El BNG y el PSdeG advirtieron ayer a la Xunta de la 'discriminación' y 'falta de equidad' que supone la implantación de la receta electrónica sobre todo en el medio rural, ante lo que el PPdeG ha considerado que 'hace falta ser ignorante' para aludir este extremo en relación al catálogo gallego.
El pleno del Parlamento acogió el debate de una proposición no de ley del BNG, que fue rechazada, en la que se pedía instar a la Xunta a autorizar de manera inmediata a todo el personal prescriptor de los centros de salud donde está implantada la e-receta a utilizar el sistema definitivo y a resolver los problemas de dispensación que vayan apareciendo sin que se discrimine a los pacientes afectados.
La defensora de la iniciativa, la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza, sostuvo que 'no es verdad' que el 98 % de la población gallega cuente con dicha implantación, ni que no haya problemas con esta medida, como aseguró la Consellería de Sanidad, precisó.
Aludió a los pacientes crónicos, mayores y del rural como los principales afectados por una situación en la que, sostuvo, a causa de la e-receta se 'triplican' las visitas a la farmacia y el tiempo de respuesta, cuando con la receta en papel contaban con medicamentos para tres meses, dijo.
Si a ello se añade la casuística del rural, donde las oficinas de farmacia 'no son tan accesibles', el problema se agrava para las personas mayores con dificultades de movilidad, que prefieren 'pagar de su bolsillo' el medicamento que no incluye la receta porque 'les saldría más caro' abonar el taxi cada quince días.
Carmen Acuña, del grupo socialista, pidió además de 'equidad, legalidad', pues 'parece una locura que haya que pedir que se cumpla la ley', que existan 'desigualdades en la implantación' porque los problemas técnicos no explican 'todos los retrasos en la implantación' y que 'falte transparencia'.
'Hay que ser ignorante para hablar de inequidad cuando entre dos fármacos se prescribe el más barato', replicó el parlamentario popular Román Fernández, quien argumento que esto es 'eficiencia'.
La defensora de la iniciativa, la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza, sostuvo que 'no es verdad' que el 98 % de la población gallega cuente con dicha implantación, ni que no haya problemas con esta medida, como aseguró la Consellería de Sanidad, precisó.
Aludió a los pacientes crónicos, mayores y del rural como los principales afectados por una situación en la que, sostuvo, a causa de la e-receta se 'triplican' las visitas a la farmacia y el tiempo de respuesta, cuando con la receta en papel contaban con medicamentos para tres meses, dijo.
Si a ello se añade la casuística del rural, donde las oficinas de farmacia 'no son tan accesibles', el problema se agrava para las personas mayores con dificultades de movilidad, que prefieren 'pagar de su bolsillo' el medicamento que no incluye la receta porque 'les saldría más caro' abonar el taxi cada quince días.
Carmen Acuña, del grupo socialista, pidió además de 'equidad, legalidad', pues 'parece una locura que haya que pedir que se cumpla la ley', que existan 'desigualdades en la implantación' porque los problemas técnicos no explican 'todos los retrasos en la implantación' y que 'falte transparencia'.
'Hay que ser ignorante para hablar de inequidad cuando entre dos fármacos se prescribe el más barato', replicó el parlamentario popular Román Fernández, quien argumento que esto es 'eficiencia'.
