Touriño aboga por estudiar con ‘rigor’ el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica

Emilio Pérez Touriño, en Montederramo.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, abogó por estudiar con ‘rigor’ la medida aprobada por el Consejo de Ministros que permitirá que los hijos y nietos de los españoles exiliados por razones políticas o económicas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 puedan optar a la nacionalidad española.
Touriño dijo que se trata de una ‘norma interpretativa’, y ya avanzó que el próximo lunes pedirá al secretario general de Emigración que explique ‘con todo rigor, detalle y calma’ este aspecto, que, reiteró, es necesario abordarlo ‘desde el rigor y no desde una lectura rápida’.

De todas formas, el presidente del Ejecutivo gallego remarcó que se trata de una norma que da cobertura a ‘prácticamente’ todos los descendientes de la emigración, y, en particular, a todos aquellos hijos o nietos de gallegos que emigraron después de la Guerra Civil.

También quiso destacar que abarca a la ‘práctica mayoría’ de los descendientes directos de la emigración anterior a la Guerra Civil (Cuba, Argentina, México), ‘pudiendo los nietos y biznietos de emigrantes obtener ahora la nacionalidad, por pasar ahora sus padres de ser españoles de adopción a ser españoles de origen’, concretó.

‘Es, sin duda, una norma que la tengo que valorar, como que despeja, prácticamente, la mayoría de las incógnitas que sobrevolaban entorno a la reforma de la nacionalidad’, subrayó Touriño, quien hizo hincapié en que establece mecanismos que permiten que casi el 80% de ‘quienes potencialmente pensábamos que podían tener ese derecho lo van a tener’, agregó.

Señaló, asimismo, que la norma facilita ‘todavía más’ la tramitación para los nietos de quienes emigraron entre los años 36 y 55, que, dijo, pueden solicitar la nacionalidad con una tramitación ‘casi automática’, y en el resto de los casos con una tramitación ‘sencilla’.

‘Es una norma que de manera generosa, abierta y muy amplia, repara un déficit histórico’, concluyó Touriño, quien explicó que su tramitación tiene un tiempo de aplicación de dos años, por lo que no afectará al Censo de Residentes en el Exterior para las próximas elecciones autonómicas.

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