La Fiscalía ha pedido este jueves dos años y medio de prisión para la vidente Aramis Fuster por adeudar poco más de 8.000 euros a una empresa informática. La conocida adivina admitió la deuda, pero alegó que ella fue estafada por un socio de la empresa que está desaparecido de la justicia. Según la Fiscalía, desde abril del año 2000 Fuster debía 2,5 millones de pesetas (unos 15.000 euros) a la empresa Soluciones Informáticas del Garraf por unos trabajos impagados.
En 2002, un juzgado condenó a Fuster a pagar la deuda y se procedió al embargo de propiedades, empresas, acciones o cuentas corrientes de la vidente.
No obstante, no se pudo obtener ninguna cantidad, por lo que en enero de 2006 se acordó embargar la casa de Fuster en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Sin embargo, Fuster había vendido la casa en 2001; según ella, para pagar tratamientos médicos a su madre, gravemente enferma, y antes de conocer la sentencia condenatoria de 2002.
Años después, en 2006, se mudó a Miami, lo que volvió a impedir el resarcimiento de la deuda, que ya rozaba los 21.000 euros.
Sorprendentemente, en junio de 2006, la acusada ya pagó parcialmente la deuda, que ahora está cifrada en poco más de 8.000 euros, por lo que la Fiscalía pide que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño. Además de la prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 5.760 euros por el delito de insolvencia punible.
El juicio tuvo lugar la mañana del jueves en el Juzgado Penal número 13 de Barcelona, en la nueva Ciudad de la Justicia, a donde Fuster llegó encarándose a la única cámara de televisión que le esperaba. Además, la vidente pidió al juez que la cámara no pudiera grabar el inicio del juicio, algo que el magistrado denegó.
En su declaración, Fuster dijo que su socio y el abogado de éste le engañaron, no le comunicaron la deuda con la empresa informática y sólo la conoció cuando ya existió la sentencia contra ella. La vidente dijo que ya había pagado una vez la deuda, pero que su socio no la había entregado a la empresa acreedora, por lo que se mostró resignada a volver a pagar en caso de encontrar trabajo.
Justamente, su abogado defendió la inocencia de Fuster, pero pidió al juez que la condena no le haga ingresar en prisión porque, de lo contrario, no podrá seguir pagando la deuda como hasta ahora. Además, recordó que la empresa acreedora no presentó la denuncia penal, sino que sigue vigente el procedimiento civil.
No obstante, no se pudo obtener ninguna cantidad, por lo que en enero de 2006 se acordó embargar la casa de Fuster en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Sin embargo, Fuster había vendido la casa en 2001; según ella, para pagar tratamientos médicos a su madre, gravemente enferma, y antes de conocer la sentencia condenatoria de 2002.
Años después, en 2006, se mudó a Miami, lo que volvió a impedir el resarcimiento de la deuda, que ya rozaba los 21.000 euros.
Sorprendentemente, en junio de 2006, la acusada ya pagó parcialmente la deuda, que ahora está cifrada en poco más de 8.000 euros, por lo que la Fiscalía pide que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño. Además de la prisión, el Ministerio Público solicita una multa de 5.760 euros por el delito de insolvencia punible.
El juicio tuvo lugar la mañana del jueves en el Juzgado Penal número 13 de Barcelona, en la nueva Ciudad de la Justicia, a donde Fuster llegó encarándose a la única cámara de televisión que le esperaba. Además, la vidente pidió al juez que la cámara no pudiera grabar el inicio del juicio, algo que el magistrado denegó.
En su declaración, Fuster dijo que su socio y el abogado de éste le engañaron, no le comunicaron la deuda con la empresa informática y sólo la conoció cuando ya existió la sentencia contra ella. La vidente dijo que ya había pagado una vez la deuda, pero que su socio no la había entregado a la empresa acreedora, por lo que se mostró resignada a volver a pagar en caso de encontrar trabajo.
Justamente, su abogado defendió la inocencia de Fuster, pero pidió al juez que la condena no le haga ingresar en prisión porque, de lo contrario, no podrá seguir pagando la deuda como hasta ahora. Además, recordó que la empresa acreedora no presentó la denuncia penal, sino que sigue vigente el procedimiento civil.
