El jefe de inmigración del Ministerio de Trabajo en Lugo, Alberto Linares, reconoció que la jueza que investiga una supuesta trama de inducción a la prostitución en clubes de la provincia registró su despacho el pasado fin de semana y valoró que ésta ha sido escrupulosa y urgió que cuanto antes se esclarezcan las responsabilidades.
Linares comentó que el domingo pasado se llevó a cabo el registro de su oficina, situada en la calle Río Neira, resaltando que en esas inspecciones se ha mostrado absolutamente escrupulosa. Según dijo, es natural que la jueza se preocupe por saber si la oficina de extranjeros o el área de trabajo e Inmigración se ha ajustado a derecho en la expedición de permisos.
Este registro ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Pilar de Lara Cifuentes, se enmarca dentro del operativo denominado 'Carioca' para el esclarecimiento de supuestos delitos relacionados con la prostitución, en el que han sido detenidas más de una treintena de personas, de las cuales 14 están en prisión.
En concreto, la magistrada decretó el ingreso en prisión de una de las tres personas detenidas el pasado fin de semana en A Mariña luguesa, y dejó a los otros dos los dejaba en libertad. Así, ya son 14 las personas encarceladas, entre ellas un ex cabo de la Guardia Civil y un sargento de la Policía Local.
Es deseable que, cuanto antes, se ultimen los procedimientos para que las responsabilidades sí es que existen se diluciden y esclarezcan, recalcó el alto cargo del Ministerio de Trabajo, al tiempo que explicó que a su oficina se le reclamaron expedientes, que se entregaron. Estamos a la espera de que la jueza cumpla con sus funciones, matizó.
También recalcó su convencimiento de que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos son personas honestas como lo son los agentes de la Policía. Por ello, trató de despejar cualquier duda y afirmó que a través de su oficina han tenido contacto con muchos agentes de la policía y jamás ningún agente de la Policía Nacional ha hecho ningún tipo de manifestación que pudiera entenderse contraria a la ley.
Lo digo yo que he gerencia y llevado toda la oficina de extranjeros y que sigo siendo jefe de Inmigración en Lugo, sostuvo y añadió que la mayoría de los permisos que se expiden se refieren a mujeres que son contratadas para labores domésticas, en muchos casos como cuidadoras de personas mayores, y camareras.
QUEJAS
Por su parte, el secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía, Miguel González, trasladó hoy que la plantilla de la Comisaría de Lugo está molesta tras el registro practicado el domingo bajo la dirección de la jueza que instruye la investigación de la 'operación carioca' acompañada de una unidad de agentes internos procedentes de Madrid.
Agentes y jueza revisaron asuntos relacionados con las tramitaciones de extranjería, con el fin de ver si existen irregularidades en este aspecto vinculadas a una operación para esclarecer supuestos delitos relacionados con la prostitución. Todo el mundo tiene que estar molesto porque esto no es ninguna cueva de ali-baba, protestó el representante policial.
Bastaría simplemente con una llamada diciendo que tengan preparado esto, dijo. Yo hago una reflexión en alto, ¿Con todo lo que está cayendo estos días si alguien tuviese un documento raro iban a estar esperando a que viniesen a recogerlo? Es de sentido común que si hubiera algún documento comprometedor se hubiera destruido, no se va a tener en un cajón o debajo de los ordenadores, sostuvo.
Sobre todo, González lamentó el daño que se ha podido hacer a la comisaría, por lo que no dudó en pedir a la jueza que, levante más pronto que tarde el secreto de sumario para decir las cosas claras.
A los representantes de los trabajadores de la Policía no nos parece el modo más adecuado de entrar, de esta forma. Con una llamada de la jueza se pondría a su disposición todos los archivos. Aquí no hay que ocultar, apostilló y añadió que en la comisaría tienen la conciencia tranquila.
EXCESOS
En esta línea, el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Diego Fernández, se mostró crítico con los excesos y las formas en el registro. De este modo, apuntó que técnicamente todos los procedimientos y documentos relativos a regularización, concesiones de tarjeta y trámites de expedientes de expulsión tienen un número de registro, que permite individualizarlos, para luego remitirlos a la Subdelegación del Gobierno, que es quien tiene la potestad para denegar o autorizar.
Así, precisó que todos los expedientes tienen un número de registro y existen mecanismos internos para que haya una cadena de custodia de los documentos y evitar que los mismos puedan ser destruidos o modificados, una vez que están presentados y registrados.
Por ello, se preguntó si no habría sido más fácil solicitar a la comisaría todos los documentos confeccionados entre las fechas investigadas, en el caso de existir alguna sospecha. Con todo, pidió que, en caso de que alguien haya cometido alguna irregularidad, caiga sobre esas personas todo el peso de la ley y de régimen disciplinario. Sin embargo, concluyó afirmando que no se puede nunca extender las sospechas a todo el colectivo como, a su juicio, ha ocurrido con este caso.
Este registro ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1, Pilar de Lara Cifuentes, se enmarca dentro del operativo denominado 'Carioca' para el esclarecimiento de supuestos delitos relacionados con la prostitución, en el que han sido detenidas más de una treintena de personas, de las cuales 14 están en prisión.
En concreto, la magistrada decretó el ingreso en prisión de una de las tres personas detenidas el pasado fin de semana en A Mariña luguesa, y dejó a los otros dos los dejaba en libertad. Así, ya son 14 las personas encarceladas, entre ellas un ex cabo de la Guardia Civil y un sargento de la Policía Local.
Es deseable que, cuanto antes, se ultimen los procedimientos para que las responsabilidades sí es que existen se diluciden y esclarezcan, recalcó el alto cargo del Ministerio de Trabajo, al tiempo que explicó que a su oficina se le reclamaron expedientes, que se entregaron. Estamos a la espera de que la jueza cumpla con sus funciones, matizó.
También recalcó su convencimiento de que la inmensa mayoría de los funcionarios públicos son personas honestas como lo son los agentes de la Policía. Por ello, trató de despejar cualquier duda y afirmó que a través de su oficina han tenido contacto con muchos agentes de la policía y jamás ningún agente de la Policía Nacional ha hecho ningún tipo de manifestación que pudiera entenderse contraria a la ley.
Lo digo yo que he gerencia y llevado toda la oficina de extranjeros y que sigo siendo jefe de Inmigración en Lugo, sostuvo y añadió que la mayoría de los permisos que se expiden se refieren a mujeres que son contratadas para labores domésticas, en muchos casos como cuidadoras de personas mayores, y camareras.
QUEJAS
Por su parte, el secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía, Miguel González, trasladó hoy que la plantilla de la Comisaría de Lugo está molesta tras el registro practicado el domingo bajo la dirección de la jueza que instruye la investigación de la 'operación carioca' acompañada de una unidad de agentes internos procedentes de Madrid.
Agentes y jueza revisaron asuntos relacionados con las tramitaciones de extranjería, con el fin de ver si existen irregularidades en este aspecto vinculadas a una operación para esclarecer supuestos delitos relacionados con la prostitución. Todo el mundo tiene que estar molesto porque esto no es ninguna cueva de ali-baba, protestó el representante policial.
Bastaría simplemente con una llamada diciendo que tengan preparado esto, dijo. Yo hago una reflexión en alto, ¿Con todo lo que está cayendo estos días si alguien tuviese un documento raro iban a estar esperando a que viniesen a recogerlo? Es de sentido común que si hubiera algún documento comprometedor se hubiera destruido, no se va a tener en un cajón o debajo de los ordenadores, sostuvo.
Sobre todo, González lamentó el daño que se ha podido hacer a la comisaría, por lo que no dudó en pedir a la jueza que, levante más pronto que tarde el secreto de sumario para decir las cosas claras.
A los representantes de los trabajadores de la Policía no nos parece el modo más adecuado de entrar, de esta forma. Con una llamada de la jueza se pondría a su disposición todos los archivos. Aquí no hay que ocultar, apostilló y añadió que en la comisaría tienen la conciencia tranquila.
EXCESOS
En esta línea, el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Diego Fernández, se mostró crítico con los excesos y las formas en el registro. De este modo, apuntó que técnicamente todos los procedimientos y documentos relativos a regularización, concesiones de tarjeta y trámites de expedientes de expulsión tienen un número de registro, que permite individualizarlos, para luego remitirlos a la Subdelegación del Gobierno, que es quien tiene la potestad para denegar o autorizar.
Así, precisó que todos los expedientes tienen un número de registro y existen mecanismos internos para que haya una cadena de custodia de los documentos y evitar que los mismos puedan ser destruidos o modificados, una vez que están presentados y registrados.
Por ello, se preguntó si no habría sido más fácil solicitar a la comisaría todos los documentos confeccionados entre las fechas investigadas, en el caso de existir alguna sospecha. Con todo, pidió que, en caso de que alguien haya cometido alguna irregularidad, caiga sobre esas personas todo el peso de la ley y de régimen disciplinario. Sin embargo, concluyó afirmando que no se puede nunca extender las sospechas a todo el colectivo como, a su juicio, ha ocurrido con este caso.
