Las asociaciones españolas de buques atuneros congeladores, Anabac y Opagac, recibieron ayer el plácet del Ministerio de Defensa para poder embarcar seguridad privada con armamento de guerra con el objetivo de contrarrestar los ataques de piratas somalíes en el Índico.
Agentes de seguridad privados se embarcarán, dentro de unos quince días, en los barcos que faenan frente a las costas de Somalia con armas de guerra para repeler los ataques de los piratas, según afirmaron ayer los representantes de las principales asociaciones de congeladores y atuneros tras reunirse con dirigentes del Ministerio de Defensa. Así lo pusieron de manifiesto los responsables de las dos principales asociaciones de barcos congeladores y atuneros, Anabac y Opagac, tras reunirse con el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, quien les explicó los cambios legales previstos por el Gobierno para reforzar la autoprotección de los pesqueros ante los ataques de los piratas en aguas del Indico.
José Angel Angulo, director gerente de Anabac, grupo con base en Bermeo que tiene 10 barcos faenando en aguas del Índico, declaró a los periodistas que de la reunión salió el compromiso por ambas partes de emplear agentes privados con armamento adecuado para repeler a los piratas. Asimismo calculó que dentro de quince días puede estar activo el operativo de seguridad en los barcos pesqueros, una vez que el Gobierno apruebe, previsiblemente el próximo viernes, los cambios en la ley de seguridad privada que permitirá usar armas militares a los agentes privados embarcados.
Gestiones urgentes
Tras afirmar que la reunión tuvo resultados bastante satisfactorios, Angulo aseguró que los ministerios de Defensa e Interior se comprometieron a hacer las gestiones urgentes necesarias para habilitar a las empresas privadas españolas y europeas que se encargarán de la protección de los atuneros. Según la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que agrupa a Anabac y Opagac, el Gobierno, en el futuro reglamento de seguridad privada, tal y como confirmó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, permitirá a los agentes privados de seguridad el uso de metralletas de tipo medio y rifles de asalto de hasta 20 milímetros, armas catalogadas como militares y no permitidas para otros colectivos hasta ahora por la legislación española.
Sin embargo, reiteró que el sector mantiene que lo ideal para la protección de la flota pesquera atunera en el Índico es embarcar infantes de marina, una opción por la que seguiremos luchando. Ante esta demanda, Defensa mantiene su negativa a embarcar a infantes de marina en pesqueros al no estar estipulado en la legislación. Angulo también pidió al Gobierno que extreme los contactos con el atunero secuestrado Alakrana, en cuya tripulación figuran nueve marineros gallegos, para lograr un final feliz.
Los familiares y vecinos de los marineros reclaman una solución al secuestro
Los familiares de los nueve tripulantes gallegos del atunero vasco Alakrana, secuestrado desde hace tres semanas en aguas del Índico por piratas somalíes, reclamaron una solución al secuestro y recibieron un mensaje de tranquilidad de sus parientes, tras entablar contacto telefónico con ellos en la mañana de ayer. Los familiares de los marineros participaron en Baiona en una concentración ante el Ayuntamiento en la que, bajo el lema, Liberad a nuestros marineros, exigieron que los tripulantes del atunero regresen cuanto antes a sus casas. Movilizaciones similares tuvieron lugar también en Cangas y Moaña.
En declaraciones a los periodistas, Cristina Blach, hija del patrón del barco, relató que ayer mismo recibió una llamada de su padre en la que le transmitía que están todos bien y pedía a sus familiares tranquilidad. Están cansados pero bien de ánimo; dicen que les están tratando bien y que pueden ducharse, recalcó Cristina Blach, quien aclaró que, según les comentó Ricardo Blanch, una parte de la tripulación permanece en la zona del comedor del buque, mientras que el capitán y el patrón están arriba, por eso es más fácil dejar que hablen ellos dos, y no movilizar a las otras 34 personas, comentó.
La plaza del Ayuntamiento de la localidad vízcaína Bermeo también registró una concentración similar, en la que, además de reclamar la liberación de la tripulación del atunero, se solicitó que se agilicen las negociaciones para, con cautela y eficacia, lograr su pronta liberación. La convocatoria partió de los cinco ayuntamientos con tripulación en el Alakrana, Bermeo, Ondarroa, Mundaka, Sestao y Santurce. El sonido de las sirenas de los barcos del puerto de Bermeo dio inicio a la concentración, que se desarrolló durante 15 minutos en silencio. Junto a los alcaldes convocantes, se encontraban familiares de los secuestrados.
El periplo judicial del pirata somalí Abdu Willy comienza a rozar el esperpento
El juez central de Menores, José Luis de Castro, decretó ayer el internamiento del pirata somalí Abdu Willy, detenido tras el secuestro del pesquero Alakrana, en un centro de menores de régimen cerrado durante un período de 15 días. Al mismo tiempo, planteó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una cuestión de competencia para que aclare si es él o el juez Santiago Pedraz quien debe asumir esta causa, después de que Pedraz decidiese no asumir el procedimiento porque no tenía la seguridad plena de que tenga 18 años.
Por su parte, De Castro se había inhibido el pasado jueves de esta investigación tras considerar un informe médico encargado por la Fiscalía que, en su opinión, dejaba suficientemente acreditada la mayoría de edad del somalí.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Pedraz, rechazó ayer la inhibición de De Castro en un auto en el que señala que admitiéndose que existan muchas probabilidades de que el individuo supere la edad penal, en ningún caso los informes establecen, con seguridad plena, una edad superior a 18 años, extremo que debe quedar rotundamente probado.
Garzón, el primero
El joven somalí inició el pasado lunes un periplo judicial que le llevó desde la prisión de Alcalá-Meco, donde fue ingresado el 13 de octubre por orden del juez Baltasar Garzón, hasta un centro de detención de menores, en el que pernoctó el martes, y un centro de internamiento cerrado, donde estuvo desde la noche del miércoles. El juez Garzón, que sustituía la semana pasada a Pedraz, le acusó de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas.
El mismo día de su ingreso en prisión, Garzón acordó su traslado al Hospital de la Paz, donde tras realizarle una oseometría de la muñeca se estableció que tenía 19 años, si bien el juez ordenó análisis más exhaustivos.
José Angel Angulo, director gerente de Anabac, grupo con base en Bermeo que tiene 10 barcos faenando en aguas del Índico, declaró a los periodistas que de la reunión salió el compromiso por ambas partes de emplear agentes privados con armamento adecuado para repeler a los piratas. Asimismo calculó que dentro de quince días puede estar activo el operativo de seguridad en los barcos pesqueros, una vez que el Gobierno apruebe, previsiblemente el próximo viernes, los cambios en la ley de seguridad privada que permitirá usar armas militares a los agentes privados embarcados.
Gestiones urgentes
Tras afirmar que la reunión tuvo resultados bastante satisfactorios, Angulo aseguró que los ministerios de Defensa e Interior se comprometieron a hacer las gestiones urgentes necesarias para habilitar a las empresas privadas españolas y europeas que se encargarán de la protección de los atuneros. Según la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que agrupa a Anabac y Opagac, el Gobierno, en el futuro reglamento de seguridad privada, tal y como confirmó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, permitirá a los agentes privados de seguridad el uso de metralletas de tipo medio y rifles de asalto de hasta 20 milímetros, armas catalogadas como militares y no permitidas para otros colectivos hasta ahora por la legislación española.
Sin embargo, reiteró que el sector mantiene que lo ideal para la protección de la flota pesquera atunera en el Índico es embarcar infantes de marina, una opción por la que seguiremos luchando. Ante esta demanda, Defensa mantiene su negativa a embarcar a infantes de marina en pesqueros al no estar estipulado en la legislación. Angulo también pidió al Gobierno que extreme los contactos con el atunero secuestrado Alakrana, en cuya tripulación figuran nueve marineros gallegos, para lograr un final feliz.
Los familiares y vecinos de los marineros reclaman una solución al secuestro
Los familiares de los nueve tripulantes gallegos del atunero vasco Alakrana, secuestrado desde hace tres semanas en aguas del Índico por piratas somalíes, reclamaron una solución al secuestro y recibieron un mensaje de tranquilidad de sus parientes, tras entablar contacto telefónico con ellos en la mañana de ayer. Los familiares de los marineros participaron en Baiona en una concentración ante el Ayuntamiento en la que, bajo el lema, Liberad a nuestros marineros, exigieron que los tripulantes del atunero regresen cuanto antes a sus casas. Movilizaciones similares tuvieron lugar también en Cangas y Moaña.
En declaraciones a los periodistas, Cristina Blach, hija del patrón del barco, relató que ayer mismo recibió una llamada de su padre en la que le transmitía que están todos bien y pedía a sus familiares tranquilidad. Están cansados pero bien de ánimo; dicen que les están tratando bien y que pueden ducharse, recalcó Cristina Blach, quien aclaró que, según les comentó Ricardo Blanch, una parte de la tripulación permanece en la zona del comedor del buque, mientras que el capitán y el patrón están arriba, por eso es más fácil dejar que hablen ellos dos, y no movilizar a las otras 34 personas, comentó.
La plaza del Ayuntamiento de la localidad vízcaína Bermeo también registró una concentración similar, en la que, además de reclamar la liberación de la tripulación del atunero, se solicitó que se agilicen las negociaciones para, con cautela y eficacia, lograr su pronta liberación. La convocatoria partió de los cinco ayuntamientos con tripulación en el Alakrana, Bermeo, Ondarroa, Mundaka, Sestao y Santurce. El sonido de las sirenas de los barcos del puerto de Bermeo dio inicio a la concentración, que se desarrolló durante 15 minutos en silencio. Junto a los alcaldes convocantes, se encontraban familiares de los secuestrados.
El periplo judicial del pirata somalí Abdu Willy comienza a rozar el esperpento
El juez central de Menores, José Luis de Castro, decretó ayer el internamiento del pirata somalí Abdu Willy, detenido tras el secuestro del pesquero Alakrana, en un centro de menores de régimen cerrado durante un período de 15 días. Al mismo tiempo, planteó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una cuestión de competencia para que aclare si es él o el juez Santiago Pedraz quien debe asumir esta causa, después de que Pedraz decidiese no asumir el procedimiento porque no tenía la seguridad plena de que tenga 18 años.
Por su parte, De Castro se había inhibido el pasado jueves de esta investigación tras considerar un informe médico encargado por la Fiscalía que, en su opinión, dejaba suficientemente acreditada la mayoría de edad del somalí.
Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Pedraz, rechazó ayer la inhibición de De Castro en un auto en el que señala que admitiéndose que existan muchas probabilidades de que el individuo supere la edad penal, en ningún caso los informes establecen, con seguridad plena, una edad superior a 18 años, extremo que debe quedar rotundamente probado.
Garzón, el primero
El joven somalí inició el pasado lunes un periplo judicial que le llevó desde la prisión de Alcalá-Meco, donde fue ingresado el 13 de octubre por orden del juez Baltasar Garzón, hasta un centro de detención de menores, en el que pernoctó el martes, y un centro de internamiento cerrado, donde estuvo desde la noche del miércoles. El juez Garzón, que sustituía la semana pasada a Pedraz, le acusó de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas.
El mismo día de su ingreso en prisión, Garzón acordó su traslado al Hospital de la Paz, donde tras realizarle una oseometría de la muñeca se estableció que tenía 19 años, si bien el juez ordenó análisis más exhaustivos.
