Los 38 diputados de PSdeG y BNG aprobarán, con el voto en contra del PPdeG, la Ley de Residuos de Galicia, una normativa que aborda por primera vez la gestión de residuos con carácter integral y que, según el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, está diseñada para atender las necesidades actuales y las del futuro.
Esta legislación, que impone la prohibición de ejecutar desarrollos urbanísticos sobre suelos contaminados, supone para Manuel Vázquez comenzar a ganar el futuro. El conselleiro reprobó también el comportamiento de la oposición durante el trámite parlamentario de esta norma.
Así, agradeció a los populares su rigor científico, su visión de futuro y sus ansias por evitar introducir el interés partidista en el debate. En el mismo tono irónico, aplaudió la búsqueda permanente del consenso y el respeto a la Cámara por parte del PPdeG, así como su elegancia parlamentaria.
Vázquez hizo estas consideraciones después de que el portavoz popular de Medio Ambiente, Jaime Castiñeira, denunciase que el vertedero que Sogama gestiona en Areosa, en Cerceda (A Coruña), vierte residuos tóxicos al río Lengüelle, un afluente del Tambre, aguas arriba de la captación desde la que se abastece la ciudad de Santiago y otras localidades cercanas a la capital gallega.
POLEMICA
Como ya había hecho en otra sesión plenaria, el diputado popular mostró en el hemiciclo un bote de plástico con una muestra de este supuesto lixiviado --agua contaminada que emana de un material de desecho-procedente del cauce fluvial del Lengüelle, así como unas fotografías, material que entregó al término de su intervención a Manuel Vázquez.
A continuación y antes de tomar la palabra, el conselleiro depositó de camino a la tribuna el frasco y las fotos en el escaño del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que en ese momento no se encontraba en el hemiciclo. Se lo dejo a él porque es quien hizo Sogama, dijo.
No nos eligieron para ser elegantes sino para decir verdades, replicó Castiñeira y, entre otras acusaciones, aludió a que la Xunta haya mantenido secuestrados los Presupuestos autonómicos para 2009 o a un supuesto coche oficial de la Xunta que tiene una minitaberna. A esto el conselleiro añadió, con sarcasmo, que el diputado del PPdeG ya se definió con su intervención rigurosa, profunda y de interés general.
Previamente, Castiñeira denunció que Medio Ambiente almacena en Areosa 500.000 toneladas de basura sin tratar cada año y se refirió al conselleiro como el señor de los vertederos. No hay una semana sin un desastre, alertó, y limitó la gestión de la Consellería a palabriñas y anuncios. Respecto a la Ley de Residuos, criticó que se haya tramitado en 15 días y lo atribuyó al furor legislativo del Gobierno bipartito, que en esta sesión plenaria debatirá otros cuatro proyectos legislativos.
DEFENSA DE LA NORMATIVA
Por contra, el conselleiro destacó que esta nueva legislación fomenta la reducción, la reutilización y el reciclaje frente a la incineración y consideró que es eficiente y clara. También destacó el alto grado de implicación de los grupos durante el trámite parlamentario de la normativa y celebró que haya sido mejorada en la Cámara, que introdujo más de medio centenar de enmiendas al texto original.
Así, salieron adelante por unanimidad 32 de las modificaciones presentadas por PSdeG y BNG, que también aprobaron otras cuatro enmiendas con el rechazo del PP. Además, los grupos que apoyan el Gobierno respaldaron 15 de las enmiendas que presentaron los populares al texto, lo que prueba, según la diputada socialista Laura Seara, que hay otra forma de entender la política.
Entre las propuestas del PP que fueron aceptadas, figura una para elevar de 1,2 a dos millones de euros las sanciones máximas que se podrán imponer por la comisión de infracciones muy graves. Además, los ayuntamientos gallegos podrán establecer en sus ordenanzas municipales la posibilidad de que los infractores por abandono o vertido de residuos en la calle realicen trabajos voluntarios de limpieza en la vía pública como alternativa a la multa.
Otra de las novedades es que se regularán las obligaciones de los responsables de poner en el mercado productos que, con su uso, se convierten en residuos, así como la gestión que de éstos se pueden realizar. Asimismo, la ley recoge un seguro de responsabilidad civil y la prestación de una fianza, a la que quedarán sujetas tanto las actividades de gestión de deshechos como sus productores.
También se dispone que se podrán expropiar forzosamente terrenos para instalaciones de gestión de residuos y se exigirá una autorización administrativa para actividades productoras de residuos peligrosos.
OTROS PUNTOS DE LA NORMATIVA
Además, todas las empresas que generen residuos industriales tendrán que hacer anualmente un autoanálisis ambiental que posteriormente deberá ser ratificado por el órgano de control de la Xunta que, además, realizará auditorías para verificar que la información aportada es correcta.
A mayores, la Xunta podrá declarar un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación, independientemente del tiempo transcurrido desde que se produjo la contaminación. Además, no se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos sobre suelos contaminados.
En cuanto a la inspección, vigilancia y control, la norma establece que estas tareas le corresponden a la Consellería de Medio Ambiente o al ayuntamiento correspondiente. Así, se recoge el principio de reparación del medio ambiente alterado con independencia de la sanción impuesta.
Tanto la socialista Laura Seara como la parlamentaria del BNG Ana Belén Pontón reivindicaron la importancia de la normativa porque aborda con carácter integral la gestión de todos los residuos.
Supera una legislación muy dispersa, subrayó la socialista, y la diputada del BNG coincidió también en la importancia de dejar atrás el modelo heredado del Gobierno Fraga.
Así, agradeció a los populares su rigor científico, su visión de futuro y sus ansias por evitar introducir el interés partidista en el debate. En el mismo tono irónico, aplaudió la búsqueda permanente del consenso y el respeto a la Cámara por parte del PPdeG, así como su elegancia parlamentaria.
Vázquez hizo estas consideraciones después de que el portavoz popular de Medio Ambiente, Jaime Castiñeira, denunciase que el vertedero que Sogama gestiona en Areosa, en Cerceda (A Coruña), vierte residuos tóxicos al río Lengüelle, un afluente del Tambre, aguas arriba de la captación desde la que se abastece la ciudad de Santiago y otras localidades cercanas a la capital gallega.
POLEMICA
Como ya había hecho en otra sesión plenaria, el diputado popular mostró en el hemiciclo un bote de plástico con una muestra de este supuesto lixiviado --agua contaminada que emana de un material de desecho-procedente del cauce fluvial del Lengüelle, así como unas fotografías, material que entregó al término de su intervención a Manuel Vázquez.
A continuación y antes de tomar la palabra, el conselleiro depositó de camino a la tribuna el frasco y las fotos en el escaño del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que en ese momento no se encontraba en el hemiciclo. Se lo dejo a él porque es quien hizo Sogama, dijo.
No nos eligieron para ser elegantes sino para decir verdades, replicó Castiñeira y, entre otras acusaciones, aludió a que la Xunta haya mantenido secuestrados los Presupuestos autonómicos para 2009 o a un supuesto coche oficial de la Xunta que tiene una minitaberna. A esto el conselleiro añadió, con sarcasmo, que el diputado del PPdeG ya se definió con su intervención rigurosa, profunda y de interés general.
Previamente, Castiñeira denunció que Medio Ambiente almacena en Areosa 500.000 toneladas de basura sin tratar cada año y se refirió al conselleiro como el señor de los vertederos. No hay una semana sin un desastre, alertó, y limitó la gestión de la Consellería a palabriñas y anuncios. Respecto a la Ley de Residuos, criticó que se haya tramitado en 15 días y lo atribuyó al furor legislativo del Gobierno bipartito, que en esta sesión plenaria debatirá otros cuatro proyectos legislativos.
DEFENSA DE LA NORMATIVA
Por contra, el conselleiro destacó que esta nueva legislación fomenta la reducción, la reutilización y el reciclaje frente a la incineración y consideró que es eficiente y clara. También destacó el alto grado de implicación de los grupos durante el trámite parlamentario de la normativa y celebró que haya sido mejorada en la Cámara, que introdujo más de medio centenar de enmiendas al texto original.
Así, salieron adelante por unanimidad 32 de las modificaciones presentadas por PSdeG y BNG, que también aprobaron otras cuatro enmiendas con el rechazo del PP. Además, los grupos que apoyan el Gobierno respaldaron 15 de las enmiendas que presentaron los populares al texto, lo que prueba, según la diputada socialista Laura Seara, que hay otra forma de entender la política.
Entre las propuestas del PP que fueron aceptadas, figura una para elevar de 1,2 a dos millones de euros las sanciones máximas que se podrán imponer por la comisión de infracciones muy graves. Además, los ayuntamientos gallegos podrán establecer en sus ordenanzas municipales la posibilidad de que los infractores por abandono o vertido de residuos en la calle realicen trabajos voluntarios de limpieza en la vía pública como alternativa a la multa.
Otra de las novedades es que se regularán las obligaciones de los responsables de poner en el mercado productos que, con su uso, se convierten en residuos, así como la gestión que de éstos se pueden realizar. Asimismo, la ley recoge un seguro de responsabilidad civil y la prestación de una fianza, a la que quedarán sujetas tanto las actividades de gestión de deshechos como sus productores.
También se dispone que se podrán expropiar forzosamente terrenos para instalaciones de gestión de residuos y se exigirá una autorización administrativa para actividades productoras de residuos peligrosos.
OTROS PUNTOS DE LA NORMATIVA
Además, todas las empresas que generen residuos industriales tendrán que hacer anualmente un autoanálisis ambiental que posteriormente deberá ser ratificado por el órgano de control de la Xunta que, además, realizará auditorías para verificar que la información aportada es correcta.
A mayores, la Xunta podrá declarar un suelo como contaminado, lo que obliga a su descontaminación, independientemente del tiempo transcurrido desde que se produjo la contaminación. Además, no se podrán ejecutar desarrollos urbanísticos sobre suelos contaminados.
En cuanto a la inspección, vigilancia y control, la norma establece que estas tareas le corresponden a la Consellería de Medio Ambiente o al ayuntamiento correspondiente. Así, se recoge el principio de reparación del medio ambiente alterado con independencia de la sanción impuesta.
Tanto la socialista Laura Seara como la parlamentaria del BNG Ana Belén Pontón reivindicaron la importancia de la normativa porque aborda con carácter integral la gestión de todos los residuos.
Supera una legislación muy dispersa, subrayó la socialista, y la diputada del BNG coincidió también en la importancia de dejar atrás el modelo heredado del Gobierno Fraga.
