Es la primera vez que se acepta una reclamación gallega para acudir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
La Abogacía del Estado recurrirá, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el reglamento comunitario que impone el método químico en sustitución del bioensayo en la detección de biotoxinas marinas, tal y como le comunicó a Galicia, este martes, en el transcurso de la comisión de seguimiento y coordinación de las actuaciones en tales instancias.
Lo ha anunciado, en rueda de prensa, el secretario xeral de la Consellería do Mar, Francisco Vidal Pardo, que ha comparecido junto a la directora del Instituto Tecnolóxico do Mar (Intecmar), Covadonga Salgado.
Ambos han explicado que dicha norma -la 15/2011, que se publicó el pasado 11 de enero- entrará en vigor el próximo 1 de julio, aunque hasta el 31 de diciembre de 2014 permitirá la coexistencia de ambas técnicas, con la nueva -el método químico- como la de referencia -lo que quiere decir que, en caso de litigio, será la que se imponga-.
La Comunidad Autónoma denuncia que el sistema químico es 'más caro, más lento y menos seguro' en lo relativo al control alimentario. En cuanto al precio, lo incrementa 'en unas 20 veces más', ha explicado Vidal Pardo. La multiplicación respecto a los tiempos es 'por tres o por cuatro' y, en consecuencia, 'va en el perjuicio del productor y del consumidor', porque puede que se reduzcan las garantías al realizarse menos controles en las depuradoras, ha avisado.
Estos fueron los argumentos que esgrimieron este martes los responsables gallegos ante la comisión de seguimiento, que se convocó tras la presentación -por la Consellería de Presidencia- de la propuesta de recurso en la conferencia sectorial para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. 'Los medios tienen que ser proporcionales a los fines', ha incidido el secretario xeral de Mar: 'Y en este caso, no lo son, vulneran el principio de proporcionalidad', ha denunciado.
Aunque la consellería, a través de un comunicado, indica que los Ministerios de Sanidad y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) mantuvieron una 'postura en contra' de la defensa gallega, la Abogacía del Estado accedió 'finalmente' a ser quien interponga un recurso 'para defender los intereses de Galicia', destaca.
'HAY BASE PARA PROSPERAR'
Que los letrados del Estado vayan a 'poner su firma' y 'el nombre del Reino de España' hace pensar a Vidal Pardo que 'hay base para prosperar' en el recurso. Asimismo, no descarta la posibilidad de pedir medidas cautelares en caso de que, como prevé, el litigio se dilate alrededor de un año. 'Si existe esa posibilidad, vamos a hacer uso de ella', ha aseverado.
Con todo, ha precisado que los jueces, 'independientes', valorarán 'lo que estimen oportuno' y que Galicia acatará la resolución, al igual que entiende que lo harán otros países de la Unión Europea, como Francia, que se opone al método del bioensayo. Por su parte, la Xunta 'ya tiene comprados los equipos y formado al personal' en el nuevo método.
Vidal Pardo ha subrayado el 'hito que supone' que la comisión de seguimiento aceptara la reclamación gallega, puesto que se trata de 'la primera vez' para Galicia y la última admisión de una demanda de una comunidad databa, además, de 2004.
Dicha comisión está compuesta por representantes de la Secretaría del Estado, de las Secretarías Generales Técnicas de cada ministerio, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Lo ha anunciado, en rueda de prensa, el secretario xeral de la Consellería do Mar, Francisco Vidal Pardo, que ha comparecido junto a la directora del Instituto Tecnolóxico do Mar (Intecmar), Covadonga Salgado.
Ambos han explicado que dicha norma -la 15/2011, que se publicó el pasado 11 de enero- entrará en vigor el próximo 1 de julio, aunque hasta el 31 de diciembre de 2014 permitirá la coexistencia de ambas técnicas, con la nueva -el método químico- como la de referencia -lo que quiere decir que, en caso de litigio, será la que se imponga-.
La Comunidad Autónoma denuncia que el sistema químico es 'más caro, más lento y menos seguro' en lo relativo al control alimentario. En cuanto al precio, lo incrementa 'en unas 20 veces más', ha explicado Vidal Pardo. La multiplicación respecto a los tiempos es 'por tres o por cuatro' y, en consecuencia, 'va en el perjuicio del productor y del consumidor', porque puede que se reduzcan las garantías al realizarse menos controles en las depuradoras, ha avisado.
Estos fueron los argumentos que esgrimieron este martes los responsables gallegos ante la comisión de seguimiento, que se convocó tras la presentación -por la Consellería de Presidencia- de la propuesta de recurso en la conferencia sectorial para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas. 'Los medios tienen que ser proporcionales a los fines', ha incidido el secretario xeral de Mar: 'Y en este caso, no lo son, vulneran el principio de proporcionalidad', ha denunciado.
Aunque la consellería, a través de un comunicado, indica que los Ministerios de Sanidad y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) mantuvieron una 'postura en contra' de la defensa gallega, la Abogacía del Estado accedió 'finalmente' a ser quien interponga un recurso 'para defender los intereses de Galicia', destaca.
'HAY BASE PARA PROSPERAR'
Que los letrados del Estado vayan a 'poner su firma' y 'el nombre del Reino de España' hace pensar a Vidal Pardo que 'hay base para prosperar' en el recurso. Asimismo, no descarta la posibilidad de pedir medidas cautelares en caso de que, como prevé, el litigio se dilate alrededor de un año. 'Si existe esa posibilidad, vamos a hacer uso de ella', ha aseverado.
Con todo, ha precisado que los jueces, 'independientes', valorarán 'lo que estimen oportuno' y que Galicia acatará la resolución, al igual que entiende que lo harán otros países de la Unión Europea, como Francia, que se opone al método del bioensayo. Por su parte, la Xunta 'ya tiene comprados los equipos y formado al personal' en el nuevo método.
Vidal Pardo ha subrayado el 'hito que supone' que la comisión de seguimiento aceptara la reclamación gallega, puesto que se trata de 'la primera vez' para Galicia y la última admisión de una demanda de una comunidad databa, además, de 2004.
Dicha comisión está compuesta por representantes de la Secretaría del Estado, de las Secretarías Generales Técnicas de cada ministerio, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
