene a los empresarios muy enfadados con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que entre otras lindezas obligará a las empresas a pagar a Hacienda por pérdidas en sus participadas anteriores al año 2013. Aunque no es la única medida que acaba de entrar en vigor, también las limitaciones, prácticamente eliminación, del aplazamiento o fraccionamiento del ingreso del IVA. Si uno se encuentra con una charla de empresarios constatará que no se habla de otra cosa.
De “inseguridad jurídica” lo califica el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, porque “el Real Decreto es de diciembre de 2016 y afecta a impuestos de ese mismo año, que las empresas ya teníamos programados, es decir, tiene efecto retroactivo, lo que traslada una incertidumbre total”, explica.
Jorge Cebreiros lo considera “un abuso legislativo porque puede afectar a la capacidad financiera de las empresas”, explica.
Un recurso
La CEOE ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad “lo que pasa es que si nos da la razón dentro de diez años, entonces ya está el daño causado a las empresas”, lamenta el líder de la patronal de la provincia de Pontevedra, además de la imagen de incertidumbre para la captación de inversiones.
Para Jorge Cebreiros esta situación produce además “un daño social a la imagen del empresario” de que “paga pocos impuestos, elude y es malo”. Considera que “los que legislan no saben de empresas y nunca la han vivido”, además de “cambiar las reglas del juego durante el partido”, concluye.
Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas, opina que “la retroactividad de los cambios sienta un precedente muy poco recomendable” y recuerda que “la economía, en general, necesita de un entorno previsible y estable que permita planificación. La introducción de cambios que afectan a ejercicios anteriores, además de discutible jurídicamente, resulta preocupante y puede actuar contra las decisiones de inversión pendientes”, señala.
El presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, Juan Güell, opina también que lo grave es que “hay un gran problema de competitividad, que se agrava con medidas de este tipo. No es un problema singular, de empresa a empresa, sino de tamaño de empresa, y estas medidas desincentivan el crecimiento pero también la inversión industrial y el empleo, por criterios meramente recaudatorios”, explica. En definitiva “son una barrera a las empresas que pudieran plantearse incrementar plantilla o facturación”, precisa.
Además, explica que “cuando se habla de que las empresas tienen una fiscalidad baja y eso se sustenta en que los tipos son bajos, no se tiene en cuenta que con estas medidas lo que se consigue es que las bases liquidables sean incrementadas artificialmente. Esto es algo que penaliza sobre todo a las grandes empresas”, concluye.
