La portavoz municipal del PP reconoció que el acuerdo le había parecido "un error político enorme"
La Fiscalía mantuvo ayer su petición de nueve años de inhabilitación para siete ediles del grupo de gobierno de Santiago, acusados de prevaricación por acordar el pago de la defensa de otro concejal imputado en la Pokemon, mientras la defensa de los procesados proclamó su inocencia al término del juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1. La vista oral, que se celebró casi ininterrumpidamente desde por la mañana, quedó vista para sentencia con las conclusiones del fiscal y la defensa, después de que hubiesen testificado los concejales y otros siete testigos propuestos por las partes.
El juicio comenzó hacia las 10,45 horas y, tras prestar declaración los siete concejales imputados y los testigos -dos de la Fiscalía y cinco de la defensa-, después de un breve receso se presentaron las conclusiones del caso. Los siete concejales del PPdeG del Gobierno de Santiago de Compostela se sentaron en el banquillo por haber acordado en mayo de 2013 que el Ayuntamiento sufragase con sus fondos la defensa del compañero de la Corporación municipal, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokemon.
Los concejales juzgados por adoptar este acuerdo, que al final no se materializó puesto que Varela renunció a costear su defensa con cargo al erario, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. Todos los concejales coincidieron ante el tribunal en considerar legal su actuación, que justificaron con informes jurídicos, en contra del criterio de la Fiscalía, que indicó que se habían explicitado unos condicionantes para pagar la defensa al edil que no fueron tenidos en cuenta.
María Pardo, portavoz del gobierno local, aun considerando que fue legal el acuerdo, llegó a manifestar que en un primer momento le pareció "un error político enorme" la solicitud del edil imputado en la Pokemon de pagar con fondos públicos su defensa, pero subrayó que la junta de gobierno, que adoptó el acuerdo, no podía prejuzgar si Varela era inocente o culpable, y que únicamente se reconocía hacia él su derecho a la defensa.
Informe del secretario
Esta fue la posición mantenida en todo momento por los concejales, que insistieron, además, en que ellos no habían redactado el acta final del acuerdo y consideraron que su voluntad expresa era la de incorporar el informe del secretario que advertía de los condicionantes. El secretario indicaba las condiciones del Supremo para abonar la defensa de un cargo público, esto es, que estuviese en ejercicio, que su actuación no fuese un abuso o desvío de poder y que la sentencia fuese absolutoria.
La fiscal en sus conclusiones finales insistió en pedir la inhabilitación y en que los ediles cometieron un delito de prevaricación al aprobar el acuerdo porque "va más allá" de abonar la defensa a su compañero que está inmerso en un caso de "corrupción", por lo que los ediles deberían haber sido especialmente cuidadosos del dinero y de los intereses públicos.
El responsable de la defensa de los siete ediles pidió su libre absolución ya que entiende que el acuerdo adoptado fue "absolutamente legal".
