Tareas económicas pendientes

Solo hay que recordar que no hace ni tres años España tuvo que acudir al rescate financiero europeo para sanear a una parte importante de las cajas de ahorro. Los milagros en economía no existen. 
La economía española tiene graves problemas estructurales que no se han sabido solucionar. Nuestro país se ha caracterizado por abonarse a las políticas económicas cortoplacista, obviando aquellas que buscan mejoran los problemas estructurales. Tenemos, por lo tanto, muchas tareas económicas pendientes, que la crisis económica se ha ocupado de acrecentar.

En primer lugar nuestro tejido productivo pivota, excesivamente, sobre el sector servicios, en especial sobre la actividad turística, que si bien es un importante motor económico, se caracteriza por utilizar una mano de obra de escasa cualificación y con un marco laboral inestable, concentrado en la época estival y unas pocas más semanas en el año. Algo parecido se puede decir del sector de la construcción, con empleos de baja formación y excesivamente desarrollado. A diferencia de otros países como Alemania o Francia, en España el tejido industrial no se ha sabido (o querido) desarrollar y esto, siempre pasa factura. Es probable que, debido a la urgencia por potenciar a corto plazo ciertos sectores y actividades, se haya dejado de lado aquellas actividades más productivas a medio y largo plazo.

En segundo lugar no se puede decir que hemos salido de la crisis si España tiene una tasa de paro superior al 22%. Con estas cifras, casi una de cada cuatro personas que podría estar trabajando no lo puede hacer. Y los que lo hacen han visto mermadas sus condiciones laborales.  Los recortes salariales han afectado a todos, tanto empleados en el sector privado como en el público. El empleo indefinido es una “rara avis”. Desgraciadamente abundan los contratos ya no por meses, sino por días e incluso por horas. Las vidas laborales tienen cada vez más hojas, debido a los continuos contratos que van encadenando los trabajadores. Pero como la Encuesta de Población Activa (EPA) considera como ocupado a aquel que ha trabajado al menos una hora en la semana en la que se realiza la encuesta, la tasa de desempleo permite cierta disminución. Antes de la crisis ser mileurista era lo más parecido a ser un “paria económico”. Ahora, ganar mil euros es algo al alcance de unos pocos. No es de extrañar que cada vez más nuestros jóvenes se vean obligados a emigrar para encontrar un empleo acorde con sus cualificaciones, porque los que se quedan saben muy bien hasta donde pueden aspirar.

En tercer lugar, las cifras de deuda pública invitan a reflexionar sobre nuestra situación financiera y la confianza de la economía española  en el exterior. En poco más de cuatro años se ha pasado de una deuda pública entre el PIB del 60% a casi el 100%. O dicho de otra forma los ciudadanos que viven en España deben más de un billón de euros, tocamos por lo tanto a casi 21.500 euros de deuda por habitante. Habrá que ver cómo se va a pagar esto en los próximos años. Buena parte de esta cantidad se debe al rescate financiero que el Gobierno de España tuvo que pedir, ante la falta de liquidez de las cuentas públicas, para salvar a algunas cajas de ahorros, importe del que por cierto, solo se ha podido recuperar una pequeña cantidad, alrededor del 4,5%. El resto lo han sufragado los contribuyentes.

En cuarto lugar, y como consecuencia de haber fijado como objetivo prioritario la reducción de déficit público (para algunos analistas económicos, este ha sido realmente el único objetivo desde el inicio de la crisis) el recorte en servicios y prestaciones públicas ha sido el mayor de la historia de la democracia. Se ha desinvertido en educación no universitaria y universitaria, las ayudas y becas al estudio han sufrido un notable recorte, reduciendo las posibilidades de estudiar de muchos de nuestros jóvenes. 
La sanidad fue otra de las partidas más castigadas por los recortes presupuestarios lo que obligó a muchas familias a sufragar un mayor gasto sanitario y en medicamentos. Unido a lo anterior, el tiempo en lista de espera ha aumentado y todo esto a pesar de la derivación hacia centros privados de parte de los pacientes que necesitaban atención inmediata. 

La atención a la dependencia ha desaparecido para una parte importante de aquellos que en su momento tenían derecho. La eliminación paulatina de las ayudas a los cuidadores informales y la desaparición de las ayudas a aquellas personas con menor grado de dependencia, han sido una de las actuaciones más cuestionadas con los recortes. Sin embargo las políticas de austeridad, a tenor de las cifras de deuda pública no parecen haber tenido el éxito esperado
En quinto lugar España carece todavía de un sistema fiscal moderno y capaz de gravar adecuadamente al contribuyente en función de su capacidad económica. En los últimos años se ha actuado en materia tributaria (al igual que en el resto de políticas económicas) a golpe de Decreto-Ley. Tenemos un sistema fiscal donde el principal impuesto sobre la renta (IRPF) grava en exceso las rentas del trabajo y es mucho más generoso con las rentas de actividades económicas, sobre todo si tenemos en cuenta el sistema de estimación objetiva por módulos, las rentas de capital mobiliario y las Ganancias Patrimoniales.

Nuestro Impuesto de Sociedades (IS) ha sufrido importantes cambios que han reducido notablemente su capacidad recaudatoria, sobre todo si afecta a las grandes empresas. En cuanto al IVA es necesario reducir su complejidad, por ejemplo, que 47 artículos de este impuesto se dediquen a exenciones es una buena muestra de que es necesario introducir cambios que faciliten la aplicación del tributo. Además, en los últimos años, el sistema fiscal ha experimentado cierta regresividad, debido al incremento de capacidad recaudatoria de la imposición indirecta, en especial, por el IVA.

En sexto lugar y muy unido con lo anterior hay que combatir la economía sumergida y el fraude fiscal. La mayor parte de las estimaciones que miden esta problemática para España cifran la importancia de la economía sumergida en torno al 23-24% del PIB o lo que es lo mismo, las actividades no declaradas en España suponen cerca de 240.000 millones de euros. Esta cifra puede llegar a suponer una pérdida de recaudación de hasta 70.000 millones de euros anuales, prácticamente la misma cantidad que se recauda conjuntamente entre el IRPF y el IS. De haberse tomado las medidas necesarias para su reducción, los recortes en el gasto público hubieran sido mucho menores, mejorando nuestras cifras de déficit y deuda pública. 

Finalmente y tras esta última crisis, España se ha convertido en el segundo país de  la Unión Europea con mayor desigualdad de la renta. Si bien los efectos de la crisis han afectado a todos, la intensidad ha sido mucho mayor sobre las rentas bajas y medias bajas. Sin duda, las peores condiciones laborales y la reducción de las prestaciones sociales, sobre todo las de mantenimiento de renta, han provocado esta brecha en el reparto de la renta y la riqueza en nuestro país.

Como se puede comprobar el nuevo ejecutivo que salga de las elecciones generales de diciembre, tiene por delante muchos retos económicos, todos ellos de vital importancia para el bienestar de los ciudadanos.