Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago de Compostela, adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras detuvieron a cinco personas y desarticularon una red de favorecimiento de la inmigración ilegal y explotación laboral, que introducía en España ciudadanos marroquíes para su explotación laboral.
Según informó la Comisaría de Santiago, la denominada 'Operación Encofrado' fue iniciada en octubre de 2008 y coordinada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela, en la que fueron detenidos cinco personas e ingresó en prisión la principal responsable.
El 'modus operandi' de la red consistía en reclutar súbditos marroquíes en su país de origen que, tras abonar al enlace en Marruecos una suma aproximada de 10.000 euros, obtenían el visado para entrar en territorio nacional.
También conseguían la pertinente autorización para trabajar y residir en España mediante ofertas de trabajo elaboradas por la empresa investigada radicada en Santiago. Una vez en España prestaban servicios para esa firma por breves periodos de tiempo, sometidos a condiciones laborales contrarias a la legislación laboral española, fundamentalmente en lo que se refiere a los tiempos de descanso, jornada laboral máxima y retribuciones, éstas últimas incluso inexistentes en algunos períodos, lo que condujo a las víctimas a durísimas situaciones personales, según precisaron las mismas fuentes.
Asimismo, eran enviados a centros de trabajo dispersos en el territorio nacional, incumpliendo lo estipulado en las autorizaciones de residencia, limitadas para la actividad de construcción en la provincia de A Coruña, lo cual, provocó, incluso, la actividad sancionadora de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, además, la citada empresa adeuda fuertes sumas por impagos a la misma.
NUMEROSA DOCUMENTACION
Los agentes aportaron, junto con el atestado, numerosa documentación de diversa índole, como un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, ofertas de empleo y contratos, solicitudes de residencia y resoluciones de las mismas, entre otros documentos, que refuerzan las declaraciones prestadas por las victimas.
Como consecuencia de la investigación fueron detenidas las ciudadanas españolas N.C.G.M. y S.A.G., apoderada y administradora respectivamente de la empresa investigada, y el ciudadano chileno R.A.G.S., administrativo de la firma, siendo decretada el 3 de abril de 2009 por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, prisión provisional sin fianza para N.C.G.M., imputada por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
La Comisaría de Santiago destacó, además, que la operación policial tiene ramificaciones en otras provincias, colaborando con el Grupo Operativo de Extranjeros de Santiago de Compostela, que dirige la citada operación, el Grupo Operativo de Extranjeros de Albacete, donde fueron detenidos los ciudadanos marroquíes A.O. y M.O, coautores del delito, y los Grupos Operativos de Extranjeros de Almería y Puigcerda, donde se localizó y tomó declaración a varias de las victimas.
Durante la investigación se procedió al registro de la oficina de la empresa implicada y el domicilio de la principal imputada N.C.G.M, situados en las localidades coruñesas de Santiago de Compostela y Teo. Entre los efectos intervenidos se incluye diversa documentación de la firma y sobre ciudadanos marroquíes supuestamente explotados por la red.
El 'modus operandi' de la red consistía en reclutar súbditos marroquíes en su país de origen que, tras abonar al enlace en Marruecos una suma aproximada de 10.000 euros, obtenían el visado para entrar en territorio nacional.
También conseguían la pertinente autorización para trabajar y residir en España mediante ofertas de trabajo elaboradas por la empresa investigada radicada en Santiago. Una vez en España prestaban servicios para esa firma por breves periodos de tiempo, sometidos a condiciones laborales contrarias a la legislación laboral española, fundamentalmente en lo que se refiere a los tiempos de descanso, jornada laboral máxima y retribuciones, éstas últimas incluso inexistentes en algunos períodos, lo que condujo a las víctimas a durísimas situaciones personales, según precisaron las mismas fuentes.
Asimismo, eran enviados a centros de trabajo dispersos en el territorio nacional, incumpliendo lo estipulado en las autorizaciones de residencia, limitadas para la actividad de construcción en la provincia de A Coruña, lo cual, provocó, incluso, la actividad sancionadora de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la que, además, la citada empresa adeuda fuertes sumas por impagos a la misma.
NUMEROSA DOCUMENTACION
Los agentes aportaron, junto con el atestado, numerosa documentación de diversa índole, como un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social de la Inspección de Trabajo, ofertas de empleo y contratos, solicitudes de residencia y resoluciones de las mismas, entre otros documentos, que refuerzan las declaraciones prestadas por las victimas.
Como consecuencia de la investigación fueron detenidas las ciudadanas españolas N.C.G.M. y S.A.G., apoderada y administradora respectivamente de la empresa investigada, y el ciudadano chileno R.A.G.S., administrativo de la firma, siendo decretada el 3 de abril de 2009 por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, prisión provisional sin fianza para N.C.G.M., imputada por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
La Comisaría de Santiago destacó, además, que la operación policial tiene ramificaciones en otras provincias, colaborando con el Grupo Operativo de Extranjeros de Santiago de Compostela, que dirige la citada operación, el Grupo Operativo de Extranjeros de Albacete, donde fueron detenidos los ciudadanos marroquíes A.O. y M.O, coautores del delito, y los Grupos Operativos de Extranjeros de Almería y Puigcerda, donde se localizó y tomó declaración a varias de las victimas.
Durante la investigación se procedió al registro de la oficina de la empresa implicada y el domicilio de la principal imputada N.C.G.M, situados en las localidades coruñesas de Santiago de Compostela y Teo. Entre los efectos intervenidos se incluye diversa documentación de la firma y sobre ciudadanos marroquíes supuestamente explotados por la red.
