El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, ha mantenido ayer una reunión con los sindicatos a fin de explicarles las medidas previstas en el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 'optimizar y aportar agilidad y eficacia' al personal de la Xunta. Uno de estos puntos es la 'reordenación' de los funcionarios para dotar de personal a las unidades con mayor carga de trabajo, algo que los representantes de los trabajadores rechazan por entender que se trata de 'una caza de brujas'.
El portavoz de UGT-Administración, Francisco Núñez, ha precisado que 'la mayor discrepancia' se da en este apartado, dado que su aprobación significaría que la Xunta podrá 'hacer lo que quiera' con los funcionarios sin tener que justificar sus decisiones.
'Lo rechazamos, pero no porque no haya que trabajar en este sentido', afirma. Con él ha coincidido su homólogo en la CIG, Fernando García, para quien esta medida abre la puerta a que se traslade a los trabajadores 'como castigo' o 'como premio por su afinidad'. 'La Xunta no dispone un mecanismo para establecer dónde hay falta de personal, sino que se da una potestad para mover a cualquier funcionario sin criterio'.
Estas quejas chocan con lo explicado por Facenda, ya que la 'reordenación' tiene como objetivo 'racionalizar los efectivos' de la administración para 'aumentar la productividad y eficacia, así como ahorrar costes' a través de la dotación de personal a las unidades 'con mayor carga de trabajo'. En la reunión se matizó que la pretensión de Función Pública es que esta dotación sea 'con carácter general, voluntaria', si bien 'cada caso será negociado'.
'Lo rechazamos, pero no porque no haya que trabajar en este sentido', afirma. Con él ha coincidido su homólogo en la CIG, Fernando García, para quien esta medida abre la puerta a que se traslade a los trabajadores 'como castigo' o 'como premio por su afinidad'. 'La Xunta no dispone un mecanismo para establecer dónde hay falta de personal, sino que se da una potestad para mover a cualquier funcionario sin criterio'.
Estas quejas chocan con lo explicado por Facenda, ya que la 'reordenación' tiene como objetivo 'racionalizar los efectivos' de la administración para 'aumentar la productividad y eficacia, así como ahorrar costes' a través de la dotación de personal a las unidades 'con mayor carga de trabajo'. En la reunión se matizó que la pretensión de Función Pública es que esta dotación sea 'con carácter general, voluntaria', si bien 'cada caso será negociado'.
