La Xunta de Persoal de la Administración gallega en Lugo presentó ayer un informe ante la Fiscalía y el Valedor do Pobo para que investiguen si existen indicios de delito en la supuesta concesión 'a dedo' en las comisiones de servicios en el ámbito de la Administración autonómica. Una representación de estos trabajadores fue recibida por el fiscal jefe de Lugo, Javier Ozores, quien les trasladó que estudiaría y revisaría 'detenidamente' toda la documentación.
Así lo señaló el presidente de la Xunta de Persoal, Delio López, de la CIG, que mantuvo un encuentro con la prensa tras la reunión en la fiscalía. En este encuentro, recordó que la comisión de servicios es 'un procedimiento de provisión de puestos de trabajo de carácter excepcional para darle cobertura a puestos vacantes que tengan una urgente necesidad'. 'Es un procedimiento regulado y creado para suplir una baja temporal y está limitado en el tiempo ya que el procedimiento ordinario es el concurso de traslados', concretó.
En ese documento se demuestra 'fehacientemente', aseguró Delio López, que la Xunta está 'incumpliendo' de forma sistemática la normativa que regula la provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios, una figura que sólo debería usarse 'en casos de urgencia o de inaplazable necesidad'.
En concreto, serían 160 los trabajadores afectados por esta situación, de una plantilla de funcionarios autonómicos estimada en torno a los 1.700 en la provincia de Lugo. Entre los mismos, denunció Delio López, figuran 'dos jefes territoriales; de Presidencia y Medio Rural, además del secretario territorial'. En casi todos los casos superan el máximo 'legal' de dos años, y hay alguno de los comisionados que lleva más tiempo, calcularon desde la Xunta de Persoal.
Delio López lamentó que se salten 'los principios de méritos y capacidad, y se concedan con discrecionalidad', sugiriendo que actuando así lo que se busca es 'no convocar concursos de traslados'.
El presidente de la Junta de personal aseguró que ya se tiene conocimiento de la protesta en la Xunta de Galicia, a través de ocho escritos que no fueron contestados. Desde la Xunta de Persoal se atisba que se podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación.
Por el contrario, fuentes de la propia Xunta de Galicia manifestaron que la Delegación Territorial no recibió ninguna copia de ese informe para su análisis, ni por parte de la junta de personal ni de la Fiscalía, por lo que declinó hacer 'ninguna valoración' al respecto hasta conocer el contenido de dicho documento.
En ese documento se demuestra 'fehacientemente', aseguró Delio López, que la Xunta está 'incumpliendo' de forma sistemática la normativa que regula la provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios, una figura que sólo debería usarse 'en casos de urgencia o de inaplazable necesidad'.
En concreto, serían 160 los trabajadores afectados por esta situación, de una plantilla de funcionarios autonómicos estimada en torno a los 1.700 en la provincia de Lugo. Entre los mismos, denunció Delio López, figuran 'dos jefes territoriales; de Presidencia y Medio Rural, además del secretario territorial'. En casi todos los casos superan el máximo 'legal' de dos años, y hay alguno de los comisionados que lleva más tiempo, calcularon desde la Xunta de Persoal.
Delio López lamentó que se salten 'los principios de méritos y capacidad, y se concedan con discrecionalidad', sugiriendo que actuando así lo que se busca es 'no convocar concursos de traslados'.
El presidente de la Junta de personal aseguró que ya se tiene conocimiento de la protesta en la Xunta de Galicia, a través de ocho escritos que no fueron contestados. Desde la Xunta de Persoal se atisba que se podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación.
Por el contrario, fuentes de la propia Xunta de Galicia manifestaron que la Delegación Territorial no recibió ninguna copia de ese informe para su análisis, ni por parte de la junta de personal ni de la Fiscalía, por lo que declinó hacer 'ninguna valoración' al respecto hasta conocer el contenido de dicho documento.
