El PPdeG entiende una ‘absoluta falta de lealtad institucional’ la redacción unilateral y el PSdeG reclama una reforma consensuada

El BNG plantea a los grupos un reglamento para fiscalizar las resoluciones y fijar sanciones a diputados absentistas

El BNG decidió tomar la iniciativa para sacar adelante un nuevo reglamento del Parlamento autonómico y, en esta línea, ha diseñado unas nuevas normas, que superan los 200 artículos en un borrador que entregará a los otros dos grupos a mediados de la próxima semana.
Según informaron fuentes nacionalistas, la propuesta del Bloque propone legislar un método de fiscalización a la Xunta para controlar el nivel de cumplimiento de las propuestas aprobadas en la Cámara, o establecer sanciones económicas para los diputados absentistas, entre otros puntos.

El texto que entregará el Grupo Parlamentario del Bloque a socialistas y 'populares' ‘incorpora, salvo algún matiz’ los puntos acordados en la Mesa de la Ponencia, que había avanzado hasta el artículo 44, y en la que participan Xesús Palmou (PP), Pablo López Vidal (PSdeG) y Tareixa Paz (BNG). A partir de ahí, el Bloque efectúa otras propuestas como ‘una fórmula de control de las proposiciones no de ley y las iniciativas legislativas’ aprobadas en la Cámara ‘para comprobar si el Gobierno cumple o no’.

Además, el documento establece sanciones económicas para los diputados que falten tres veces seguidas e injustificadas a los órganos parlamentarios. Aunque el PPdeG rechaza el documento de los nacionalistas, sí es partidario de endurecer el reglamento en este sentido y, sobre todo, establecer los mecanismos necesarios para que se pueda ejercer el voto electrónico --o medida similar-para los ausentes por motivos justificados.

Actualmente, en las comisiones se pasa lista de los asistentes, mientras que en los plenos, los letrados toman nota de los diputados que no acuden y de las justificaciones, en su caso. De este modo, el BNG trata de aumentar este control y sancionar con una rebaja de las retribuciones que el diputado percibe como representante en la Cámara.

Además, en materia de lengua, el BNG pretende reformular el artículo primero del reglamento actual, en el que se establece que ‘el gallego y el castellano serán las lenguas oficiales’, que ‘los diputados pueden hacer uso indistinto de ambas’ y que ‘las publicaciones serán bilingües’. Al respecto, aboga por ‘darle una vuelta más’ para potenciar el uso del gallego, ‘siempre’ en el marco del Estatuto de Autonomía y la Constitución, y no se mete en la designación del topónimo oficial de la Comunidad gallega.

MEJORAR TRAMITES PARLAMENTARIOS

También pretende mejorar aspectos de los trámites parlamentarios, debido a las dificultades para debatir todas las iniciativas y preguntas registradas, como desglosar las comisiones permanentes segunda y quinta, de manera que dividan las áreas que abarcan --política territorial, vivienda y medio ambiente, en el caso del órgano segundo; y sanidade, política social y empleo, en la comisión quinta--.

Asimismo, otra idea se basa en mejorar el debate de los presupuestos gallegos, precisamente en un año en que el PPdeG reprobó la celeridad de este procedimiento. Antes de la reforma de 1993, aprobada en solitario por la mayoría absoluta 'popular' con Fraga al frente, se debatían en el pleno los presupuestos consellería a consellería, mientras que ahora sólo se debaten en la comisión de Economía.

El texto sobre el que el Bloque propone trabajar busca un término intermedio para el proceso presupuestario y sugiere la posibilidad de que efectúen enmiendas parciales a un departamento concreto de la Xunta, las cuales se deberían someter a discusión en el órgano específico.

FALTA DE VOLUNTAD

La promotora de este texto, la nacionalista Tareixa Paz, justifica haberse puesto a la cabeza de la reforma ante la falta de ‘voluntad’ de los otros dos grupos ‘no sólo para reunirse, sino para hablar de un calendario’ para la ponencia y porque --lamentó-este trámite ‘no avanzaba lo suficiente’ como para finalizarlo antes de que termine la legislatura.

Sin embargo, Xesús Palmou adelantó que ‘no tiene ningún interés en conocer’ este documento. ‘Ni lo conocemos ni tenemos interés en conocerlo’, aseveró, y entendió una ‘absoluta falta de lealtad institucional’ que el BNG, ‘de forma unilateral’, pretenda acercar un texto pese a que existe una ponencia designada para ello.

Tanto la diputada nacionalista como el 'popular' achacan a problemas de agenda el hecho de que no se haya convocado la ponencia.

No obstante, Paz reivindica el ‘interés’ del BNG y recuerda que por sí sólo --con el actual reglamento-no puede convocar la ponencia (ya que para ello es necesario un grupo parlamentario de 15 o más diputados o el consenso de dos formaciones); mientras que Palmou lo atribuye a que ‘los socios de gobierno no se ponen de acuerdo y quieren dejarlo pasar’.

Además, el diputado del PPdeG disculpa no haber forzado la convocatoria (ya que tiene la suficiente representación para hacerlo unilateralmente) porque ‘al principio’ sí creyó que ‘había problemas’ de calendario y se dio cuenta ‘tarde’ de que el ‘problema era de otro tipo’ y, ahora, entiende que ‘ya no queda tiempo’ para aprobar unas nuevas normas debido a la inminencia de las elecciones autonómicas.

Aunque también el BNG es consciente de que el nuevo reglamento ya no se podrá aprobar en esta legislatura, pese a ser uno de los compromisos adquiridos, sí aspira a cerrar un trabajo que se pueda aprovechar al inicio del próximo periodo parlamentario y recordó que esta experiencia ya se tuvo con la Ley de Derecho Civil de Galicia, por lo que ve ‘posible’ repetirlo.

PUNTOS AVANZADOS

En todo caso, la diputada nacionalista asegura que el texto ‘no es una biblia’ y que sólo se trata de un documento ‘para trabajar sobre él’ y ‘discutir sobre todo’, por lo que entiende que debería ser bien acogido por los demás grupos. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista pide que el documento se apruebe ‘con el máximo consenso’, argumento al que se suma el PPdeG.

Antes de acabar el verano, los tres grupos avanzaron hasta el artículo 44 y consensuaron algunos puntos, pero en el mes de septiembre se fue dilatando una nueva reunión. Hasta entonces, se había acordado publicar en Internet las declaraciones de interés y de patrimonio, aunque los Servicios Jurídicos del Parlamento estudian si extender esta acción a la declaración de la renta de los diputados choca con la Ley de Protección de Datos al afectar a terceras personas.

También existe consenso en regular los posibles casos de transfuguismo, de manera que se endurecerá la situación para los diputados que abandonen por cuestiones poco éticas el grupo parlamentario del partido por el cual concurrieron a las elecciones.

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