En la gran empresa lo que pervive es un sistema oligárquico en el que muchos accionistas son meros ahorradores
Actualmente, en época de crisis, el tema de la competitividad en el mercado vuelve a ser un asunto esencial en el que se vuelcan todos los estudiosos y operadores mercantiles. Este aspecto debe de ser contemplado a la hora de abordar la estructura organizativa de las sociedades mercantiles, pues estas entidades son el principal operador económico o forma empresarial de desarrollo de la actividad mercantil en el siglo XXI.
Así, el gobierno de las compañías es un factor esencial de competitividad. En España, y manteniendo la idea ya recogida en el Informe Cadbury´s de 1992, el Círculo de Empresarios ya señaló que la salud económica de un país depende estrechamente de la competitividad de sus empresas y éstas, a su vez, están fuertemente condicionadas por el buen funcionamiento de sus órganos de gobierno y control. Resulta evidente que la fluidez y preparación de las decisiones en el gobierno de las compañías va a dar lugar a una mejora en la competitividad de estas.
La importancia de esta última afirmación se constata del hecho de que más del 90% de los operadores económicos, los cuales manejan de forma directa más del 90% de la economía, actúan bajo la forma de empresario constituido como sociedad jurídica y no como persona física o autónomo. Así en las sociedades anónimas modernas, el cumplimiento de los fines sociales exige que la gestión sea asumida por administradores más o menos profesionales, según el tamaño de la empresa, y cada vez más desvinculados de los socios. Estos administradores cada vez son poseedores de un mayor poder en la sociedad, siendo por ello preciso establecer un sistema de control y responsabilidad de los mismos que evite que hagan un mal uso de tales poderes o facultades. Caso de no hacerlo así, nos encontraremos con la posibilidad de que los administradores utilicen dichos poderes en beneficio propio en lugar de emplearlos para el cumplimiento de los fines sociales como órganos que son de la entidad.
En las grandes sociedades anónimas los administradores tienden a profesionalizarse desapareciendo los administradores puramente figurativos, para acceder a dichos puestos los mejor preparados. No es lo mismo buscar o ser administrador de una sociedad petrolera, de una constructora, de un hospital, de un hotel, o de una comercializadora, los conocimientos, calificación y capacidad para el puesto, y responsabilidades (medioambientales, laborales, administrativas, penales,…) serán muy diferentes de unas a otras.
Ya desde la Revolución Francesa, los cambios legislativos veían a las Sociedades Anónimas como Estados democráticos en los que la Junta General era el Pueblo, cada socio o acción un voto, y el Órgano de Administración el Gobierno. La legislación del siglo XIX y XX va reforzando la posición y los poderes del Órgano de Administración en detrimento de la Junta General, con la contraprestación a favor de los accionistas, los ciudadanos, de un sistema de responsabilidad más riguroso; con lo cual aquel órgano pasa a ocupar el vértice de la organización de la sociedad. En el caso de la sociedad anónima sus Estatutos sociales serían la Constitución.
En la gran empresa moderna lo que pervive es un régimen oligárquico. Muchos de los accionistas de las grandes empresas (Telefónica, ACS,…) son meros ahorradores, lo que provoca que el capital social esté disperso en multitud de personas, atomizando el interés del accionista, que por ello no hace uso de su derecho aumentando el absentismo en las Juntas. Ello provoca que solo estén ligados al poder, órgano de administración, un grupo minoritario de accionistas que van a regir la vida de la sociedad. El resto de socios desconectan de la sociedad debido a que el funcionamiento de la misma hace que no se enteren de cuando son las Juntas y a su sentimiento de inferioridad y alejamiento. Como vemos existirán unos accionistas de control, que aunque posean un paquete minoritario, no la mayoría del capital social, controlan la entidad, y otros son solamente de inversión que buscan un mero dividendo.
Por ello esa idea de competitividad y rendimiento ha generado una serie de factores que la caracterizan, siendo el más popular el de la managerial revolution, con la que se designa el fenómeno de profesionalismo en la administración de sociedades, y que se concreta en el hecho de que se atribuye la gestión y alta dirección de las empresas, sobre todo las grandes, a unos dirigentes que, en la mayoría de los casos, no participan en el capital de las mismas o lo hacen en unas proporciones mínimas.
Así el poder se concentra en minorías inversamente proporcionales a la dimensión y envergadura de la entidad.
