Los costes energéticos comportan muchas más variables de las que el ciudadano cree cuando paga
Una vez más la luz vuelve a subir. Los datos que ha dado a conocer recientemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) hablan de subidas en 10 años de hasta un 50%. La pregunta es cómo en un país con un enorme potencial de producción eléctrica, vía hidráulica, vía eólica, vía biomasa, etcétera, no somos capaces de reducir el coste energético de nuestras empresas y viviendas, cuando pretendemos competir en un mundo donde el céntimo de euro decide una venta; y al mismo tiempo, ser el país que ha sido capaz de mejorar su posición competitiva mundial reduciendo el coste de la mano de obra hasta, en algunos sectores, de un 20%.
La repuesta a todos estos interrogantes la encontramos en los gastos que “esconden” nuestra factura de la luz. Una serie de costes vinculados a la energía y a la política energética de los últimos años, que poco o nada tiene que ver con mi gasto de luz. Caso de la moratoria nuclear por la compensación de la parálisis del sector nuclear. Por lo tanto, hay una notable diferencia entre pago por consumo y otros conceptos que, finalmente, también aparecen repercutidos en el recibo.
EL ORIGEN
Su origen está en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de 1994 y un real decreto posterior de 1995, que declararon la paralización de las centrales de Lemóniz, Valdecaballeros y una ampliación de Trillo, reconociendo el derecho de sus titulares a percibir una compensación. En conjunto todos los españoles en nuestras facturas hemos pagado 5.717 millones de euros, de los cuales más de 1.300 millones son intereses, a las eléctricas y a los bancos, de los que más de 1.300 millones son intereses, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Otra deuda asumida en la factura por decisión política es el llamado Déficit de tarifa. Parece ser que los costes de producción eléctrica no es suficiente el pago de las facturas para cubrirlos. Por tanto el conjunto de usuarios de la factura de la luz en España deben cerca de 30.000 millones de euros y subiendo por los intereses. Otra vez los cobradores de esta deuda son empresas eléctricas y la gran banca. Esta deuda nace en el Real Decreto 1432/2002.
El de aquellas “superministro” Rato estableció una norma según la cual la tarifa eléctrica nunca puede subir más que el IPC. El resultado ha sido una ingente cantidad de deuda, en especial desde el año 2005, donde la luz subió un 2% y los costes un 300%. A estos costes debemos unir los llamadas costes de peaje.
OTROS COSTES
En esta caja “negra” se suman los costes de las primas para el fomento de las energías renovables (21,8%), el transporte (3,7%) y distribución (12,8%) de la energía y un pack que suma un 3,7% de la parte regulada en la que está el peaje especial para las grandes empresas, los costes extraordinarios para las islas, Ceuta y Melilla y, por último, el déficit de tarifa. A estos costes, debemos sumarle además la reciente sentencia del Tribunal Supremo de subir los márgenes de las grandes eléctricas para poder cubrir con ello los costes que le generan la tarifa regulada por el gobierno.
Desde el año 2009 esta tarifa está fijada en cuatro euros al año por kilovatio de potencia contratada y que supondría un coste medio de 15,8 euros por cliente al año. La encargada de hacer los números ha sido la CNMC que ha determinado que el margen mínimo debería ser de 5,24 euros por kilovatio contratado al año.
Como ya intuyen, cuando pagan su factura de la luz solo un 35% del importe corresponde con su gasto por consumo de energía. Es decir, algo más de un tercio sobre el total. El resto se pierde entre decisiones políticas, jurídicas o “estratégicas”, ajenas al ciudadano en la mayoría de las ocasiones. Todas ellas no han conseguido parar un incremento de la luz sin precedentes. La receta para bajar el coste de la luz ya está inventada, la desarrolló un tal Adam Smith, en el principio de los tiempos de la economía moderna; retiren los gastos inapropiados del coste de la factura, dejen de tomar medidas reguladoras con costosísimos efectos a largo plazo, y en general permitan que la “mano invisible del mercado” actúe en la fijación del precio en un mercado en competencia en igual de condiciones de todos los agentes.
En fin, la receta se llama mercado libre, que la competencia real decida el precio y que los costes que deben ser pagados con el presupuesto del estado no sean incluidos en nuestras facturas para salvar alguna reunión que otra ante nuestros socios europeos.
