La Fiscalía Superior de Galicia abrió diligencias informativas para conocer si hubo delito en la recalificación de terrenos en la localidad coruñesa de Aranga, por el cambio de rústico a industrial de tres millones de metros cuadrados de suelo, bajo la orden del actual alcalde, el 'popular' Manuel Brañas.
Será la Guardia Civil la encargada de la investigación que aclare las circunstancias de la recalificación y que permitirá a la Fiscalía decidir si es necesario o no continuar con las diligencias, después de que la oposición y la población le pidieran explicaciones en un pleno extraordinario, en el que Brañas se limitó a leer un comunicado, levantando la sesión sin dar opción a réplica.
Esta situación provocó un acuerdo entre PSOE y BNG para convocar un segundo pleno de manera extraordinaria que se celebró este mediodía y en el que ambos partidos pidieron al PP explicaciones, según informó la socialista Silvia Pena.
Pena se mostró optimista pues explicó que Brañas, aunque evitó el compromiso formal, si aceptó de manera verbal darles la razón si cuando se acabe el plazo de alegaciones se demuestra que la tienen y siempre que sea técnicamente posible.
Por otro parte, el pleno supuso además la creación de una comisión informativa aprobada por unanimidad que permitirá al pleno municipal estar al corriente de todos los movimientos que se lleven a cabo en los terrenos de la zona.
HECHOS.
El alcalde de la localidad coruñesa de Aranga, el popular Manuel Brañas, está acusado de la recalificación de 3 millones de metros cuadrados de suelo calificado como rústico para la construcción de un polígono industrial y 740 viviendas.
Brañas reconoció haber alcanzado un acuerdo verbal para la recalificación con el empresario José Collazo, propietario de la mayor parte de los terrenos, entre 2004 y 2005, para el desarrollo de un proyecto que aún está pendiente de la aprobación por parte de la Consellería de Política Territorial.
Fuentes socialistas explicaron que, a raíz de la exposición pública del Plan Xeral de Ordenación Municipal, tanto la oposición, como los ciudadanos empezaron a ver interrogantes bastante oscuros, por lo que decidieron pedir un pleno extraordinario para que, además del acuerdo, dé cuentas de por qué no avisó al resto de propietarios a la hora de alcanzarlo.
Por su parte, Brañas negó en su intervención en el pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado 28 de febrero cualquier intención de ocultismo pues aseguró haber remitido el documento a Ferrocarriles, Aguas de Galicia, la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Fomento, la Consellería de Política Territorial, la de Medio Ambiente, la de Cultura y a la Diputación de A Coruña.
