El informe correspondiente a las actividades llevadas a cabo durante el año 2008 por la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Enrique Múgica, constata que esta institución recibió un total de 1.661 quejas de gallegos, en su mayor parte referidas a expe dientes abiertos por actividades de Hacienda y de operadores de telefonía. Por provincias, A Coruña se situó a la cabeza de las protestas, acaparando cerca del 50 por ciento de las registradas en el conjunto de la comunidad autónoma.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, presentó al Congreso, el pasado 10 de septiembre, el informe de su oficina correspondiente al 2008 en el que dio a conocer el conjunto de actividades desarrolladas por la institución el año pasado. Múgica Herzog recibió el pasado año 23.899 expedientes de queja, de los que 1.661 procedían de ciudadanos gallegos. El mayor número de reclamaciones tuvo su origen en A Coruña, que registró 814, casi tantas como el resto de las tres provincias gallegas juntas.
Los expedientes de queja han aumentado en todo el país un 37,56 por ciento hasta alcanzar los mencionados 23.899 casos, siendo las comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Castilla y León las que encabezan este ránking. Galicia también ha registrado un significativo incremento de quejas y ocupa el sexto lugar entre todas las autonomías, ya que si en el año 2007 se contabilizaron 991 reclamaciones, durante el pasado ejercicio esta cifra se elevó hasta los 1.661 expedientes.
Quejas principales
El importante aumento de las reclamaciones en 2008 ha tenido como origen principal actuaciones relacionadas con Hacienda y la gestión tributaria. También es igualmente significativo el aumento en el número de quejas individuales referidas a las telecomunicaciones, así como la constante recepción de expedientes presentados por funcionarios y empleados públicos sobre cuestiones que afectan a sus condiciones de trabajo.
El Defensor se muestra preocupado sobre la evolución de la red ferroviaria en España, y más concretamente sobre lo que denomina consecuencias menos positivas del desarrollo de la alta velocidad. En este sentido, explica que durante el pasado ejercicio se siguieron dos líneas de investigación sobre la red ferroviaria, la primera por la posible cancelación o supresión de trayectos intrarregionales, y la otra referida a las diferencias tarifarias que muchos usuarios de la alta velocidad entienden que no se ajustan al servicio prestado.
Concellos hostiles y retrasos de órganos de la Xunta de Galicia y del Estado
A lo largo de 2008, el Defensor del Pueblo formuló un total de 125 recomendaciones y 190 sugerencias. En el caso de la comunidad gallega hay varias instituciones y concellos que aparecen reflejados en su informe. La primera de las recomendaciones está dirigida a la Consellería de Sanidade y tiene como objetivo que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) valore la conveniencia de adoptar las medidas pertinentes para reducir la extraordinaria demora, al menos en algunos supuestos, para la realización de cirugía reconstructiva de mama en el servicio de cirugía plástica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Sugerencias.En este capítulo aparecen reflejados tres concellos. En primer lugar, el coruñés de Cambre sobre la conveniencia de reforzar las medidas para evitar estacionamientos indebidos en la calle. El segundo, el pontevedrés de Gondomar, para que se adopten las medidas necesarias a fin de que se facilite la información urbanística solicitada. Y, en tercer lugar, el lucense de Mon doñedo, sobre la necesidad de la construcción de aceras en la antigua travesía.
Otros casos.También aparecen reflejados otros concellos a los que se les recuerdan sus deberes legales. Es el caso de los concellos de A Coruña y Ares, y hace referencia a la obligación de disponer de autorización de la Delegación del Gobierno para la utilización de videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Finalmente, están los concellos de Gondomar y Cotobade, sobre el deber legal que les impone el ordenamiento jurídico para dar una respuesta expresa a las solicitudes de información formuladas por los ciudadanos.
Entidades hostiles.El Defensor dedica una parte de su informe a relacionar los órganos que no han dado respuesta a sus requerimientos. Así, distingue entre entidades hostiles, que son las que han dificultado su labor, y las que no contestan a sus requerimientos. En el primero de los casos aparecen los concellos pontevedreses de A Estrada y A Guarda, y el lucense de Barreiros.
En el segundo, destaca el caso de la Secretaría de Estado de Infraestructuras en relación con la ejecución de la autovía Rías Baixas, en su tramo Vilavella-Río Mente, donde se vio afectada una finca del municipio ourensano de A Gudiña habiendo aceptado la interesada la indemnización en 2003, sin que a fecha haya cobrado la cantidad.
Los expedientes de queja han aumentado en todo el país un 37,56 por ciento hasta alcanzar los mencionados 23.899 casos, siendo las comunidades de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Castilla y León las que encabezan este ránking. Galicia también ha registrado un significativo incremento de quejas y ocupa el sexto lugar entre todas las autonomías, ya que si en el año 2007 se contabilizaron 991 reclamaciones, durante el pasado ejercicio esta cifra se elevó hasta los 1.661 expedientes.
Quejas principales
El importante aumento de las reclamaciones en 2008 ha tenido como origen principal actuaciones relacionadas con Hacienda y la gestión tributaria. También es igualmente significativo el aumento en el número de quejas individuales referidas a las telecomunicaciones, así como la constante recepción de expedientes presentados por funcionarios y empleados públicos sobre cuestiones que afectan a sus condiciones de trabajo.
El Defensor se muestra preocupado sobre la evolución de la red ferroviaria en España, y más concretamente sobre lo que denomina consecuencias menos positivas del desarrollo de la alta velocidad. En este sentido, explica que durante el pasado ejercicio se siguieron dos líneas de investigación sobre la red ferroviaria, la primera por la posible cancelación o supresión de trayectos intrarregionales, y la otra referida a las diferencias tarifarias que muchos usuarios de la alta velocidad entienden que no se ajustan al servicio prestado.
Concellos hostiles y retrasos de órganos de la Xunta de Galicia y del Estado
A lo largo de 2008, el Defensor del Pueblo formuló un total de 125 recomendaciones y 190 sugerencias. En el caso de la comunidad gallega hay varias instituciones y concellos que aparecen reflejados en su informe. La primera de las recomendaciones está dirigida a la Consellería de Sanidade y tiene como objetivo que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) valore la conveniencia de adoptar las medidas pertinentes para reducir la extraordinaria demora, al menos en algunos supuestos, para la realización de cirugía reconstructiva de mama en el servicio de cirugía plástica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
Sugerencias.En este capítulo aparecen reflejados tres concellos. En primer lugar, el coruñés de Cambre sobre la conveniencia de reforzar las medidas para evitar estacionamientos indebidos en la calle. El segundo, el pontevedrés de Gondomar, para que se adopten las medidas necesarias a fin de que se facilite la información urbanística solicitada. Y, en tercer lugar, el lucense de Mon doñedo, sobre la necesidad de la construcción de aceras en la antigua travesía.
Otros casos.También aparecen reflejados otros concellos a los que se les recuerdan sus deberes legales. Es el caso de los concellos de A Coruña y Ares, y hace referencia a la obligación de disponer de autorización de la Delegación del Gobierno para la utilización de videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Finalmente, están los concellos de Gondomar y Cotobade, sobre el deber legal que les impone el ordenamiento jurídico para dar una respuesta expresa a las solicitudes de información formuladas por los ciudadanos.
Entidades hostiles.El Defensor dedica una parte de su informe a relacionar los órganos que no han dado respuesta a sus requerimientos. Así, distingue entre entidades hostiles, que son las que han dificultado su labor, y las que no contestan a sus requerimientos. En el primero de los casos aparecen los concellos pontevedreses de A Estrada y A Guarda, y el lucense de Barreiros.
En el segundo, destaca el caso de la Secretaría de Estado de Infraestructuras en relación con la ejecución de la autovía Rías Baixas, en su tramo Vilavella-Río Mente, donde se vio afectada una finca del municipio ourensano de A Gudiña habiendo aceptado la interesada la indemnización en 2003, sin que a fecha haya cobrado la cantidad.
