Las tecnologías ya están presentes en todos los ámbitos de la vida. Hoy es de lo más habitual hacer pagos con el móvil o cubrir nuestros datos en una encuesta de una página web, y, antes de hacerlo, casi nadie se asegura de que la página web cumple con las medidas de seguridad necesarias para mantener a salvo los datos personales. Esta falta de precaución fue uno de los temas principales que abordó la fiscal de sala del Tribunal Supremo, María Elvira Tejada de la Fuente, en su ponencia en el Foro La Región celebrado ayer en el restaurante A Carballeira de Santa Cruz, un evento que tuvo una especial dedicatoria a un ourensano ilustre como Emilio Atrio (1932-2014).
Tejada de la Fuente fue presentada por Juan Cástor Vázquez, jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense, quien incidió en el “gran incremento” de los ciberdelitos experimentado en todo el mundo en los últimos tiempos. Vázquez subrayó que, en Ourense, este tipo de delitos ya son uno de cada tres y se han multiplicado por diez en la última década, destacando especialmente los fraudes informáticos, que representan casi el 90% del total.
“Los jóvenes no diferencian entre lo real y la web”
Pero el tema que centró la atención de la fiscal fue el de los atentados contra la libertad de los menores, una cuestión que tiene “muy preocupada” a Tejada, que lanzó un llamamiento a los padres para que tengan un control de lo que sus hijos hacen en la red. Introdujo el tema afirmando que “estos delitos se han visto muy favorecidos con las nuevas tecnologías” y asegurando que “los niños son muy vulnerables frente a los depredadores sexuales de la red”. Esta vulnerabilidad se debe, por un lado, a la inocencia de los jóvenes, y, por otro, a su natividad digital, lo que les hace “no diferenciar entre una realidad analógica y otra digital”.
Además, un factor muy influyente en esta cuestión ha sido la pandemia, que disparó un 750% el crecimiento de estos delitos en España. Tejada destacó que “los contenidos son cada vez más duros y aparecen niños más pequeños” y que es un apartado en el que “cada vez es más difícil de investigar” dada la continua evolución tecnológica y renovación de los métodos delictivos y la baja tasa de denuncias, ya que se trata “de temas íntimos”. Incluso apuntó que los menores pueden “no darse cuenta de que están siendo víctimas de estas prácticas o pueden ser intimidados para que no cuenten nada”.
Pero Tejada subrayó que ha habido avances muy importantes en materia legislativa. Por ejemplo, se ha tipificado “el aprovechamiento de las tecnologías para aprovecharse sexualmente de los menores”; se puede inhabilitar a los condenados para que no entren en contacto con menores o la posibilidad de que haya agentes encubiertos en la red para desarticular estas redes de pornografía infantil.
Gente destrozada
Lo que deja tras de sí este tipo de delitos es “adolescentes, y no tan adolescentes, destrozados” al ver su intimidad expuesta en la web. Añade incluso que “a veces, el delincuente no tenía intención de hacer tanto daño. Dicen que lo hacían casi como una gracia”, algo que acaba teniendo consecuencias muy graves en las víctimas, que, en muchas ocasiones, son menores de edad y no se atreven a pedir ayuda ni a sus padres ni a las autoridades.
Por último, reclamó más colaboración de los proveedores de servicios y del sector privado para eliminar este tipo de contenido sensible y facilitar más datos a las autoridades, permitiendo mejorar la eficacia de la investigación en este apartado “crucial” para la defensa de los derechos y libertades de los jóvenes, que, en definitiva “son la sociedad del futuro”.
