Los grupos representados en el Parlamento acordaron ayer, por unanimidad, que Hacienda informe adecuadamente a los emigrantes retornados de las notificaciones en las que se exige el pago de impuestos nunca abonados, así como de un recargo y una multa. El BNG, en la reunión de la comisión de Economía, fracasó en su intento de pedir la anulación de los distintos expedientes sancionadores que han sido abiertos por la Agencia Tributaria, al igual que Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que igualmente demandaba que quedasen sin efecto estas medidas.
También vio frustrado su intento el PSdeG, que había reclamado una actuación del Gobierno gallego en relación con la inspección de la Agencia Tributaria a los jubilados perceptores de pensiones de otros países. Únicamente los partidos de la oposición apoyaron mutuamente sus respectivas iniciativas.
El PP se opuso y el diputado Pedro Puy explicó que este no es un problema exclusivo de Galicia, que la reclamación de dejar sin efecto estas acciones no es posible y que sí conviene 'dar asistencia' a los afectados para que puedan resolver esta situación.
Mostró su solidaridad 'con quienes están pasando un mal momento' y su organización política apoyó un punto de la proposición no de ley de AGE en el que se insta a la Xunta a que demande de la Hacienda pública una campaña informativa. Este aspecto de la propuesta salió adelante con 12 votos a favor.
El nacionalista Francisco Jorquera insistió en que la Administración Tributaria dio una información 'confusa y engañosa que conducía total y absolutamente al equívoco', mientras que Yolanda Díaz, de AGE, remarcó que 'no queremos caridad' y auguró una 'bomba en breve' si esto no se resuelve.
Esta tesis fue compartida por la representante socialista Carmen Gallego que, al igual que Jorquera, recalcó que 'hubo una evidente falta de información que derivó' en este panorama y en una inspección posterior 'hecha premeditadamente'. Manifestó que las sanciones son de 'hasta 15.000 euros y mucho más' y vaticinó, como Díaz, que se 'estrangulará la economía de muchos ciudadanos de este país' puesto que estamos ante 'un problema muy grave en Galicia, por la fuerte emigración que hemos tenido'. '
Cada uno de nosotros tiene en su familia algún caso', esgrimieron los socialistas, y 'son personas mal informadas, no defraudadores fiscales', y por ello no han de ser tratados como tales.
El PP se opuso y el diputado Pedro Puy explicó que este no es un problema exclusivo de Galicia, que la reclamación de dejar sin efecto estas acciones no es posible y que sí conviene 'dar asistencia' a los afectados para que puedan resolver esta situación.
Mostró su solidaridad 'con quienes están pasando un mal momento' y su organización política apoyó un punto de la proposición no de ley de AGE en el que se insta a la Xunta a que demande de la Hacienda pública una campaña informativa. Este aspecto de la propuesta salió adelante con 12 votos a favor.
El nacionalista Francisco Jorquera insistió en que la Administración Tributaria dio una información 'confusa y engañosa que conducía total y absolutamente al equívoco', mientras que Yolanda Díaz, de AGE, remarcó que 'no queremos caridad' y auguró una 'bomba en breve' si esto no se resuelve.
Esta tesis fue compartida por la representante socialista Carmen Gallego que, al igual que Jorquera, recalcó que 'hubo una evidente falta de información que derivó' en este panorama y en una inspección posterior 'hecha premeditadamente'. Manifestó que las sanciones son de 'hasta 15.000 euros y mucho más' y vaticinó, como Díaz, que se 'estrangulará la economía de muchos ciudadanos de este país' puesto que estamos ante 'un problema muy grave en Galicia, por la fuerte emigración que hemos tenido'. '
Cada uno de nosotros tiene en su familia algún caso', esgrimieron los socialistas, y 'son personas mal informadas, no defraudadores fiscales', y por ello no han de ser tratados como tales.
